La cumbre hispano-francesa iniciada el 1 de diciembre del 2014 abordó la posibilidad de que los más de 90 presos políticos vascos, encarcelados en Francia, cumplan su condena en el Estado español, tras la reciente aprobación por las Cortes españolas de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.
Viernes 5 de diciembre de 2014
Fotografìa: EFE
La cumbre abordó las modalidades, plazos y criterios para la materialización de una norma que, a mediano plazo, podría suponer el vaciamiento de presos políticos vascos de las cárceles francesas.
Dicha ley supone la transposición al ordenamiento español de una norma europea de 2008 que permite que una condena firme de cárcel sea cumplida en otro Estado miembro de la Unión Europea, según dicen con el objetivo de la reinserción.
Desde ahora, Francia, tras muchos años de colaboración contra la organización ETA, pretende que el Estado español se haga cargo de los presos políticos vascos que han cumplido su parte de condena en cárceles galas y les queda pendiente la condena española.
El presidente de Francia, François Hollande, aseguró ayer que su país “solo tiene una política penitenciaria” y que “no habrá excepciones para los presos de ETA”. Las peticiones individuales que puedan existir, según Hollande, serán tratadas "conforme a los criterios generales", porque Francia actúa de forma "extremadamente vigilante" para evitar que se puedan crear malentendidos.
El Gobierno español, por su parte, ya ha adelantado que estudiará caso por caso y se ha remitido a la ley para aclarar que el procedimiento prevé que intervengan la fiscalía, el juez de lo Penal y el de Vigilancia Penitenciaria para aprobar cada expediente.
Sin embargo, la cifra de presos etarras encarcelados en Francia que han pedido su traslado a cárceles españolas no pasa de media docena. La razón es que el traslado al Estado español no les garantiza un acercamiento a las prisiones vascas.
Las leyes del PSOE y PP sobre los presos
La Audiencia Nacional está generalizando los permisos para los reclusos que cumplen con lo dispuesto en la ley: rechazo de la violencia, pedir perdón a las víctimas, pago de las indemnizaciones civiles. Es decir, los acogidos a la llamada vía Nanclares.
La ’Vía Nanclares’, es un procedimiento impulsado en la anterior legislatura con el PSOE en el Gobierno, según el cual se pretende una reinserción de los presos que repudian a la banda y expresan su rechazo al terrorismo. Fue inaugurada en 2009 durante el Gobierno socialista y a ella se acogieron en esos meses poco más de una docena de reclusos. Cuando el Partido Popular ganó las elecciones en noviembre de 2011, la Administración penitenciaria cerró la vía. Para los presos de la vía Nanclares se complicó a partir de ese momento la obtención de permisos, entre otras prohibiciones más.
Durante los últimos meses, los jueces han ido desbloqueando la situación de estos presos.
No obstante, hace tres meses el Tribunal Supremo abrió una vía que podría afectar a decenas de presos, ésta propone la posibilidad de que se descuente el tiempo cumplido en Francia de la condena efectiva en España.
Los tribunales se han encontrado hasta el momento con la oposición de Instituciones Penitenciarias (dependiente del Ministerio del Interior) y de la Fiscalía, que recurre casi sistemáticamente cualquier beneficio penitenciario que se concede a los presos políticos. Hasta el momento, la actitud del Gobierno ha sido la de bloquear cualquier medida que pueda interpretarse como una concesión.
Rajoy ha atendido las exigencias de las asociaciones de víctimas para que no se conceda ningún beneficio penitenciario a presos de ETA y así se mantendrá hasta el final de la legislatura.
Por su parte, la eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco, Izaskun Bilbao, alertó a las instituciones europeas sobre la modificación que el PP pretende introducir en el Senado, para evitar que las penas cumplidas por presos de nacionalidad española en otros Estados de la Unión, computen a efectos de ejecución de condena en España.
La persecución por parte del Gobierno no sólo es firme a nivel legal e institucional con los presos políticos vascos, sino que también avanza sobre los presos que ya han cumplido sus condenas y están en libertad. Y en esta línea, es que el PP plantea que los condenados por "delitos de terrorismo", pese a que hayan salido de prisión tras purgar su pena, no puedan trabajar como profesores en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, incluso entre 6 y 20 años después de haber recobrado la libertad.
Con varias enmiendas, el PP pretende tipificar esa posibilidad para incluirla en el Código Penal que actualmente está en reforma. Código penal en el que ya está tipificado como “adiestramiento pasivo”, el "enaltecimiento del terrorismo", especialmente vía internet.
La respuesta del Gobierno vasco y las movilizaciones en la calle
El Gobierno vasco presentó en octubre de 2014 el programa Hitzeman (Dar la palabra), una versión mejorada de la denominada vía Nanclares; así como ha presentado recientemente una propuesta para "retornar" a la normalidad "penal y penitenciaria" tras el fin de ETA que consta de 20 medidas. Entre ellas, algunas que no requieren modificación legal alguna, como la transferencia de prisiones o el acercamiento de los presos políticos a cárceles cercanas a su domicilio; y otras que demandan una modificación legal, como la supresión del delito de enaltecimiento del terrorismo. El Gobierno vasco quiere abrir un diálogo sobre esta materia con el Gobierno español, con los operadores jurídicos, los grupos parlamentarios y agentes sociales. Un diálogo para el que este documento es su punto de partida y referencia.
Después de 25 años de dispersión la respuesta en la calle no se hizo esperar. El 29 de noviembre, día de las marchas por la dignidad, miles de personas se manifestaron en Bilbao para pedir la puesta en libertad de los presos de ETA gravemente enfermos y los que han cumplido 70 años. El parlamentario vasco Julen Arzuaga de EH Bildu, declaró la necesidad de denunciar la política penitenciaria criminal que se aplica a los presos políticos vascos.
La plataforma ciudadana en defensa de los derechos de los presos políticos, Sare (red) ha realizado un llamamiento a llenar las calles en la ya histórica convocatoria que se celebra cada año el 10 de enero, para pedir el fin de la dispersión ahora, bajo el lema “Euskal presoak, Euskal Herrira. Los presos de Euskal Herria, ahora, now, maintenant, orain!” Sare apuesta porque los diversos agentes internacionales se muevan también en contra de la vulneración de derechos de los presos políticos. Y en esta línea han editado 500.000 libros sobre la dispersión.
