Frente a la crisis, repartamos las horas de trabajo con salarios que alcancen

El pasado 30 de marzo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó la aprobación de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, que entre otras cosas incluye el paro de actividades no esenciales en los sectores público y privado.

Las actividades esenciales que se mantienen en funcionamiento incluyen, entre otros ámbitos: el área de los servicios de salud; los que se consideran necesarios para el funcionamiento de la economía (producción de alimentos, producción de artículos de limpieza, transporte, supermercados, abastecimiento de servicios básicos, telecomunicaciones, centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, servicios funerarios, entre otros) y; los que permiten la repartición de programas sociales del gobierno.

La declaratoria de esta emergencia que alude al llamado de “quédate en casa, quédate en casa” y lo que presentan como la última oportunidad para contener la pandemia, ha despertado distintos cuestionamientos sobre las posibilidades reales de su aplicación. En primer lugar por los más de 30 millones de personas en México que forman parte del “empleo informal”, quienes en amplios sectores viven al día y la cuarentena simplemente no es una posibilidad que les permita que sus familias puedan comer.

En segundo lugar, por los miles de patrones que están violando esta declaratoria obligando a sus trabajadoras y trabajadores a asistir a pesar de no estar en la lista de actividades esenciales.

Pero hacia los centros de trabajo que conforman las actividades esenciales también se abre cuestionamientos. Son sectores compuestos por millones de trabajadoras y trabajadores, muchos de ellos laboran en condiciones muy precarias, como quienes trabajan en los supermercados ganando en su mayoría menos de 4 mil pesos mensuales, con horarios de 10 horas al día y donde abundan las denuncias por laborar horas extras sin pago. No es distinto en el sector de producción, por ejemplo, en Sigma Alimentos (Fud, Yoplait, etc.) o Bimbo, donde el salario tampoco rebasa los 4 mil 500 y tienen una jornada igual de larga.

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Hoy su condición de precarización es un riesgo inminente, muchas de las personas que laboran en los sectores esenciales no tienen los insumos para su protección.

Ante el Covid-19: proteger a trabajadores esenciales

Las jornadas extenuantes y la carga laboral a la que trabajadores de este sector están sometidos en sí mismas son ilegales, violan los derechos laborales y vulneran la salud de las personas trabajadoras, limitando su posibilidad de descanso, esparcimiento y convivencia con sus seres queridos así como imponiendo altos niveles de estrés.

Sin embargo, dichas jornadas se vuelven más graves y riesgosas en el marco del desarrollo de la pandemia del Covid-19, donde se requieren los máximos niveles de cuidados, no sólo en el ámbito del distanciamiento social, el uso de cubrebocas, gel antibacterial y guantes -que trabajadores han denunciado no están siendo garantizados en todos los centros laborales ni en los hospitales mismos -, sino también los hábitos de descanso y alimentación que son claves para mantener un sistema inmune capaz de hacerle frente a la infección.

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Para proteger al sector que trabaja en sectores esenciales es elemental:

• en primer lugar, que se brinden insumos necesarios;

• la creación de comisiones de seguridad e higiene por medio de asambleas democráticas de la base que discutan las condiciones necesarias para su cuidado;

• el testeo (pruebas masivas) para poder aislar y dar tratamiento a cualquier persona enferma, aún asintomática, y así evitar la propagación, y,

• al mismo tiempo, brindar condiciones de trabajo óptimas, como el recorte de la jornada laboral y el aumento del salario al costo real de la canasta básica.

Reducir y repartir las horas de trabajo

Como Movimiento de los Trabajadores Socialistas hemos levantado previamente la demanda por la reducción de la jornada laboral, planteando la necesidad de repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y manteniendo los salarios con un mínimo que permita cubrir los costos de la canasta básica y ajustarlo a los niveles de inflación.

Para ello hemos explicado cómo el nivel de avance e innovación tecnológica ha permitido reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía o implementar un servicio, es decir, cada vez somos capaces de producir más en menor tiempo. Sin embargo, aunque esa es una realidad, durante las décadas neoliberales las jornadas de trabajo han tendido a ampliarse de la mano de la precarización laboral y el trabajo en negro, o “informal”.

Uno de los elementos para explicar esto es que el desarrollo tecnológico no se pone en función de disminuir la carga de trabajo sino que es utilizado para amenazar e infundir temor a las personas trabajadoras de la posibilidad de la pérdida del trabajo debido a la automatización de la producción, es decir, la ocupación de sus funciones por “robots”. Esto lleva a la aceptación de condiciones de trabajo cada vez más precarias -como tendencia- con tal de no nutrir las filas del desempleo.

Como ejemplo, recientemente se denunciaron las amenazas a las taquilleras del metro de despido por la instalación de máquinas de recarga, pero también se ve claramente en el crecimiento del “modelo Uber” en donde la flexibilización del trabajo se muestra con gran claridad.

Esta tendencia referida al desplazamiento de la mano de obra por máquinas y tecnología Marx la denominó “aumento de la composición orgánica del capital” y lleva a la producción de mayor riqueza en menos tiempo pero con una mayor concentración pues las empresas que no logran integrarse a dichos ritmos de producción son desplazadas de la producción y los mercados.

A su vez, el desplazamiento de la mano de obra genera una población “relativamente excedentaria” que se convierte en una palanca para la acumulación capitalista, esto es conocido desde el marxismo como el “ejército de reserva” que a su vez no deja de estar a disposición del capital. En ellas se incluyen todas las personas en edad productiva semiocupadas o desocupadas.

Lo que hace esta sobrepoblación relativa es ejercer presión para la extensión e intensidad de la jornada laboral y una presión a la baja de los salarios. Se traduce en lo que las personas trabajadoras escuchamos constantemente “esperando tu puesto de trabajo hay una fila que no se va a quejar por nada, que sí quiere trabajar”, obligándonos a aceptar las peores condiciones y las violaciones a los derechos laborales.

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La realidad hoy es que millones de personas laboran sin reconocimiento de derechos y aún más sin que su salario les alcance para cubrir el costo de la canasta básica familiar, que en México está valuada en 16 mil pesos.

La innovación tecnológica debe estar al servicio de la repartición de las horas laborables entre ocupados y desocupados; lo que permitiría reducir progresivamente la jornada laboral sin disminución del salario. Pero la organización de la producción no es racional, ello pasaría por cambiar la dirección de la producción -que hoy solo está al servicio de la acumulación de inmensas ganancias por una minoría- y ponerla al servicio de las necesidades sociales.

En el marco de una realidad como la actual, el desarrollo de una pandemia que amenaza la salud de las y los trabajadores, es necesario pelear por ello. Ante la crisis no hay lugar para el lucro, para que millones tengan que cubrir jornadas y cargas extenuantes que vulneran su salud mientras millones más carecen de un ingreso para darle de comer a sus familias, en el marco de una crisis sanitaria en la que también arriesgan su salud.

El reparto de horas de trabajo entre ocupados y desocupados en sectores esenciales de la economía en este momento, con salarios que cubran al menos el costo de la canasta básica y se ajusten a la inflación, es una salida posible si son las necesidades sociales el norte de la organización de la producción.