El fiscal Facundo Trotta resaltó la trascendencia de este juicio que devela la existencia de un plan sistemático de exterminio y que muestra la complicidad de civiles y de la iglesia.
Miércoles 24 de agosto de 2016
Foto: Prensa Legislatura
Facundo Trotta, fiscal federal de la Megacausa La Perla expuso ayer en la sala Regino Maders de la Unicameral sobre la importancia de este juicio al que calificó como el más grande de la historia judicial de Córdoba.
Invitado por la comisión de Solidaridad y Derechos Humanos narró los pormenores de un juicio que lleva 4 años, más de 340 audiencias, 581 testigos que prestaron declaración, 57 imputados de los cuales varios murieron sin condena y donde se juzgan hechos que tuvieron lugar entre marzo de 1975 y diciembre de 1978. Fechas que permiten al tribunal considerar que el terrorismo de estado comenzó antes del 24 de marzo de 1976.
De acuerdo con lo manifestado por Trotta, los hechos por los que son juzgados 43 represores y por los cuales “por primera vez se escuchará una sentencia sobre delitos de lesa humanidad cometidos durante el Terrorismo de Estado con anterioridad al golpe de 1976” se encuadran en: privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, homicidios calificados, robo, secuestros, violaciones y, también por primera vez, el tribunal se pronunciará sobre el robo de niños (en este caso el nieto de Sonia Torres, titular de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo). Los hechos no se limitan al campo de concentración la Perla sino que se incluye lo acontecido en los centros clandestinos de La Perla Chica o Malagueño, la Casa de Hidráulica y Campo de la Ribera.
El representante del ministerio público sintetizó “En su conjunto este juicio muestra un plan sistemático realizado contra la población civil, plan que incluyó la concreción de hechos fraguados para manipular la opinión pública, sembrar el terror y así justificar la represión”.
Centros clandestinos y campos de concentración
“La Perla fue el campo de concentración más grande de la provincia no sólo por sus dimensiones sino por el número de víctimas que pasaron por allí, pero Campo de la Ribera fue el primero pensado como campo de concentración, fue pensado siguiendo el modelo francés de detención e interrogatorios bajo tortura” de este modo precisó Trotta las características de ambos sitios.
Agregó,” La mayoría de las personas llevadas a Campo de la ribera desde diciembre de 1975 a marzo de 1976 fueron asesinadas y se encuentran desparecidas. La Perla se comienza a usar a partir de 1976, la idea era llevar el campo de concentración a un lugar más alejado, fuera del ejido urbano”
Plan sistemático de exterminio
El juicio de la megacausa La Perla comenzó el 4 de diciembre de 2012, en él se juzgan los actos de violencia al que fueron sometidas 716 personas por el terrorismo de estado, de las cuales 300 fueron asesinadas, de ellas 198 eran obreros y sólo en 71 casos fueron recuperados e identificados los restos.
El fiscal señaló, “quienes llegaban a La Perla empezaron a darse cuenta que no había forma de sobrevivir a ese lugar. Comenzaban a darse cuenta que los traslados eran enfrentamientos fraguados donde eran fusilados, que respondieran o no a los interrogatorios no los libraba de la tortura, se sumaba a esto el uso de mecanismos de la despersonalización: las víctimas dejaban de tener un nombre y pasaban a tener un número, que era por el cual se los llamaba”.
Los jueces se pronunciarán este jueves "sobre casos de abuso sexual y violaciones, como parte de un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos, así como sobre la usurpación y el robo de bienes. A Menendez no sólo no le alcanzó con secuestrar, torturar y asesinar a personas, sino que además se apoderó de bienes patrimoniales de las víctimas y robó para incrementar su patrimonio personal: como lo muestra el caso de Makentor cuyos directivos y empleados fueron secuestrados y estuvieron en La Perla y Campo de la Ribera luego, con el aval del juez Adolfo Zamboni Ledesma (ya fallecido), la empresa fue apropiada ilegalmente por el Ejército con la excusa de que financiaba al terrorismo” explicó el fiscal federal.
Ver también: Córdoba: dictarán sentencia por los crímenes del ex centro clandestino La Perla
Muchas víctimas, pocos represores, escasos civiles
Consultado por la legisladora Vilches (PTS – FIT) sobre el número de represores que están siendo juzgados en relación al número de víctimas, cuántos llegan a este proceso con cárcel común y cuantos con prisión domiciliaria y por qué en Córdoba se siguen tomando causas hacia los represores pero con pocos civiles y pocos empresarios siendo que existió una complicidad manifiesta de estos sectores con la dictadura.
El fiscal Facundo Trotta sostuvo que en la Megacausa La Perla – Campo de La Ribera, “son 43 acusados que van a recibir una sentencia ya sea de condena o absolución, de ellos 13 están con prisión domicialiaria, y 8 o 9 están excarcelados, es decir escucharan la sentencia en libertad, los demás están privados de la libertad y se hallan alojados en la cárcel de Bower”.
En relación a los genocidas que se encuentran con prisión domiciliaria puso en consideración que” a pesar de estar juzgando crímenes de lesa humanidad, tal como corresponde en un estado democrático hay que cumplir con las garantías de una persona que está sospechada de un crimen y respetar los compromisos internacionales a los cuales suscribe el Estado argentino”.
“Los que están con prisión domiciliaria es por problemas de salud, esta finalidad es humanitaria que la prisión no afecte un derecho que no tiene que afectar, si la prisión afecta la salud, la pena se vuelve inhumana”, explicó.
La lucha de los familiares y víctimas del terrorismo de estado lleva impreso el reclamo de juzgar la complicidad tanto civil, judicial como eclesiástica del último golpe de estado en Argentina. Según el fiscal “la Megacausa evidenció la dimensión del terrorismo de Estado y el alcance de sus brazos empresariales, judiciales eclesiásticos y sindicales. Existe una importante cantidad de datos de complicidad civil, las victimas recordaron y se encontraron carpetones con nombres de empresas y en su interior datos aportados por personal de inteligencia infiltrado en la fábrica, las carpetas contienen croquis de donde están ubicadas las casas de las víctimas, e incluso fotos y la complicidad de integrantes de la justicia”
Al finalizar Trotta resaltó que “esta causa permite comprender y conocer el terrorismo de estado en su maxima expresión, en su plenitud, abarcamos las principales herramientas que utilizó el aparato represor del estado para la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, abarcamos todos los campos de concentración que funcionaron en nuestra provincia, es un juicio que contribuye claramente al proceso de verdad, memoria y justicia”.
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