Desde la publicación del fallo de la Suprema Corte de Mendoza sobre prisiones preventivas, el gobierno de la provincia ha salido al cruce de la decisión del máximo tribunal e intenta que modifique su resolución.
Enrique Jasid @EnriqueJasid
Martes 29 de diciembre de 2015
El fallo de la Corte firmado por Palermo, Nanclares, Gomez y Pérez Hualde que se dio a conocer algunas horas antes de Navidad surge en el marco de un hábeas corpus presentado por los abogados de Xumex en el que advierten que uno de los motivos del hacinamiento de la población carcelaria es la enorme cantidad de presos sin condena y que solo están alli por orden de un fiscal.
El Tribunal ha reconocido que la situación de las cárceles mendocinas es paupérrima e inhumana. Lo mismo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuenta con varias sanciones a la provincia de Mendoza por estos motivos. En algunas penitenciarias se alojan hasta diez presos en lugares preparados para tres; un solo médico de guardia para mil reclusos; abusos del personal policial y violencia para con los internos; encierros celdarios de 23 horas, falta de condiciones de seguridad e higiene, entre otros elementos que hacen a una situación degradante dentro de las cárceles mendocinas.
A esta realidad se suma el crecimiento exponencial de la población carcelaria que ha aumentado un 40% en los últimos 7 años. Esto se debe a dos motivos centrales: por un lado la implementación de los juzgados de "flagrancia" y por el otro al alto porcentaje de presos sin condena.
En nuestra provincia hay 4367 personas privadas de la libertad, de las cuales el 85% está bajo jurisdicción provincial. De ellas, el 48% se encuentra sin condena a pesar de estar en la penitenciaría, cifra que también creció desmesuradamente pasando del 35% en 2010 al actual 48%. Para completar la estadística, Mendoza tiene una tasa de encarcelamiento de 232 cada 100 mil habitantes, muy superior a la nacional de 152,33.
Con esto se demuestra que el famoso slogan de "entran por una puerta y salen por la otra" no es más que un mito que intenta justificar políticas de demagogia punitiva.
Sin embargo, la situación es peor de lo que parece. El fallo resalta que no se estan cumpliendo los estándares mínimos de garantías que establece la Constitución y los Tratados Internacionales para al aplicación de la prisión preventiva. De hecho, gran parte de los presos sin condena, entre 800 y 1400 según la modalidad, no están bajo la figura de prisión preventiva que debe ordenar un juez de garantías, sino simplemente por resoluciones de fiscales que nunca dan traslado al juez correspondiente, es decir, sin control jurisdiccional, o por expedientes que duermen en los cajones de estos jueces.
El artículo 17 de la Constitución provincial, en sintonía con las normas internacionales, establece que "....nadie podrá ser constituido en prisión sin orden escrita de juez competente…".
Por ello, mas allá de que el Código Procesal Penal no lo establece explícitamente, la Corte ha dicho que los fiscales deben dar traslado a un juez de garantías dentro de las 24hs y éstos resolver dentro de los diez días el dictado o no de la prisión preventiva.
Vale recordar que la propia figura de detención preventiva es ampliamente cuestionada porque presupone vulnerar el principio de inocencia ya que se encarcela a un ciudadano sin haberse probado ni realizado el juicio que indique su responsabilidad. Por lo tanto, si ya es una violación a las libertades democráticas la utilización de esta figura procesal penal en los marcos de la ley, la aplicación de forma irregular como está sucediendo en Mendoza es directamente un aguijón que se clava en el “Estado de derecho”.
Lejos de solucionar el problema de la "inseguridad", estas prácticas solo son muy efectivas para las estadísticas de quienes se jactan de tener una política de mano dura. Un estudio de la Corte establece que el 60% de las prisiones preventivas dictadas no termina en condena, habiendo de esta forma privado de la libertad a una persona sin motivos.
Quienes alegan la imposibilidad de cumplimento son refutados con cálculos sencillos: los juzgados de garantías deberían resolver alrededor de diez prisiones preventivas por mes y las fiscalías no llegarían a cuatro, tomando como base las 757 solicitudes presentadas entre enero y septiembre de 2015 y la cantidad de juzgados o fiscalías existentes.
Contra estas mínimas garantías han puesto el grito en el cielo peronistas, radicales y macristas. El gobernador Cornejo realizó rápidamente una conferencia con Patricia Bulrich para tomar cartas en el asunto, y los primeros días de esta semana se reuniones con el Presidente de la Corte para presionar a una modificatoria del fallo, avallasando a la vez toda concepción de división de poderes y republicanismo que esbozaron en la campaña electoral.
Con este fallo impulsado por el Juez Palermo de Justicia Legítima, la Corte arma su propio juego de poder institucional, se lava las manos frente a nuevos estallidos sociales en las cárceles y se pone en la vidriera internacional con un fallo acorde a los pedidos de la Corte Interamericana.
Por lo pronto, en una reunión con Cornejo donde dieron el faltazo los jueces que armaron el fallo, el Presidente de la Corte Llorente ha prometido al gobernador que impulsaría una modificatoria, ya que él no fue uno de los firmantes. Las internas judiciales aparentan ser protagonistas en este nuevo período y nos recuerdan a los carpetazos y traslado del fiscal Carniello días después de imputar al ex intendente Lobos.
Mientras tanto, la única obstinación del Poder Ejecutivo es como dar por los aires a este fallo a pesar de que se continúe con una sistemática violación a los derechos humanos no solo en las cárceles y penitenciarias de la provincia, sino en la vida cotidiana donde cualquier ciudadano puede terminar preso por la sola decisión de un fiscal que no es sometido a ningún tipo de control.
Así las cosas, las cárceles las pueblan en gran parte los “ladrones de gallina”, cuando no inocentes, y viven la vida en la impunidad los que manejan el delito organizado como el narco, las redes de trata, los desarmaderos, los vaciadores de empresas o del Banco Mendoza, muchas veces en complicidad con el poder político, judicial y policial.
Verbitsky en Página12 muestra también la repercusión en el plano nacional donde las aguas se dividen y destierran del campo del progresismo a referentes del partido de Margarita Stolbizer como Millman que ha ido tras las botas de Bulrich criticando el fallo de la Corte mendocina porque cumplirlo implica gastos presupuestarios que quieren destinarlos a la emergencia en seguridad nacional.
