OPINIÓN // MÉXICO. Ayotzinapa, la verdad histórica: fue el Estado

Previamente, la misiva del procurador intenta descalificar la trayectoria pericial de los expertos, que ha sido un equipo reconocido a nivel mundial precisamente porque su pericia y técnica a través de los años les ha permitido justamente adquirir el conocimiento necesario para evaluar evidencias, aunque no tengan pericia en otras áreas de investigación. Toda la línea de investigación de la PGR parte de la hipótesis de que los normalistas fueron asesinados bajo el testimonio del supuesto confeso “El Cepillo”. Pero en ningún momento se parte de la presunción de la desaparición y por lo tanto la metodología no tendría que estar dirigida a acreditar la hipótesis de la PGR, ni mucho menos a que se buscaran evidencias de ello. Para la Procuraduría esta era la coartada política y “científica” perfecta para darle carpetazo al caso de los desaparecidos y lanzar su tan publicitada “verdad histórica” de los hechos.

1.- La PGR no desmiente el hecho de que los trabajos periciales se harían en conjunto desde que fue cerrado el acuerdo en Los Pinos para llevar adelante las investigaciones y donde se propuso al EAAF.

2.- No contradice el hecho de que el “hallazgo” de la bolsa con restos no se hizo en presencia de los peritos como parte de las diligencias conjuntas, sino que sólo lo realizó la Procuraduría. Lo cual no descarta que los supuestos restos hayan sido sembrados –como en larga trayectoria y experticia tienen las procuradurías del país-, aun y cuando uno de ellos fue identificado perteneciente a Alexander Mora Venancio. Por lo tanto no hubo cadena de custodia (preservación y constancia de la EAAF) de dichos restos, lo cual de facto los descarta como evidencia científica. Los peritos independientes desde comienzos de diciembre solicitaron al Procurador descartar estas evidencias físicas.

3.- Tampoco la Procuraduría objeta el hecho de que el basurero de Cocula ha sido reiteradamente incinerado a lo largo de varios años. Además el EAAF tomó conocimiento de una diligencia en el basurero de Cocula, el 15 de noviembre de 2014.

4.- El Procurador no refuta a los peritos cuando estos señalan que el basurero de Cocula estuvo abierto al público sin que se preservara el lugar ni se mantuviera cadena de custodia entre el 7 y el 27 de noviembre del 2014, o sea, más de 15 días, lo cual implica que no hubo cadena de custodia en el área y contaminación del área.

5.- Murillo Karam tampoco dice absolutamente nada respecto a que las muestras enviadas al laboratorio de Austria, hayan sido certificadas en presencia de los EAAF con cadena de custodia. Simplemente fueron expuestas como las obtenidas en el basurero, y por lo tanto, el resultado del análisis de la muestra difiere por ese solo hecho, de su origen, esto es, que el resto bien pudo haber sido obtenido de un lugar diverso al del basurero. Además el perfil genético de las muestras obtenidas tanto por la PGR como el EAAF difieren, por lo que pudo haber contaminación de la evidencia.

Además de lo anterior también en dicho basurero se encontraron restos óseos que no pertenecen a los normalistas. Aun así, las investigaciones fueron suspendidas sin que se hayan agotado todas las hipótesis posibles, ni mucho menos la colecta de evidencias, en pocas palabras, la “investigación” de la PGR es un fiasco que ignoró protocolos internacionales para realizar investigaciones periciales.

6.- Por último, desde el inicio de las investigaciones en la escena donde fueron baleados y asesinados los normalistas desde ahí, no hubo cadena de custodia por lo que toda la investigación en su conjunto es inválida, por lo que toda evidencia recogida desde ese momento de la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no tiene ningún valor científico, es decir, ya no es una evidencia como tal.

7.- Tampoco el dictamen del la PGR responde al asesinato y desollamiento de Julio César. Al respecto no hay ninguna investigación.

Uno de los elementos también clave es que EPN rompió el acuerdo público realizado con los familiares en Los Pinos. En conjunto, toda la investigación es violatoria de los derechos humanos más elementales de los desaparecidos, de las víctimas de la masacre de normalistas y de los familiares. Ello porque implica una violación al debido proceso para la investigación de los delitos, además, que como ya hemos mencionado repercute directamente en la tipificación de los crímenes que bajo ningún motivo consideran la desaparición forzada porque implica al estado y fuerzas armadas. De tal manera que el mantener lo sucedido en crímenes de orden común, permite al Estado eximir su responsabilidad y sanear a nivel nacional e internacional la imagen del Estado.

Cabe destacar un hecho no menor. Desde el momento en el que salieron los normalistas de la normal, fueron seguidos en tiempo real mediante cámaras de video concentradas en el llamado C4 (1), de tal manera que el gobierno sabía en tiempo real lo que estuvo aconteciendo, de manera que actuaron por lo menos de manera omisa y eso lo hace ya al Estado responsable de la desaparición y el crimen contra los normalistas, y por lo tanto un crimen de Estado.

El gobierno intenta dar “carpetazo” con los empresarios y las fuerzas armadas

Ante esta serie de sucesos, la política del gobierno de darle “carpetazo” al tema de Ayotzinapa busca evidentemente cerrar la crisis. Pero además, se busca pacificar el descontento generado, enfilando parte del descontento hacia las elecciones intermedias, al mismo tiempo que se profundizan los planes de entrega al imperialismo.

El cierre de filas entre partidos, empresarios, la iglesia, universidades y el gobierno de Obama, en torno al gobierno federal, implica también que el tema de las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya no siga profundizando el desprestigio del ejército. Por ello también recientemente el Secretario de la Defensa Nacional llama a darnos todos un abrazo aludiendo a que el ejército es parte del pueblo y que, por lo tanto, es injustificada la campaña contra este, porque afirma, se le quiere dañar a esta institución.

Ante lo sucedido, los padres de los desaparecidos acudieron a Ginebra a interponer ante el Comité Internacional de Desapariciones Forzadas la denuncia del caso y contra el Estado mexicano. Al mismo tiempo la misma ONU señaló en días pasados que el caso de desapariciones forzadas es una práctica común desde hace varios años, en donde el Estado mexicano tiene una enorme responsabilidad tanto por la participación de las fuerzas armadas como por la tolerancia a estos crímenes, que no solo quedan impunes, sino que simplemente no se investiga.

Organizarnos contra el régimen asesino del PRI-PAN-PRD

Por eso nada bueno podemos esperar de este régimen corrupto al servicio del imperialismo y la burguesía mexicana. Es necesario que las organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales, y de la izquierda mantengamos una política de permanente denuncia y de no confianza en este régimen asesino, es decir, una política independiente. Lo cual pasa por aglutinar al conjunto de estas fuerzas en un frente único por la lucha por la aparición con vida de los normalistas. Sumado a lo anterior, también es indispensable establecer una comisión independiente que investigue y emita un veredicto que le sea impuesto al Estado mexicano mediante la movilización de amplios sectores democráticos, obreros, campesinos, etc., por el juicio y castigo de los responsables, que implican al mismo Ejecutivo y al ejército. Sólo así también podremos pararle la mano al gobierno por la represión, la militarización del país y contra quienes siguen asesinado dirigentes y luchadores sociales, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos.

(1) El C4 es el centro nacional de monitoreo en tiempo real mediante cámaras de vigilancia en todo el país al que tiene acceso Seguridad Nacional, la Secretaría de Gobernación la PGR, el mando central del Ejército, las policías federales y locales.

Referencias:

Comunicado de el equipo argentino de peritos consultado en: http://aristeguinoticias.com/0702/mexico/peritos-argentinos-ponen-en-duda-la-verdad-historica-de-la-pgr-sobre-ayotzinapa/

Boletín de prensa PGR:
http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol15/Feb/b03615.shtm