El expresidente aprista reveló por Twitter que la Fiscalía amplió por 36 meses la indagación en su contra y de su esposa, la ex primera dama, Pilar Nores.
Kevin Wright @kevouv
Jueves 5 de octubre de 2017
Foto: cronicaviva.com.pe
La acusación apunta a Alan García por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, durante el segundo gobierno aprista (2006-2011). Fue por las redes sociales que el líder del APRA reveló que el Ministerio Público lo notificó de esa disposición, a la cual calificó de “abusiva y politiquera”. La utilización de este medio se presta para defenderse de antemano ante las críticas de las y los peruanos, y pone en evidencia aún más los presuntos actos ilícitos de los que se los acusa a la ex pareja presidencial.
El caso está a cargo del fiscal especializado en lavado de activos, José Castellanos Jara, quién en abril de este año recurrió a la cooperación internacional para solicitar el levantamiento del secreto bancario de la Fundación Rayos del Sol, constituida por García y Nores en el principado de Liechtenstein, en septiembre de 1994, cuando la pareja estaba exiliada en París. En el caso actual, hay indicios de la existencia de una red delictiva que desde el año 1991 blanquea bienes y dinero provenientes de crímenes de corrupción de funcionarios, con un líder y tres niveles de testaferros.
Además, desde España, García agregó que eran “malvados” por incluir a la ex primera dama de la Nación Pilar Nores (en su defensa cuestionó que se la incluya “injustamente” en las indagaciones por la adquisición de tres departamentos, siete cocheras y un depósito). Como si la justicia burguesa le estuviera jugando una mala pasada en tantos años de amistad o como si se tratara de un asunto de “malos y buenos”. Esta disputa de legitimidad está reflejada en el tire y afloje contextualizada en la crisis política que viene sufriendo el oficialismo.
Por su parte, el personal del despacho del fiscal Castellanos ha recibido la orden de “guardar silencio” frente a cualquier consulta sobre la investigación de García. “Se recuerda a los sujetos procesales (investigados, procuraduría pública y abogados) que las copias obtenidas de los actuados y disposiciones fiscales y otros emitidos por este Despacho deberán ser utilizadas exclusivamente para los fines de su defensa, debiendo guardar absoluta RESERVA, bajo responsabilidad y consecuencias legales”, dice una disposición del fiscal Castellanos.
La Ley Nº 30077, Contra el Crimen Organizado, fue publicada en el Boletín Oficial de Agosto del 2013; con esta norma, el Ministerio Público podrá indagar al ex mandatario y su ex esposa por un plazo de 36 meses, los dilatados lapsos impuestos por el poder judicial son una huella más de la complicidad entre los jueces y los políticos que, como es costumbre de los gobiernos burgueses, se enriquecen a costa de las y los trabajadores.
Es de público conocimiento para el pueblo peruano y sus trabajadores y trabajadoras que todos los presidentes electos en las última dos décadas (por no irse más atrás en la historia política del Perú) hicieron abusos de sus cargos y se enriquecieron ilícitamente. Estas maniobras burguesas por definición, son propias en toda la región y el Caso Odebrecht es un emblema de aquello. Sin embargo, son un vuelto para estos personajes de la burguesía cuyo principal negociado son los recursos naturales del país.
