Asegura haber probado los sobornos de la constructora Odebrecht al Instituto del ex mandatario. Ocurre al cierre de la campaña electoral tratando de incidir en los comicios.
Viernes 5 de octubre de 2018
Este jueves el Ministerio Público Federal (MPF) presentó, aunque sin pruebas, las alegaciones finales de la acción penal que involucra al Instituto Lula y un apartamento en São Bernardo do Campo. Según el diario Folha de Sao Paulo, los fiscales de la fuerza de tarea de la Operación Lava Jato solicitan una nueva condena para Lula, su abogado Roberto Teixeira, el ex ministro Antonio Palocci, Marcelo Odebrecht y otras cuatro personas involucradas.
Las alas del poder judicial vienen actuando desde el golpe institucional de 2016 para garantizar una agenda de ataques todavía más profunda contra los trabajadores y los pobres. Por medio de maniobras judiciales completamente arbitrarias habían intervenido en el proceso electoral brasilero para impedir que la población ejerza su más elemental derecho al sufragio universal, encarcelando a Lula que tenía el apoyo electoral de millones de personas.
En esta nueva acción penal, también a cargo del juez Sergio Moro, se acusa al ex presidente de haber recibido 12 millones de reales para comprar un terreno donde sería construido un inmueble destinado al Instituto Lula. El terreno fue comprado por la DAG, una proveedora de Odebrecht. La transferencia finalmente se frustró, pero según la fiscalía, ha probado que el PT tenía "una cuenta corriente informal de la corrupción" con Odebrecht y que el delito consumado está configurado por la simple propuesta y la aceptación del soborno.
Odebrecht también habría pagado, siempre según los fiscales, un apartamento contiguo al que habita Lula en San Pablo y que una tercera persona se lo alquiló como maquillaje a su ex esposa. Ahora pide que se embargue el apartamento 121 y el pago de 75 millones de reales, valor correspondiente al total del supuesto soborno pagado por el Grupo Odebrecht. Además, también están solicitando la anulación del acuerdo de delación premiada del ex ejecutivo de Odebrecht Paulo Ricardo Baqueiro de Melo ya que "desatendió las obligaciones asumidas, por haber faltado con la verdad y omitido informaciones relevantes de que disponía".
A solo tres días de las elecciones presidenciales, la medida del ministerio público contra Lula no es casual. Viene justamente a tratar de influenciar sobre el proceso electoral para favorecer a Jair Bolsonaro.
Esta casta judicial de la que ninguno de sus integrantes fue elegido por el pueblo, goza de los mayores privilegios y se apoya en las más reaccionarias alas del régimen y de la sociedad como las Fuerzas Armadas para intentar a cualquier precio sacar al PT del escenario electoral, ya que su agenda de ataques no resulta suficiente para que los capitalistas y el mercado financiero sientan que sus grandes negocios están garantizados. Quieren todavía más y pasan por encima de cualquier resquicio de legalidad, reafirmando que este proceso electoral está manipulado y transcurre bajo la tutela de las Fuerzas Armadas.
