Este lunes comenzó el proceso de presentación de pruebas y testigos en el marco de la solicitud de destitución para Jorge Abbott después de haber sido acusado de “negligencia manifiesta” por los casos SQM, PENTA, entre otros.
Martes 28 de agosto de 2018
Este lunes comenzó el proceso de presentación de pruebas y testigos para el caso Abbott, quien fue acusado por “negligencia manifiesta” por su vinculación a la UDI, SQM y PENTA.
Dentro de este proceso, declararon una serie de fiscales, tales como Manuel Guerra, Fiscal Jefe de la Zona Oriente quien declaró que: “En ningún caso este me dio una instrucción ni tampoco me hizo una petición de fondo. Creo conveniente señalar que la decisión que se tomó fue de arribar una suspensión condicional en el caso del senador Moreira, fue una decisión que tomé yo personalmente conforme a los antecedentes de la causa”.
A estas declaraciones se sumó el Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien afirmó que las declaraciones de Abbott en medio de la Cuenta Pública, en donde el fiscal solicitaba celeridad a los fiscales en los casos que involucraban a personeros de otros poderes del Estado no podían considerarse para el análisis del caso; afirmando que: “No puede considerarse una opinión que vierte el fiscal en ese contexto como una instrucción para los fiscales. Más aún, el accionar mío y de los fiscales a mi cargo, da cuenta de que efectivamente lo que hemos hecho es investigar con celo a todas las personas que han tenido la calidad de imputados”.
Toda esta situación deja entrever la profunda división que hay en la “justicia”, habiendo una para ricos, y otra para pobres. No es casual que seis genocidas estén hoy en día con libertad condicional, o que Abbott y sus contactos corruptos sigan en libertad, mientras se reprime y criminaliza al pueblo mapuche y a estudiantes. O como lo evidencia más brutalmente el caso del joven Bastián Arriagada (22), que falleció en el incendio de la cárcel de San Miguel por vender películas “piratas” para conseguir dinero.
