La revista Proceso núm. 2015 publicó un reportaje con nuevas evidencias que marcan la implicación directa de autoridades estatales y federales en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre.
Lucía Rodríguez México D.F.
Martes 16 de junio de 2015
Como parte de la investigación realizada por la revista Proceso en colaboración con el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, se publicaron las documentos y testimonios que avalan las declaraciones realizadas por Ulises Bernabé García, quien el pasado 26 de septiembre fungía como juez de barandilla de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero y actualmente se encuentra en trámite de asilo para Estados Unidos.
Bernabé, en contradicción con las versiones oficiales ha afirmado que los normalistas nunca fueron llevados a la base policial donde él se encontraba, además de que nunca llegaron ahí policías municipales de Cocula, por lo que los normalistas no podrían haber sido entregados a Guerreros Unidos, quienes supuestamente asesinaron y cremaron a las víctimas.
De esta forma tanto agentes federales como militares habrían estado directamente involucrados en la desaparición y masacre de Iguala. La nota de Proceso afirma que los elementos utilizados para la investigación “revelan que la peor parte de los ataques contra los normalistas ocurrió cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), el 27 Batallón de Infantería y la Policía Federal estaban operando en las calles de Iguala.”
Nuevamente el ejército asesino
Las declaraciones del entonces juez municipal dicen que, en lugar de la llegada de los normalistas, a esas mismas horas un militar nombrado “Capitán Crespo” del 27 Batallón de Infantería de Iguala inspeccionó la base, junto con 15 soldados, durante 15 minutos para que después ésta quedara bajo control del subprocurador de Guerrero, Víctor León Maldonado, quien estuvo ahí hasta las 8am del día siguiente.
De acuerdo con los periodistas responsables del reportaje el “Capitán Crespo” corresponde a José Martínez Crespo, militar que acudió también al Hospital Cristina, donde amenazó a los normalistas heridos que se encontraban ahí. Dicha información revelaría que la intervención de las fuerzas represivas de esa noche estaría a cargo de los militares, lo que implica la responsabilidad directa de las instituciones federales.
Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) ha manipulado y ocultado información tratando de descargar toda responsabilidad hacia las autoridades y policía municipales, los familiares han exigido permanentemente investigar a todos los niveles de gobierno y directamente al 27 Batallón de Infantería para revelar los verdaderos acontecimientos.
El ejército que hoy nuevamente es responsabilizado de asesinatos y desapariciones, es aquél que perpetuó la masacre de Tlatlaya y Tanhuato. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto sigue impidiendo su investigación. Las nuevas evidencias que aparecen demuestran que, como se escuchaba en las marchas de 2014, el responsable de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa: ¡Fue el Estado!
