Vicente Antonio Bermúdez Zacarías concedió la suspensión contra la extradición de Joaquín Guzmán Loera a EE.UU. y también negó una suspensión a Gildardo López Astudillo, por supuesto cambio de penal, sobre quien pesa la acusación de ser uno de los responsables de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa.
Martes 18 de octubre de 2016
Bermúdez Zacarías, de 57 años, fue ejecutado de un tiro en la nuca cuando salió a correr el lunes 17 de octubre por la mañana frente a su domicilio. Se dio a conocer un video de las cámaras de seguridad del fraccionamiento en el que residía el juez que muestra el asesinato.
Aunque inicialmente la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) tomó el caso, la Procuraduría General de la República (PGR) llevará las investigaciones, por orden de Peña Nieto.
Vicente Antonio Bermúdez Zacarías era juez quinto de distrito en materia de amparos y juicios civiles federales, con sede en Toluca, Estado de México.
En junio de este año había dado lugar a un amparo que admitía que carecía de fundamentos la denuncia contra el ecologista indígena Ildefonso Zamora, defensor de bosques. Así fue que Zamora salió en libertad en agosto pasado, tras nueve meses de prisión.
Además de los casos mencionados, intervino en el arraigo de Abigael González Valencia, El Cuini, uno de los principales líderes del cártel Jalisco Nueva generación. Su desempeño estaba vinculado con amparos y juicios civiles del ámbito federal, y con casos de lavado de dinero y de líderes de cárteles del narcotráfico.
Se trata de un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el gobierno y sectores del crimen organizado, que parece marcar la relación de fuerzas a favor de éste. El asesinato de este juez se da poco después de la emboscada en Sinaloa donde murieron cinco militares.
La respuesta del gobierno es ampliar el despliegue de marinos, militares y policías en todo el país, con la excusa del conflicto con el narco, para frenar así la protesta social, como lo ha exigido el empresariado.
En este perverso juego de poder, los grandes perdedores son la clase trabajadora y los sectores populares, quienes cargan con las nefastas consecuencias de la militarización: ejecuciones sumarias, incremento de feminicidios, desapariciones y desplazamientos forzados y torturas.
