Rodrigo Janot, fiscal general de la nación, presentó ante el Tribunal Supremo la solicitud de investigar 83 funcionarios que cuentan con fueros. Además, se van a abrir otras 237 indagaciones. Funcionarios del golpista Michel Temer estarían incluidos en la acusación en el escándalo de Petrobras.
Miércoles 15 de marzo de 2017
FOTO: Rodrigo Janot, fiscal general de la nación (EFE)
La Fiscalía brasileña entregó hoy a la Corte Suprema una lista de 83 pedidos de investigación sobre políticos con estatus de aforados que han sido implicados en el escándalo de Petrobras por exdirectivos del grupo Odebrecht, informaron fuentes oficiales.
Portavoces del Supremo indicaron que el número de pedidos no es necesariamente igual a la cantidad de políticos salpicados y que la información sobre el asunto permanecerá bajo secreto judicial, al menos hasta que el juez Luiz Edison Fachin, instructor del caso en la corte, determine su publicación. Es por este motivo que el organismo no divulgó la identidad de los sospechosos ni los hechos que se les incriminan. Sin embargo, Janot solicitó a la corte suprema levantar el secreto de todo el material, para "promover la transparencia y garantizar el interés público".
Aunque los nombres no fueron divulgados oficialmente, dos diarios, Folha de S. Paulo y O Globo, han publicado que la lista abarca a casi toda la cúpula de la política brasileña: Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, seis ministros del actual Gobierno de Michel Temer; los dos últimos candidatos presidenciales de la oposición, Aécio Neves y José Serra; y los presidentes del Congreso y del Senado.
Los 83 pedidos de investigación se refieren a políticos amparados por el llamado "foro privilegiado", que les reserva ser investigados y juzgados por el Supremo, pero a esa solicitud la Fiscalía añadió otra para abrir otras 237 indagaciones en primera instancia, lo que se supone que afecta a personas sin fueros legales.
Diez cajas con expedientes fueron enviadas por funcionarios de la Procuración General de la República a la oficina del juez de la corte Edson Fachin, quien debe analizar los pedidos de apertura de investigaciones.
Las solicitudes fueron dirigidas al Supremo por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, quien desde hace más de un mes analiza los testimonios dados por 77 exdirectivos de Odebrecht en el marco de un acuerdo de cooperación judicial. Es justamente a partir de dichas confesiones que el procurador solicita la investigación.
Según informaciones obtenidas por la prensa local sobre esas declaraciones, los políticos que se beneficiaron de la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras pueden superar el centenar. Este lunes la cabeza de la constructora, Emilio Odebrecht, declaró ante el juez Sergio Moro que los pagos de la empresa en dinero negro a los principales partidos brasileños se remontan a varias décadas atrás.
La cúpula del gobierno golpista de Michel Temer, quien ya “perdió” seis ministros por causas vinculadas a la Operación Lava Jato, no estaría exenta de la investigación. La situación parece más comprometida para el ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, jefe de gabinete de Temer, quien habría negociado con Odebrecht una financiación ilegal para campañas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) por 3 millones de dólares, que lidera el propio mandatario.
Entre otros posibles sospechosos estaría, según la prensa local, el nuevo canciller, Aloysio Nunes, quien asumió el cargo la semana pasada en lugar de José Serra y, como él, pertenece al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que también estaría en lo que se conoce como "la lista de Janot", en alusión al procurador.
Asimismo, la información dada por los exdirectivos de Odebrecht pudiera complicar aún más la situación judicial del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ya responde como imputado en cinco causas penales, cuatro de ellas asociadas directamente a las corruptelas en Petrobras.
La declaración de Lula
El martes Lula expuso como procesado ante el juez Ricardo Leite, quien dio lugar una denuncia de la fiscalía que indica que el ex presidente pudo haber participado de una trama para ayudar a un corrupto confeso de la empresa estatal Petrobrás, el ex director Néstor Cerveró, hoy con prisión domiciliaria.
Es la primera vez que Lula declara como procesado en la Operación Lava Jato en las cinco causas que le abrieron en su contra, y en la que afirmó que es víctima de una "masacre" judicial y mediática.
"Quiero pruebas, alguien que me diga el delito que cometí. Tengo 71 años y me cansé de ver las instituciones devaluadas. El ministerio público ni existía cuando llegué al poder y lo revitalizamos sin nunca pedirles un favor personal", destacó Lula.
