Actualidad. Frena Morena iniciativa para la reducción de la jornada laboral

La discusión sobre la reducción de la jornada laboral que se ha venido dando en el Congreso de la Unión es uno más de los aspectos relacionados con la reforma laboral que se viene implementando a nivel nacional.

Finalmente, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen con la propuesta de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que establece 48 horas de trabajo a la semana, para reducirlas a 40.

Es bien sabido que México es de los países con más horas de trabajo al año. Su promedio de 2 mil 137 horas de trabajo al año es el más alto entre los países integrantes de la OCDE, que promedian mil 730 horas de trabajo en el mismo lapso.

La iniciativa presentada originalmente por Movimiento Ciudadano, planteaba un recorte de 13 horas a la semana, para quedar en 35 horas laborales. A partir de ahí se presentaron otros proyectos que variaban en la cantidad de días laborales propuestos y otros aspectos.

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El jueves 20 de abril, la Comisión del Trabajo del Senado de la República realizó un foro sobre el tema con representantes sindicales, empresariales y de la sociedad civil. Durante los debates, en referencia a los 8 proyectos de reforma en materia de jornada laboral, Eduardo Ocampo, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), aseguró que el país “no está preparado para la aplicación de una medida de este tipo”.

Por otro lado, tanto la bancada de MC que impulsó la iniciativa, como la diputada Susana Prieto (Morena) y Pedro Vázquez González del Partido del Trabajo, aseguraron que esta reforma es “necesaria para que las y los trabajadores puedan ser más productivos, pasando más tiempo con sus familias”, tomando en cuenta las consecuencias físicas y emocionales de las jornadas largas y extenuantes de trabajo que imperan en el país.

¿Se pueden conciliar los intereses empresariales con los de la clase trabajadora?

Los diputados que impulsaron la iniciativa se esforzaron por convencer de ella refiriéndose a los “beneficios” que traería para los empresarios que sus trabajadores gozaran de más horas libres, argumentando que, al estar más descansadxs, éstos podrían rendir más e incrementar la productividad de las empresas.

En ese sentido cabe preguntarse: ¿la reducción de la jornada laboral solo puede darse si complace a los empresarios? Está claro que en este proceso, los partidos del Congreso buscan convencer a los patrones para que éstos permitan una reforma de este tipo.

Sin embargo, la respuesta empresarial fue contundente: “no estamos preparados”, escudándose en la crisis agravada por la pandemia -aunque las grandes empresas recuperaron sus ganancias en menos de un año-, o en las supuestas “afectaciones” que sufrió el empresariado con la regulación del outsourcing, que dicho sea de paso no fue eliminado sino solo limitado, además de que a cambio se redujo el pago de utilidades a los trabajadores.

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Sabemos que las largas jornadas de trabajo tienen un impacto negativo en la clase trabajadora y sus familias, provocando en muchas ocasiones separaciones, daños en su salud o adicciones (hay infomerciales del gobierno que hacen alusión a que hay quienes consumen drogas para mantenerse despiertos en el trabajo), lo cual tiene repercusiones en la degradación de las relaciones sociales.

Por otro lado, las clases poseedoras, en el terreno legislativo y en la realidad de cada centro de trabajo, no están preocupadas por nuestra salud e integridad, sino porque el trabajo realizado sea barato y productivo.

Hay que destacar que, en la sesión pública de la comisión que discutió el dictamen de la iniciativa, no se tocó el tema del salario (cabe señalar lo difícil que es, para un trabajador común, acceder a las actas de acuerdos que se han ido tomando desde el pasado 27 de marzo), lo que con toda probabilidad signifique que la reducción de la jornada laboral implicará también reducción del salario.

A ello, los socialistas revolucionarios que militamos en el MTS le oponemos la necesidad de luchar por la reducción de la jornada laboral a 6 horas, cinco días a la semana, pero sin reducción salarial, y que por el contrario el salario aumente por arriba de la inflación y se incremente automáticamente de acuerdo con la misma.

Por otra parte, en la propia sesión de la comisión de Puntos Constitucionales se planteó el problema de la “aplicación real” de la reducción de la jornada laboral en los centros de trabajo. Desde nuestro punto de vista, no podemos confiar en que nuestros derechos se respeten simplemente por que se plasmen en el papel, lo que en este caso ni siquiera se ha hecho, sino que es necesario que se garanticen con la movilización en las calles, ya que sabemos que de hecho los empresarios no cumplen lo que no les conviene.

Pensamos también que los intereses y necesidades de las y los trabajadores, contrario a lo que se nos quiere hacer creer desde el gobierno, los medios de comunicación masivos o las academias, no se pueden conciliar con la voracidad de ganancias que tienen los empresarios.

Si se intenta, como ahora con la reducción de la jornada laboral, siempre es sin preguntarles ni tomar en cuenta a lxs trabajadorxs, pues los burócratas sindicales que asisten a los diálogos o negociaciones no consultan a las bases de sus organizaciones. En el caso de esta reforma, de concretarse probablemente implicará ’compensaciones’ para las patronales; para que éstas después, con el poder de decisión que tienen dentro de sus propiedades, puedan disponer de nuestros tiempos libres si no hacemos algo por detenerlos.