Panorama económico. Fondos buitre acechan: prórroga de jurisdicción de la deuda, herencia de la dictadura

La semana pasada la Argentina perdió una demanda presentada por cuatro fondos buitres ante el Tribunal Superior de Londres vinculada con bonos “cupones PBI” y deberá pagar alrededor de 1.330 millones de euros.

Se trata de los fondos de cobertura (“hedge founds”), HBK Master Fund, Palladian Partners, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que demandaron al país en 2019 y pidieron una indemnización de hasta 643 millones de euros.

Tanto Cristina Fernández como la oposición patronal de la mano del primer ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, Prat Gay se pronunciaron sobre la decisión del tribunal de Londres. La vicepresidenta denunció que los fondos buitres siempre obtienen sentencias de tribunales extranjeros que conceden “rentabilidades extraordinarias” aunque omitió que durante su gobierno los especuladores también obtuvieron retornos exorbitantes luego de comprar bonos a precio de remate. Prat Gay afirmó que el “cupón de PBI” fue el regalo más caro de la historia, parece que el ministro se olvida que fue parte de un gobierno que premió a buitres como Paul Singer con rendimientos mayores al 1000 %.

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La decisión del tribunal de Londres es la consecuencia de la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros. Lo que la vicepresidenta ni Prat Gay cuestionan es la cesión de soberanía que se incluyó en las operaciones de endeudamiento.

¿Qué tienen que ver los tribunales de los países imperialistas?

En el canje de 2005 detalla Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación durante el gobierno del Frente de Todos, en el libro La deuda ilegítima que “se aceptó la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros. (…) mantener la prórroga de jurisdicción implicó sostener el criterio que en esta materia inaugurara Martínez de Hoz en favor de los acreedores”. Un criterio según el economista que “todos los gobiernos mantuvieron de ahí en más, violando la Constitución Nacional”. La prórroga de jurisdicción consiste en someter los litigios eventuales a juzgados extranjeros y es una práctica que se extendió durante el neoliberalismo.

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Las condiciones para la cesión de soberanía se establecieron durante la dictadura cívico militar de 1976. Esteban Mercatante indica en el libro La economía argentina en su laberinto que “apenas veinte días después de la asunción de la Junta militar, se dictó el decreto ley 21.305 que modificó el artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el sentido de permitir la prórroga de jurisdicción para asuntos patrimoniales a favor de jueces y árbitros que actúen fuera de la República Argentina”.

Primero se supeditaba esta posibilidad a dos condiciones: que la jurisdicción no sea de aquella considerada de orden público y que la causa responda a un hecho anterior a la prórroga. Pero luego “el decreto ley 22.434 permitió la prórroga sin ningún recaudo preventivo”, añade Mercatante. No fue casual que la deuda pública se multiplicó casi seis veces entre 1976 y 1983.

La diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, sostuvo que “una elemental medida de defensa nacional, de soberanía, sería la declaración de nulidad absoluta de toda prórroga de jurisdicción argentina a favor de tribunales arbitrales y/o judiciales extranjeros en todas aquellas materias de derecho y orden público nacional”.

El negocio de la deuda

Los bonos en litigio en Londres lanzados durante el gobierno de Néstor Kirchner establecían pagos a bonistas cuando el crecimiento económico del año superara el 3%. Este plus para los especuladores se pagó, pero se interrumpió en 2012. El Gobierno modificó la forma de medición del PIB (hubo una intervención del Indec con patotas para esconder el encarecimiento del costo de vida) y con esa nueva estimación el crecimiento económico fue menor al 3% y, por lo tanto, no se realizó el pago. Esto es lo que exigen los fondos buitres.

En ese canje hubo incentivos para los bonistas, el ajuste por inflación en los valores de los títulos y los cupones atados al crecimiento del PIB, lo que significó un gran costo adicional y un premio para los bonistas. Claudio Lozano cuestionó lo que llamó el megacanje de Kirchner, Duhalde, Lavagna y Prat Gay (quien hasta 2004 fue presidente del Banco Central) y señaló que fue un canje inconstitucional, ilegal y sospechado. El efecto operado por los incentivos disminuyó la quita efectiva del canje de deuda.

Entre los que se beneficiaron con la deuda argentina y aceptaron los canjes (2005 y 2010) estuvieron George Soros, David Martínez (socio minoritario de Clarín), Kyle Bass, quien ganó millones especulando con hipotecas en EE.UU. mientras miles de familias perdía sus casas. Estos son algunos, pero hay más. Tanto Cristina Fernández como Axel Kicillof, admitieron que los que aceptaron el canje tuvieron ganancias de 300 %.

Después Mauricio Macri decidió pagar todo lo que los buitres exigieron. Con el respaldo del Congreso, y el apoyo del peronismo, el expresidente concretó el pago. Los buitres obtuvieron rendimientos siderales como el fondo NML de Paul Singer (1308% respecto del capital invertido), y Aurelius (846%). Con esa operación empezó el endeudamiento serial de Cambiemos que terminó en el regreso del FMI y la crisis.

El gobierno del Frente de Todos denunció el endeudamiento macrista, pero luego decidió convalidar la estafa. Así, se reestructuró la deuda con los lobos de Wall Street y el exministro Guzmán también concedió cláusulas de acción colectiva más favorables a los especuladores. Estas cláusulas establecen las condiciones para un posible litigio en caso de impago. Así, les será más sencillo en el futuro litigar en juzgados extranjeros. Además, se renegoció el acuerdo con el Fondo que mantiene sus viejas recetas de ajuste.

A través del mecanismo de la deuda, el capital financiero internacional efectúa una extracción permanente de recursos (plusvalía) del país y otra vez con el Fondo en estas pampas la soga penderá en el cuello de la economía argentina por unos cuantos años más.

Para cambiar el destino de decadencia infinita, el eterno retorno al sometimiento al Fondo y a los lobos de Wall Street es necesario tomar una decisión soberana de rechazo al pago de la deuda basada en la movilización popular. Liberarse de la dependencia del capital financiero internacional es fundamental para reorganizar la economía para que todos los recursos se orienten al desarrollo y a la atención de las necesidades sociales más urgentes.

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