JUICIO AL 1-O. Fiscalía, Gobierno y ultraderecha: quién es quién en las acusaciones del juicio al procés

Este martes ha arrancado el juicio al procés en el Supremo. La vista oral ha comenzado con la lectura por parte de la secretaria judicial del resumen del escrito de las acusaciones. En plural, porque estas son tres: la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, que compartirán estrado en el juicio contra los 12 líderes soberanistas en el Tribunal Supremo.

Una triada que desde el inicio del proceso calificó los hechos como una rebelión, hasta que la Abogacía del Estado, es decir el Gobierno, se desmarcó en el último momento para acusar de sedición (aparte de malversación).

La Abogacía presentó a principios de noviembre el escrito de acusación, en el cual descartaba la rebelión, la cual implica un alzamiento violento, apostando por el delito igualmente grave de sedición, que no implica violencia.

La renuncia de la Abogacía a calificar los hechos de violentos, un argumento que sostuvo desde el inicio en total unidad con el Ministerio Público y Vox, es un elemento más que desnuda el carácter político del juicio.

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La decisión de la Abogacía fue tomada en el marco de las negociaciones del Ejecutivo con las formaciones soberanistas por los Presupuestos Generales, que en estas horas están naufragando en el Congreso de los Diputados. En la práctica, la acusación representaría una pena más leve, pero igualmente brutal: 14 años en vez de 20. La pequeña reducción de la pena fue todo lo que el Gobierno de Pedro Sánchez estuvo dispuesto a conceder. Un “gesto” totalmente inaceptable para los presos políticos independentistas, así como para el Govern y los partidos soberanistas, que esperaban que el Gobierno presionara a la Fiscalía.

Desde el principio de la causa, la Fiscalía ha estado a la cabeza de impulsar la acusación por rebelión. Pero a esta se suma la acusación popular que ejerce Vox desde que comenzó la instrucción en el Supremo. El partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal ha encontrado en el juicio una innegable plataforma mediática.

El delito de rebelión puede comportar hasta treinta años de prisión y las penas mínimas que piensa pedir la Fiscalía, en caso de considerar a los acusados como “ideólogos principales”, parten de los quince años.

La Fiscalía

En la Fiscalía recae el peso fundamental de la acusación. Aunque dos de los cuatro fiscales intervinientes en la causa han sido nombrados por el PP, y uno por el PSOE, no ha habido fisuras en su estrategia y han mantenido plena unidad de acción.

Los cuatro fiscales pertenecen a la máxima categoría de la carrera, pero sus trayectorias políticas son muy dispares. Son Fidel Cadena, que fue el fiscal enviado a La Haya para tratar con su homólogo alemán la euroorden de Carles Puigdemont y es fiscal de sala del Supremo desde hace diez años, después de pasar casi 17 en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón; Consuelo Madrigal, conservadora, exfiscal general del Estado y quien dio la orden a la Fiscalía de Catalunya de querellarse contra Carme Forcadell; Javier Zaragoza, una espada contra el independentismo junto a Madrigal -lo que provocó que la CUP pidiera su reprobación en el Parlament-, lideró varias causas vinculadas con el soberanismo en su etapa como fiscal jefe de la Audiencia Nacional e investigó a cinco municipios catalanes por apoyar la declaración independentista del 9-N; y finalmente Jaime Moreno, en el Supremo desde el 2003, desde 2015 adscrito a la Sección Penal y fiscal delegado de Vigilancia Penitenciaria, participó en el juicio contra el exconseller Francesc Homs y en el recurso de Artur Mas, ambos por el 9-N.

La Abogacía del Estado

La Abogacía, dependiente del Ministerio de Justicia, fue la última en presentarse en el procedimiento -recién en el mes de febrero- al considerarse el Estado como perjudicado por la “malversación de fondos”. La presentación de su escrito de acusación sin mención al “uso de la violencia”, que hasta entonces nunca había cuestionado, fue denunciada por la derecha y la extrema derecha como un gesto de complicidad de Pedro Sánchez con los independentistas para conseguir su apoyo a los presupuestos. Una crítica que sólo se explica en el marco de la disputa política del bloque de la derecha contra el Gobierno, puesto que la Abogacía está pidiendo nada menos que 14 años de prisión para los líderes independentistas.

El planteamiento fue rechazado rotundamente por Edmundo Bal, ferviente partidario de sostener la acusación de rebelión. Por ello el entonces jefe del departamento penal de la Abogacía del Estado fue destituido por la abogada general del Estado, Consuelo Castro, nombrada por Pedro Sánchez.

Con la destitución de Bal, el Gobierno de Sánchez se aseguró que la Abogacía, órgano controlado y guiado desde el Ejecutivo, mantuviera la acusación sólo por sedición. Rosa María Seoane es desde entonces la nueva jefa de lo penal de la Abogacía del Estado en sustitución de Bal, después de ser secretaria general de Adif. Así los Servicios Jurídicos del Estado serán representados en el juicio por ella y Elena Sáenz.

Vox

La ultraderecha de Abascal ejerce la acción popular desde que comenzó la instrucción en el Tribunal Supremo. Y lo hace nada menos con dos cargos de responsabilidad en su partido: Javier Ortega Smith, que es el secretario general de Vox, un exmilitar que formó parte del cuerpo de élite de operaciones especiales y férreo defensor de la españolidad de Gibraltar; y Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de la formación y mano derecha de Ortega en los tribunales.

Junto con la Fiscalía, Vox ha sido desde el inicio el paladín de la lucha contra el independentismo y sus peticiones de penas son de hecho el doble que las de la fiscalía. Y aunque se jactan de que basarán su actuación en la causa en las "pruebas" presentadas, hasta ahora no ha pedido la consideración de una sola prueba documental. Eso sí, ha solicitado la comparecencia de 60 testigos, de los cuales han sido aceptados 57.

En su escrito llegan a sostener una acusación tan ridícula como que los líderes independentistas pronunciaron el lema “No Pasarán”, como si este fuera un llamado a la guerra civil, como ha denunciado la defensa de Jordi Cuixart, el abogado Benet Salellas.

El juicio al 1-O es para Vox un perfecto altavoz mediático para su campaña electoral y su programa ultrareaccionario hacia Catalunya y el derecho a decidir. En su programa electoral, Vox defiende la ilegalización de partidos independentistas, así como la supresión de la autonomía catalana.

Las defensas de los líderes independentistas han pedido al tribunal que aparte a Vox de esta causa, pero no han tenido éxito. Parte de ellas han adelantado que no contestarán a sus preguntas para no darle relevancia durante el proceso.

Un juicio político reaccionario

La imagen de los representantes de la ultraderecha, sentados en la sala junto al fiscal general y la abogacía del Estado, con sólo diferencias de grado en la acusación que persigue encarcelar por decenas de años a los líderes políticos independentistas por haber osado a consultar al pueblo catalán sobre su autodeterminación, son una metáfora del carácter político reaccionario del juicio al procés.

Como ha denunciado en la mañana del martes el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, ha dicho que "Hoy se inicia el juicio de la vergüenza, juicio contra miembros del gobierno de Catalunya, contra la presidenta del Parlament, contra dos personas que han dirigido los movimientos civiles y sociales en Catalunya como Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y es un juicio que a nuestro entender es una farsa, que lo que pretende es escarmentar a Catalunya, a fin y efecto que arríe velas y que no luche por sus derechos".

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