La fiscalía pide 111 años de prisión para 13 manifestantes acusados de desórdenes públicos y daños, durante las protestas el marzo de 2017 donde reclamaban la rebaja de tasas del 30%.
Paula V. Contracorrent Barcelona - estudiante de Ciencias Políticas en la UB
Lunes 6 de julio de 2020
La fiscalía pide prisión para 13 estudiantes por las protestas contra el aumento de las tasas universitarias en 2017, acusando de los "delitos de desórdenes públicos y daños por los disturbios que se produjeron aquel día en Barcelona". Según el ministerio fiscal, los jóvenes quemaron un contenedor y pintaron y golpearon escaparates de manera coordinada y "con evidente intención" de causar los daños.
Eduardo Cáliz, abogado de los jóvenes y miembro de Alerta Solidaria, sostiene que se trata de un caso con un fuerte componente de persecución ideológica y política con una voluntad de "rastrear la actividad militante de los acusados", todos miembros del Sindicar de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC).
Remarca que el escrito de la fiscalía es totalmente desproporcionado por unas manifestaciones que se desarrollaron con normalidad más allá de algún incidente puntual. Según Cáliz, se trata de una "pena ejemplar" para atemorizar en la población y a la juventud en la hora de ejercer sus derechos de reunión y manifestación.
🔴 ATENCIÓ! La fiscalia ens demana un total de 110,5 anys de presó i 130.000€ a 13 estudiants per defensar l'educació pública. pic.twitter.com/nlFmP7k0LA
— LaPúblicaAJudici (@PublicaJudici) July 1, 2020
Desde el SEPC y Alerta Solidaria se exige la absolución de los jóvenes encausados, para tratarse de un caso de persecución militante y una pena totalmente desorbitada. Y es que este no es el único caso de represión a la juventud que se organiza y lucha. En los últimos años, más de un centenar de jóvenes organizados y combativos han sufrido la represión política, desde los jóvenes encausados de "Hagámosla Pública", "Somos 27 y más" o los antifascistas de la UAB.
La lucha no solo por la rebaja de tasas, que es una demanda de mínimos frente al contexto de elitització y privatización que la universidad está sufriendo, sino también la lucha por la gratuidad toma un nuevo y urgente significado después de la pandemia. Si antes del anterior ciclo de la crisis la universidad ya era inaccesible por una parte de los jóvenes, ahora estas barreras y límites se profundizan todavía más, con el aumento del precio de la vivienda o la precarización del trabajo.
Desde la agrupación juvenil Contracorriente queremos mostrar nuestro apoyo con las compañeras encausadas en el marco de la campaña represiva contra el movimiento estudiantil y la juventud.
