Libertades Democráticas. Fueros de clase

A pocos días de cumplirse los 10 años de la desaparición de Julio López, los pedidos de beneficios del genocida Etchecolatz y el intento de silenciarnos de Blaquier. La impunidad contra la que seguimos peleando día a día.

¿Qué es la impunidad? Esta pregunta cobra más peso y densidad cuando la hacemos ligada a la desaparición de Jorge Julio López, testigo y víctima del genocidio que sobrevivió a los centros clandestinos de detención al mando de Miguel Osvaldo Etchecolatz y Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires. Julio, un albañil que estuvo secuestrado y detenido en diversos campos del denominado “Circuito Camps”, testificó contra Etchecolatz en el año 2006 brindando un testimonio clave para su condena. El día que iban a escucharse los alegatos Julio desapareció por segunda vez, hace 10 años ya.

Como una de sus abogadas, durante años denuncié a los responsables de su desaparición y pero también el encubrimiento del kirchnerismo, que llegó al colmo con Aníbal Fernández ironizando con que estaba en la casa de su tía. Scioli le dió más poder a la Bonaerense, incluso ascendiendo a quienes fueron parte del encubrimiento por su secuestro.

Hasta el día de hoy nada sabemos de él, mientras Etchecolatz pugna por obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Quiere irse a su casa. Esta es la impunidad contra la que seguimos peleando día a día.

Pero no sólo los pocos militares condenados por sus crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y los miles que siguen libres ostentan sus exigencias de impunidad y “beneficios”. Con especial ahínco los empresarios -verdaderos ideólogos del golpe cívico militar- pretenden seguir actuando impunemente pidiendo silencio a quienes seguimos denunciando que los grandes grupos empresarios no fueron cómplices del golpe, sino sus instigadores y beneficiarios.

Días atrás recibí en mi despacho del Congreso de la Nación una carta con membrete de la empresa azucarera Ledesma, firmada por Eduardo Nogués, responsable legal de la firma, en la que se me solicita que “evite hacer afirmaciones sin sustento”, sobre la vinculación de Carlos Pedro Blaquier con los hechos de La Noche del Apagón, de julio de 1976, cuando decenas de trabajadores de la azucarera jujeña fueron secuestrados y desaparecidos.

Se refiere a mi intervención en la sesión del 22 de junio de este año en que dije en el recinto que “en la Argentina no sólo hay fueros parlamentarios, sino también hay fueros de clase; porque hay empresarios como Blaquier de Ledesma que hasta participaron de un genocidio y están absolutamente impunes”.

Blaquier me exige que no vuelva a decir en el recinto que él ‘tiene fueros de clase’ (en referencia a la impunidad de la que los empresarios siguen gozando cuarenta años después) o que lo relacione con el genocidio, cuidando su ‘buen nombre y honor’. Su carta intimidatoria me recuerda a otra en la que el Tigre Acosta, genocida condenado por la desaparición y asesinato de Rodolfo Walsh, decía, durante el juicio, que lo ‘sometía al escarnio’. Escarnio era la ESMA. O el Apagón genocida en Jujuy.

La nota contiene además términos y expresiones propias de los defensores de los militares: considerarse víctimas de una justicia que los persigue y no les brinda garantías. Algo que no resiste ni el menor de los análisis sobre los juicios a los genocidas. Dicen: “las causas seguidas por el Dr. Blaquier y el Ing. Lemos estuvieron plagadas de irregularidades y arbitrariedades que lesionan las garantías de defensa en juicio y de debido proceso...” y sigue un relato de chicanas por las cuales pretenden que debería haberse anulado todo lo actuado. Recuerda a las cartas de abogados de represores de la dictadura que publica a diario La Nación.

Mis compañeros del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos publicaron una declaración en la que expresan que “el sugestivo ‘pedido’ por parte de uno de los hombres más poderosos del país, emblema del rol que ocuparon los empresarios durante la dictadura, es lisa y llanamente una amenaza. No podemos abstraer esta carta del conjunto de señales que el Gobierno de Cambiemos, sectores del Poder Judicial y defensores de genocidas están dando a favor de la impunidad a los que fueron parte del genocidio en nuestro país”.

Tampoco es casual que esta advertencia se produzca en momentos en que venimos denunciando fuertemente que Jujuy, la provincia donde Blaquier sigue siendo amo y señor, se ha convertido en un laboratorio de la impunidad y la represión.

No estamos hablando de temas aislados, la impunidad los rodea a todos ellos, pero al mismo tiempo nos llena de fuerzas para seguir peleando y movilizarnos por justicia para Julio López a 10 años de su desaparición y para que los responsables civiles y militares del genocidio no queden impunes, para que asesinos como Etchecolatz no puedan irse cómodamente a su casa. Sepan que no vamos a callarnos.