BUROCRACIA SINDICAL. Fracaso del programa de los 426 euros de Rajoy, Toxo y Méndez

Foto: EFE

Se cumple un año desde que el gobierno de Rajoy y las direcciones de CCOO y UGT firmaron un nuevo acuerdo social. Un programa que prometía una miserable ayuda de 426 euros para 270.000 parados de larga duración en 2015 y hasta 400.000 durante todo el período de vigencia del subsidio. A día de hoy solo 71.000 parados han accedido a él.

Los medios de comunicación saludaron el acuerdo como el “único gran acuerdo social de la legislatura”. Incluso durante el debate electoral del lunes pasado entre Sánchez y Rajoy, éste sacó pecho diciendo que había pactado con los sindicatos una ayuda para los parados.

El coste total del programa se presupuestó entre 1.000 y 1.200 millones. Nacía ya como una medida de ridícula incidencia ante las necesidades reales de los desempleados sin ingresos. A día de hoy el 46% de los parados no reciben prestación alguna por desempleo, más de 2 millones, y en torno a 700.000 familias no tienen ningún ingreso. Mientras, el despilfarro por los escándalos de corrupción política, las pensiones millonarias de los banqueros y élites empresariales y la creciente brecha social entre ricos y pobres no ha dejado de crecer.

Fuentes del ejecutivo indicaban hace un año que “por dinero no sería”. El programa era una apuesta personal de Rajoy, prioridad absoluta, y se buscaría la colaboración de las comunidades. Sin embargo, a día de hoy, solo se han gastado 180 millones de euros. Todo a seis meses del fin del programa.

Un acuerdo para lavar la cara a Rajoy, Toxo y Méndez

El acuerdo fue más bien una simple operación de marketing para favorecer al gobierno del PP y a los sindicatos firmantes. El PP intentaba lavarse la cara después de tres años de ataques sostenidos contra los trabajadores. Las direcciones de CCOO y UGT necesitaban trasladar a los trabajadores la idea de que eran eficaces en la obtención de supuestas mejoras para las clases populares y que la vía de la negociación con el gobierno daba sus frutos. No por casualidad, la firma se produjo dos semanas después de la Marcha de la Dignidad del 29 de noviembre de la que CCOO y UGT, como un año antes, no formaron parte y el protagonismo lo tuvo la izquierda sindical y otros movimientos sociales.

Continuaban así con su política de bloquear cualquier salida a la situación a través de la lucha unitaria e independiente de la clase trabajadora. Los Toxo y Méndez durante toda la crisis han actuado de hecho como muro de contención de la respuesta de los trabajadores frente al gobierno de Rajoy, impidiendo derrotar sus ataques y favoreciendo con su complicidad la profunda crisis social causada por los capitalistas para lograr que sean los trabajadores los paganos de la crisis económica.

Solo la potenciación y unificación de las luchas, sobre la base de un programa obrero de emergencia podría lograr una modificación de la relación de fuerzas a favor de los trabajadores. Es evidente que esta no ha sido, ni es, el objetivo de las direcciones burocratizadas de UGT y CC.OO.

El fracaso de un programa de vergüenza

Los datos mensuales de empleo ya venían indicando que el Plan de Activación de Empleo (PAE) -así se llama el programa- no funcionaban ni a medio gas. La cifra mensual de beneficiarios tocó techo en el mes de julio (56.500 parados), mientras que dos millones de desempleados registrados seguían sin ayudas y la tasa de cobertura para los parados continuaba cayendo, y lo sigue haciendo hasta el nivel más bajo de la serie histórica, hoy el 54,4%.

Ahora, ante esta situación los sindicatos firmantes se rasgan hipócritamente las vestiduras y critican al gobierno. Dicen que la aplicación del plan ha sido “restrictiva”. Tanto Carlos Bravo, de CC.OO., como Toni Ferrer, de UGT, recuerdan que al ponerse en marcha detectaron que se aplicaba con “criterios muy exigentes”. En realidad los que ellos mismos firmaron, aunque ahora quieran ponerse de perfil.

Por supuesto estas quejas no cambian la línea de no convocar movilizaciones dignas de tal nombre y seguir firmando todo lo que les ponen sobre la mesa, ERE tras ERE y recorte salarial tras recorte salarial.

El camino para llegar a acceder a este programa es todo un laberinto de condiciones y trampas burocráticas y legales. Éste suele ser el caldo de cultivo en general de todas las ayudas sociales, siempre consideradas por las autoridades como nidos de fraude. Se trata a la población beneficiaria, a los trabajadores, como potencialmente sospechosos. Mientras, los más ricos no pagan impuestos y no paran de recibir ayudas y subvenciones de todo tipo, más las corruptelas correspondientes.

¿Cuáles son los requisitos necesarios básicos para acceder a la ayuda? Deben ser desempleados con un familiar a cargo, que lleven un año o más inscritos en las oficinas públicas de empleo y hayan agotado su prestación o subsidio desde hace seis meses o más. Es decir, hay que estar seis meses sin blanca, entre otras cosas, para luego poder acceder a los 426 euros. Los que nunca trabajaron no tienen derecho a ella. Son condiciones claramente abusivas e insultantes para cualquier persona con necesidad extrema.

Hay, además, una limitación de rentas que condena a la exclusión social, puesto que cada miembro de la familia no puede tener ingresos que superen el 75% del salario mínimo interprofesional (483 euros mensuales). Lo que quiere decir que en un hogar con dos componentes la renta agregada no podrá superar los 996 euros.

Esta “ayuda” solo se puede cobrar durante 6 meses, no llega ni al salario mínimo y sólo supone el 80% del IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples). Un indicador que fija la mayoría de las ayudas o subsidios institucionales y que se sacó el gobierno de la manga cuando le pareció que pagar el famélico salario mínimo era poco menos que un derroche.

A cambio el desempleado se verá sometido a todo tipo de controles y deberá suscribir un compromiso de búsqueda activa de empleo, sometiéndose a todas las acciones que le establezcan los orientadores laborales. Es decir, le impedirán en la práctica poder buscarse alternativas laborales reales de subsistencia, puesto que la mayoría de su tiempo lo tendrá que dedicar a cursos u orientaciones sin utilidad alguna y que, en absoluto, le ayudarán a lograr un empleo.

Eso sí, en el caso de encontrarlo el empresario se beneficiará de la ayuda, puesto que el parado podrá seguir cobrando esta cuantía siendo descontada de su salario. Sí, esto lo han firmado los sindicatos CC.OO. y UGT, lo llaman “estímulo a la contratación”.

La hipócrita denuncia de las direcciones de CCOO y UGT

En lugar de denunciar lo inútil del acuerdo, exigir la dotación recursos suficientes y la eliminación de requisitos absurdos o draconianos para que todos los parados puedan acceder a un subsidio de desempleo digno, las direcciones de los sindicatos firmantes se han limitado a enviar una carta al Ministerio de Empleo.

En ella hay una propuesta tan “ambiciosa” como que se le envíe una carta a los posibles beneficiarios en la que se les informe de la posibilidad de optar a esta ayuda. Se traslada así la responsabilidad del fracaso de su plan a los propios desempleados, en vez de poner al gobierno contra las cuerdas por su política brutal de recortes de las prestaciones de desempleo.

Resultan pues ridículos los intentos de vender este primer pacto con el gobierno de Rajoy como un éxito sindical, tal y como pretendieron las direcciones de CCOO y UGT. Con Zapatero firmaron otros acuerdos, como el de la reforma de las pensiones que retrasaba la edad legal de jubilación de 65 a 67 años. Otro particular “éxito” de estos burócratas, eso sí, en contra de los trabajadores. En aquella ocasión la firma del “pensionazo” les generó un gran desgaste interno.

En estos años también han sellado los pactos trienales sobre rentas de 2010 y 2012 con la patronal. Acuerdos que han desempeñado un papel clave en la devaluación salarial y que, como era de esperar, solo se han cumplido en lo tocante a la moderación salarial, no en lo relativo a los beneficios empresariales.

Esta vez trasladaron la idea de que no iba a ser así. Quien supuestamente hacía la mayor cesión era el gobierno, que comenzó las negociaciones ofreciendo una ayuda para apenas 40.000 desempleados y acabó multiplicando por 10 los beneficiarios potenciales. En realidad todo fue un puro paripé para representar que los sindicatos con la mera negociación en las mesas podían arrancar alguna prestación relevante al gobierno.

El dirigente de UGT, Toni Ferrer, declaró cuando se firmó el acuerdo de ayuda a los parados: “Este primer acuerdo cumple los objetivos que veníamos reclamando desde el comienzo de la crisis para que se protegiera a las personas más desfavorecidas”. Y negó temer el efecto que pudo provocar la foto con el gobierno que “más recortes ha aplicado en la democracia”. “Es un acuerdo que va a beneficiar a quienes están en peor situación”, argumentó.

A Fernando Lezcano, secretario de organización de CCOO, en su momento le pareció que “el cambio de actitud del Gobierno también llegó por algo”. “Llevamos años de protestas y reclamación”, continuaba, en referencia a los múltiples desencuentros con el Gobierno de Rajoy.

Sin embargo, la realidad es testaruda y al final ha sido un plan de ayuda a los parados que no ha cubierto siquiera sus propios objetivos mínimos -solo un 18%-, pero sí le ha servido a Rajoy para tomar oxígeno social y vender un discurso de preocupación del gobierno con medidas concretas para paliar la situación de los desempleados.

Estos burócratas sindicales, una vez más, se han prestado al juego y han dado cobertura al gobierno de la corrupción, los recortes sociales, la reducción de las libertades, la devaluación salarial y el empobrecimiento generalizado de los trabajadores y las clases populares en beneficio de los ricos.

Es necesario un movimiento y un programa para erradicar el paro de masas
Ante la criminal política de las direcciones sindicales mayoritarias, la izquierda sindical y los movimientos sociales junto a los sectores de CCOO y UGT que se oponen a la línea de su dirección, debemos dar una respuesta al drama del desempleo de masas y los millones de trabajadores sin ingreso alguno.

Es imprescindible emprender una campaña dirigida tanto a los parados como a los trabajadores en activo, que planteen la necesidad de emprender una lucha conjunta contra la precariedad y el desempleo. Una lucha por la inmediata restitución de subsidios dignos para el conjunto de los desempleados, financiados por impuestos a las grandes empresas y fortunas. Una lucha que se proponga pelear por un programa obrero contra el paro que parta de la lucha por el reparto del trabajo con igual salario y la potenciación de la inversión pública bajo control de los propios trabajadores con creación intensiva de empleo en óptimas condiciones.

Lamentablemente las llamadas fuerzas del “cambio” que se presentan a las siguientes elecciones tampoco incluyen estas demandas, que son las únicas que pueden atacar esta situación insostenible para millones de personas, muchas de las cuales están condenadas al desempleo de por vida.

La única opción posible para imponer una salida así, pasa por fortalecer la organización independiente de la clase trabajadora, la unificación de las luchas y el combate para desalojar a la burocracia sindical de sus poltronas impulsando un sindicalismo de clase que confronte el gobierno y los empresarios.