Después de un día de tensiones, Martínez de Giorgi levantó la orden de captura contra la referente de Madres. El intento de detenerla había fracasado por la movilización y el amplio repudio.
Eduardo Castilla X: @castillaeduardo
Sábado 6 de agosto de 2016
Este viernes por la tarde, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi definió levantar el pedido de captura que pesaba sobre Hebe de Bonafini desde el jueves por la mañana. El intento de la Policía Federal de detener a la dirigente de Madres en la tarde de ese día, había fracasado por la movilización y el fuerte rechazo social y político que generó el ataque del juez contra los organismos de DD.HH.
La orden de captura se levantó a partir de un principio de acuerdo en el juzgado de Martínez de Giorgi, donde éste aceptó tomar declaración a Hebe por la causa “Sueños compartidos” en un lugar distinto a los tribunales de Comodoro Py. Así, el encuentro podría tener lugar en la sede de Madres o en el domicilio particular de Hebe en La Plata.
Posteriormente, en una entrevista radial, el juez afirmaría que “levanté la orden de detención porque se presentó un abogado de Hebe de Bonafini y en ese escrito pidió si podía cumplir la indagatoria. A la vez pidió la exención de prisión”.
A primera vista, pareciera que ambas partes cedieron algo para llegar a este acuerdo. Sin embargo, la dinámica de los hechos y sus causas más profundas tienen un mayor nivel de complejidad.
Fracaso y aprietes
Como se informó ayer, Martínez de Giorgi actuó como si el calendario marcara la fecha de 1976, no de 2016. El operativo policial desmesurado, con decenas de efectivos, camiones y un helicóptero, realizado el día que las Madres llevan a cabo su ronda semanal, fue leído como una abierta provocación política que terminó acrecentando el descontento en amplios sectores progresistas y de izquierda.
La importante movilización y el enorme repudio social y político fueron lo que hicieron fracasar el intento de detención. Haber intentando llevar adelante ese objetivo hubiera significado apelar a una fuerte represión, con enormes costos políticos para el Gobierno. La aclaración del juez, indicando que la detención dependía de la cartera que tiene a su cargo la ministra Patricia Bullrich, buscaba deslindar toda responsabilidad en un escenario de ese tipo.
Pero la mañana de este viernes encontró al juez continuando una política dura, anunciando denuncias contra quienes eran considerados “cómplices” por haber impedido la detención y pidiendo a cámaras legislativas nacionales que juzgarán a los legisladores que habían participado en las movilizaciones del día anterior. Desde la izquierda, fue Myriam Bregman, diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda, quien cruzó a Martínez de Giorgi por este intento de avanzar aún más profundamente en el ataque a las libertades democráticas.
Junto a esto, el juez buscó argumentar que no buscaban detener a la “luchadora por los derechos humanos sino a la Hebe constructora de casas”. Este argumento se convirtió en el centro de un fuerte discurso mediático, donde se intentaba disfrazar el ataque político lanzado con una (aparentemente) inocua investigación sobre la corrupción.
El intento de contraponer “corrupción” a “derechos humanos” era una burda operación política para mostrar una Justicia “desideologizada” o “apolítica”, algo que solo podían comprar incautos o quienes cedieran ante la marejada de la opinión pública instalada por la Corpo mediática.
El Gobierno ratificó el ataque
A pesar de que el juez afirmó que el Gobierno no había intervenido ni para dar la orden de captura ni para exigir su levantamiento, quedó en claro, con las declaraciones de los principales funcionarios del oficialismo, que adherían y apoyaban completamente la ofensiva lanzada.
Una de las primeras en salir a justificar el ataque fue la vicepresidente Gabriela Michetti, quien afirmó que “Hebe nos está manipulando” y sostuvo que “todos somos iguales ante la Ley”, una afirmación que no resiste un análisis profundo ni tampoco una serie de ejemplos concretos.
El jefe de Gabinete reiteró las mismas ideas que había vertido en la tarde del jueves, señalando que “en democracia todos somos iguales ante la ley”. Estas afirmaciones no toman en cuenta la propia experiencia de muchos de los funcionarios macristas que han gozado de de las mieles del accionar de la casta judicial, actuando siempre a su favor.
Más tarde, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Cristian Ritondo salió a decir “acá nadie discute una lucha por los derechos humanos; lo que uno puede pensar es que nadie se esconda detrás de los pañuelos blancos para no dar respuesta en la Justicia”.
Recordemos que, los que ahora dicen embanderarse en la defensa de los Derechos Humanos, son los mismos que defendieron a Darío Lopérfido como secretario de Cultura de CABA o no levantaron un solo grito de protesta frente a la impunidad que desplegó el carapintada Aldo Rico en el desfile del 9 de julio pasado. El cinismo viene en color amarillo.
Irónicamente, o no tanta, los mismos que ahora acusan a las Madres y a Hebe son los que han negociados con represores y políticos responsables de la impunidad por décadas.
Movilización y resistencia
En la tarde del jueves se hizo evidente que fue la movilización activa y el repudio popular lo que pudo frenar la detención y lograr detener la ofensiva reaccionaria que se trataba de instalar desde un sector del llamado Partido Judicial.
La paradoja para el kirchnerismo, como se señaló ayer, reside en el hecho de que lejos de impulsar esa movilización, se apuesta todas las fichas a la negociación interna en el peronismo.
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Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
