Universidad. Financiamiento universitario: qué dice la ley que se trata el jueves en el Senado y Milei quiere vetar

Este jueves se trata en la Cámara de Senadores la Ley de financiamiento universitario, que ya tiene media sanción en Diputados. La misma propone una recomposición del presupuesto universitario en dos dimensiones: gastos de funcionamiento y salarios del personal docente y no docente, de acuerdo a la inflación.

En los ocho meses del 2024 los recortes a universidades ya acumulan un 30 % respecto al mismo período del año pasado, como se desprende del informe que realiza la Oficina de Presupuesto del Congreso. Las becas progresar se ajustaron un 65%.

Milei anunció que vetará la ley si se aprueba, aunque su impacto en términos presupuestarios es sólo de 0,14% del PBI y se trata de una recomposición del ajuste ya realizado, no significa una mejora respecto del deterioro previo aunque si un "blindaje" frente a futuros intentos de licuación inflacionaria.

Este miércoles en la Cámara baja se tratará la ley que modifica las jubilaciones y el presidente ya vetó. Gremios universitarios como Conadu y Conadu Histórica convocan a parar y movilizar por este motivo el miércoles 11 y el jueves 12 por el salario y las jubilaciones, contra el veto y la represión.

Qué dice el proyecto de ley

El proyecto de financiamiento universitario propone en primer lugar actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento al inicio del ejercicio 2024 por la variación del IPC (Indec) de 2023 y luego su actualización cada dos meses según la inflación (variación del IPC), descontando los aumentos que ya se otorgaron durante el año.

Esto significa que se mantiene en términos reales el valor del presupuesto universitario igual al de 2023 (lo que no significa que sea suficiente, ya que se acumulaban recortes de años anteriores). En otras palabras, impide que el Gobierno pueda recortar el gasto de funcionamiento en universidades como viene haciendo, y que las puso totalmente en jaque a comienzos de año, afectando a 2 millones de estudiantes.

Pero además, es un proyecto muy importante porque en medio del fuerte ajuste a los salarios docentes y no docentes, la ley obliga al gobierno a recomponer los salarios al nivel de poder adquisitivo que tenían en enero de 2023. Y evita que pueda haber caídas salariales hacia adelante, planteando una actualización mensual de los salarios por inflación.

Entre noviembre de 2023 y julio de este año, los docentes universitarios perdieron un 33,3% de su poder de compra, según un informe de investigadores de las universidades nacionales de San Martín (Unsam) y Río Negro (UNRN). Se trata de una pérdida de un tercio del salario. Casi todas las categoría salariales están por debajo de la línea de pobreza, incluso teniendo tienen 10 años de antigüedad.

Esta ley llega tarde, con un debate ultra demorado en el Congreso porque desde abril hasta ahora, diputados y senadores tanto radicales como sectores del peronismo negociaron posponer su tratamiento, entre otras cosas, para aprobar la ley Bases. Pero la enorme movilización de abril en las calles de más de un millón de personas en todo el país en defensa de la universidad pública logró imponer la media sanción. Su aprobación daría otro golpe político al gobierno de Milei.

Este miércoles y jueves la docencia universitaria y no docentes paran y se movilizan contra el veto a los jubilados y por el financiamiento universitario. Es necesario unir todas las luchas para tirar abajo el plan de ajuste del gobierno y el FMI.

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