La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó este viernes del fuerte aumento del número de líderes sociales asesinados en Colombia, ya que se han registrado 51 casos sólo en los primeros cuatro meses de este año.
Viernes 10 de mayo de 2019 13:19
Mientras que el gobierno del derechista Iván Duque encabeza el apoyo externo a la injerencia golpista en Venezuela bajo el argumento de la violación a los derechos humanos, en su propio país rompió el récord de asesinatos a dirigentes políticos de los últimos años.
Duque, que se encuentra jaqueado por una serie de luchas en todo el país que incluye a los trabajadores públicos, de la salud y la educación, estudiantes, campesinos y pueblos originarios, llegó al poder como la mano derecha de Álvaro Uribe, que fue investigado por sus lazos con paramilitares.
Durante años y con la excusa de la guerra contra la guerrilla, las bandas paramilitares respaldadas por las fuerzas armadas y los gobiernos de turno llevaron adelante verdaderas masacres contra dirigentes sindicales, campesinos y sociales.
Esta práctica que había registrado una disminución durante los últimos años al calor de las negociaciones e integración al régimen de las FARC, se volvió a disparar desde 2018 según un informe de la ONU.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó este viernes que se han registrado 51 casos sólo en los primeros cuatro meses de 2019, todos bajo el Gobierno de Duque.
"Estamos alarmados por el chocante número de activistas asesinados, acosados o amenazados en Colombia, y el hecho es que esta terrible tendencia parece empeorar", dijo el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville, en una comparecencia ante la prensa.
Este organismo, que hace un seguimiento de la situación en Colombia a través de su oficina en el país, comparó el número de víctimas desde inicios de año con las 115 registradas en todo 2018, cuando ya se hizo evidente el agravamiento de la situación.
Desde 2015, cuando 41 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados, el riesgo que afrontan no hace más que aumentar. Al año siguiente, 2016, 61 activistas tuvieron muertes violentas.
Colville denunció que se ha notado que el peligro para los líderes ha aumentado al hilo de campañas de estigmatización en su contra, especialmente contra aquellos que viven en zonas rurales, caracterizadas por la carencia de servicios básicos, los altos niveles de pobreza y los cultivos ilegales.
Estos números sin embargo podrían ser aún mucho más altos según el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que en 2018 ya había contabilizado el asesinato de 648 dirigente sociales en su informe “Violencia camuflada. La base social en riesgo”.
Los activistas que son blanco de violencia defienden las más diversas causas y entre ellos ha habido líderes de la comunidad afrocolombiana, de los indígenas, de los campesinos, de los LGBTI y por los derechos de las mujeres.
También han han sido asesinados ambientalistas, así como periodistas y políticos por sus denuncias.
Los líderes comunitarios son los más perseguidos y representan siete de cada diez asesinados.
Este incremento en los asesinatos deja al desnudo la hipocresía del Gobierno de Duque y de todo el Grupo de Lima, entre los que están Macri, Piñera y Bolsonaro, que participaron de reuniones en Colombia donde se cuestionó la situación en Venezuela, y se apoyó los intentos de golpe de Estado encabezados por Guaidó y Estados Unidos, bajo supuestos argumentos humanitarios y democráticos. Sin embargo ninguno de esos gobiernos cuestionó los brutales asesinatos de dirigentes sociales en Colombia, que encabeza el ránking de este tipo de crímenes en América del Sur.
