La empresa oligopólica que concentra marcas líderes en harinas, aceites, galletitas y demás alimentos, formadora de precios que aumentan la inflación, dice que le debe esa suma a 35 bancos. Y afirma que, para “asegurar la continuidad de sus actividades” y “proteger a sus más de 3.000 trabajadores”, debió presentarse en concurso preventivo de acreedores.
Jueves 2 de septiembre de 2021 13:30
Molino Cañuelas , empresa que concentra marcas líderes de alimentos como 9 de Oro, Pureza, Cañuelas y Mamá Cocina, entre otras, anunció en un comunicado que se presentará en concurso preventivo de acreedores.
Si bien es una de las firmas que gobiernan el mercado alimenticio argentino y forma los elevados precios que la población trabajadora se ve obligada a pagar en supermercados, almacenes y quioscos, los dueños de Molino Cañuelas hace años vienen maniobrando fraudulentamente para no perder ni un peso a costa de sus trabajadoras y trabajadores.
En el comunicado la patronal detalló que con el concurso preventivo de acreedores “busca proteger sus activos, los puestos de trabajo directos e indirectos de la empresa y los intereses de los propios acreedores, manteniendo su estructura productiva y asegurando su continuidad operativa en todas sus plantas y establecimientos industriales y comerciales”.
Según la versión empresaria, en la última década la firma “llevó adelante un importante plan de inversiones, el cual, en gran parte, se cancelaba con un mecanismo de capitalización de la compañía en los mercados bursátiles local y del exterior mediante una Oferta Pública de Acciones, pero la alta volatilidad que se registraba en ese momento en las principales bolsas del mundo y la performance económica negativa de la Argentina redundaron en una falta de interés de los mercados que obligó a la Compañía a desistir del proceso”.
La compañía agrega que “la nueva turbulencia financiera registrada en el país en agosto de 2019, y la abrupta devaluación de la moneda local, sumado a la crisis mundial por el Covid-19 en 2020 y las dificultades propias que esto generó en la Argentina” provocaron “un nuevo e inevitable cambio de escenario” y que por eso “algunos bancos” acreedores decidieron retirarse de conversaciones para acordar.
Según la propia versión de la empresa, la deuda total ascendería a unos US$ 1.400 millones con 35 bancos nacionales e internacionales. La gerencia había dicho al diario La Nación en 2020 que la situación financiera es “parecida a la de Vicentin”.
Que Molino Cañuelas afirme que quiere “proteger los puestos de trabajo”, no es novedad que los concursos preventivos de acreedores son maniobras patronales tendientes a purgar las cuentas gerenciales. Nada que tenga que ver con el trato que esas mismas gerencias tienen para con las trabajadoras y los trabajadores a quienes explotan.
Te puede interesar: Septiembre de 2016: Despidos y paro total en Molino Cañuelas
Te puede interesar: Septiembre de 2016: Despidos y paro total en Molino Cañuelas
Como lo ha reflejado en los últimos años La Izquierda Diario, Molino Cañuelas ha cerrado plantas y despedido a obreros y obreras sin empacho, mientras sus ganancias nunca dejaron de aumentar.
Te puede interesar: Agosto de 2018: Molinos Cañuelas y un fraude contra los trabajadores
Te puede interesar: Agosto de 2018: Molinos Cañuelas y un fraude contra los trabajadores
Las crisis económicas capitalistas suelen ser buenas “oportunidades” para las patronales que, con la excusa de que ganan menos o incluso “pierden”, recurren a artilugios legales para salvarse a costa de que sus crisis las paguen otros, principalmente sus trabajadoras y trabajadores.
Hoy, mientras empresas como Cañuelas no tienen empacho en reconocer que hicieron pingües negocios mientras se endeudaban exponencialmente, el conjunto de la burguesía habla de la necesaria “reforma laboral”, que no es otra cosa que flexibilizar las condiciones de trabajo y abaratar el “costo” de despidos y reestructuraciones.
Del lado del Estado, lejos de plantear la apertura de los balances de esas empresas en “crisis”, lo que se hace es dejar correr a las patronales con sus “concursos preventivos” y “quiebras”, es decir que fraudes que les permitan achicar sus deudas y despedir sin culpa. Así lo demostró el Frente de Todos en el caso de Vicentin.
La apertura de los libros de contabilidad, la prohibición de despidos y, ante el cierre de fábricas, la expropiación y estatización con puesta a producir bajo el control obrero, resultan medidas elementales.
