Tras la dureza de la Fiscalía en su informe sobre el juicio al ‘procés’ de acusar a los líderes independentistas de protagonizar una “insurrección” y un “golpe de Estado”, el President Torra exige una reunión de “urgencia” con Pedro Sánchez.
Miércoles 5 de junio de 2019
Tras las acusaciones de la Fiscalía en su informe sobre el juicio al ‘procés’ de protagonizar una “insurrección” y un “golpe de Estado”, el President Torra exige una reunión de “urgencia” con Pedro Sánchez
La Fiscalía española en su informe definitivo sobre el juicio al ‘procés’ sostuvo este martes la acusación de rebelión para los líderes independentistas catalanes y los responsabilizó de protagonizar "un golpe de Estado, que es la sustitución de un orden jurídicos por otro por métodos ilegales” con uso de violencia, durante el proceso democrático entre septiembre y el referéndum de octubre de 2017.
El Ministerio Público abrió el turno para exponer sus conclusiones tras casi cuatro meses de proceso judicial en el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo, entre otros, a Oriol Junqueras, a quien la Fiscalía considera el "motor principal de la rebelión", por lo que pide 25 años de cárcel.
Destacan también los 17 años que solicita para Carme Forcadell, el diputado Jordi Sánchez, y al líder de Omniúm Cultural Jordi Cuixart.
Según la legislación española, la acusación de rebelión se dirige a quienes actúen con violencia contra el Estado y conlleva unas penas que van de 10 a 30 años. No obstante, el delito de sedición, por el que apuesta la Abogacía del Estado, implica que no hubo un alzamiento violento y está penado con entre 10 y 15 años de cárcel.
Uno de los hechos sobre los que se basa la Fiscalía es el supuesto intento de una multitud de impedir el registro de las Fuerzas de Seguridad a la sede del departamento regional de Economía en Barcelona, que pretendía evitar la celebración del referéndum de independencia.
Ante ello, se los acusa a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ambos en prisión provisional y para quienes la Fiscalía pide 17 años de cárcel, de haber sido responsables de los supuestos daños a varios coches de la Guardia Civil y por tanto de promover un “estado de excepción de facto”.
Además de lo sucedido ese día, como pudimos ver el juicio también ahondó en lo ocurrido durante la celebración del Referéndum del 1 de octubre de 2017, que había sido previamente prohibido por el Tribunal Constitucional.
También, la posterior declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña y la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución española, que perpetuó una enorme represión al pueblo catalán en su voluntad expresada el 1 de Octubre. A la vez una intervención directa del Senado español que supuso que el Gobierno central, presidido entonces por Mariano Rajoy del Partido Popular, asumiera todas la competencias autonómicas catalanas.
Desconociendo por completo la brutal represión ejercida por la Policía Nacional al pueblo catalán el 1-O, el fiscal hace responsables a los acusados de los 1.093 heridos -diluyendo en los heridos a agentes y votantes-, “No solo no desconvocaron el referéndum sabiendo que iba a haber enfrentamientos sino que alentaron a la ciudadanía a acudir. Por eso quien crea el riesgo es el imputable del delito”, señaló el Fiscal.
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Otras de las acusaciones de Fiscalía ha sido sobre el supuesto empleo de dinero público (delito de malversación) y de delito de desobediencia, por lo que la Fiscalía pidió al Tribunal Supremo que si los acusados son condenados no obtengan el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena.
Diferencias entre Fiscalía y Abogacía del Estado
Por su parte, la Abogacía del Estado también presentó sus conclusiones en las que mantuvo su acusación solo por un delito de sedición y la petición inicial de penas que van desde los 7 a los 12 años.
La existencia de violencia es precisamente en lo que se diferencian. Mientras que la Fiscalía efectuó un duro relato contra los acusados por haber incitado a la gente a ir a votar sabiendo que habría enfrentamientos y por haber fomentado actos violentos, la jefa de lo Penal de los servicios jurídicos, Rosa María Seoane, declaró que “No podemos entender que la referencia a la violencia sea al mero ejercicio de la fuerza (...) No se puede considerar probado que el elemento de la violencia formara parte del plan de los acusados como medio para alcanzar sus fines”.
No obstante, la Abogacía del Estado también sostiene que los acusados cometieron un delito de sedición: “de una forma absolutamente predeterminada y organizada participaron en el alzamiento público y tumultuario del 1-O con la finalidad clara y manifiesta de neutralizar aquella acción ordenada por el Estado”. Pero considera que para la sedición se exige que el alzamiento sea tumultuario mientras que para la rebelión debe ser violento y según Seoane “La violencia del delito de rebelión tiene dos requisitos: que la violencia o la amenaza de usarla tenga un carácter nuclear en el acto y aparezca como idónea para tener el resultado. No podemos considerar probado que la violencia como medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza haya sido uno de los elementos estructurales del plan de los acusados como medio para alcanzar sus fines”, indicó Seoane.
El president de la Generalitat exige una reunión urgente con Pedro Sánchez
Quim Torra, ha anunciado por varios medios su solicitud de una reunión “urgente” con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por un lado para reclamar la desatención del dictamen del grupo de trabajo de la ONU. Por el otro, ante los informes de conclusiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el juicio del procés, sobre el que considera que “La represión no se cesa” y “esto tiene que parar”.
