La tala de especies coníferas en el Parque Provincial Potrero de Yala dejaron al descubierto un saqueo y negocio ilegal de funcionarios radicales del Ministerio de Ambiente.
Lunes 12 de septiembre de 2016
A fines de agosto fue noticia que desde la Secretaría de Biodiversidad, a cargo del reciclado funcionario Lucio “Cayote” Giménez (UCR-Cambiemos), hermano del ex intendente radical de la capital jujeña, Hugo “Pajarito” Conde, se había ordenado la tala de al menos 80 árboles de especies exóticas (pinos). El accionar del funcionario no tuvo autorización ni mucho menos estudio ambiental autorizado según máximas autoridades del Ministerio de Ambiente para realizar la tala de árboles en el “Parque Provincial Potrero de Yala”, núcleo de la reserva de Biósfera de las Yungas.
Además, hubo denuncias de los pobladores del lugar, puesto que los funcionarios pretendían erradicar los criaderos de truchas en la localidad; una actividad productiva que data de muchos años atrás y es un identificativo de la mencionada zona.
La denuncia en principio fue presentada a los medios por el Comisionado Municipal de Yala, Santiago Tizón, (UCR-Cambiemos) a instancias de múltiples denuncias que hicieron los vecinos del lugar, al advertir que al atardecer se veían bajar grandes camiones con troncos de árboles cortados.
El Secretario de Biodiversidad que ordenó la tala de estas especies depende del flamante Ministerio de Ambiente, a cargo de María Inés Zigarán, creado apenas inició su mandato el gobernador radical Gerardo Morales en su “reestructuración” del Estado y apuesta por una “provincia verde”.
Algo que no se hace realidad como muestra también el caso del Parque Nacional Calilegua, en donde pese a una Ley elaborada por el Ejecutivo provincial bajo la promesa del cese de la explotación petrolera en el lugar, la misma aún continúa.
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Las primeras explicaciones brindadas por Giménez estaban basadas en que debían sacar las especies exóticas por lo que talarían todos los árboles con estas características; ya que no son especies locales y no tienen que estar.
En un primer momento y, a instancias de esgrimir una defensa a su accionar, brindó un informe -muy poco convincente- confeccionado por el guardaparques. Allí se afirmaba que gran cantidad de árboles cortados ofrecían un peligro latente por su estado y edad para los visitantes y las pocas construcciones del parque.
Giménez también aprovechó la ocasión para denunciar a la Ministra Zigarán y al Comisionado Tizón por la concesión de la hostería ubicada en el “Parque Provincial Potrero de Yala” que según él fue autorizada por ambos funcionarios a un gremio sin personería jurídica.
Rápidamente la Ministra de Ambiente, Zigarán, salió al cruce de las declaraciones de su Secretario y afirmó a los medios no haber tenido ningún conocimiento de lo ocurrido y que desconocía las acciones de los funcionarios bajo la órbita de su cartera.
Un gran negocio con recursos naturales de todos
Se supo después que al escándalo de haber talado especies protegidas de un parque natural, se le sumó el accionar delictivo de comercializar la madera a un aserradero privado de la localidad de Río Blanco. Operación que no fue registrada de ninguna manera, lo que hace más que evidente la intencionalidad de su comercialización ilegal y con fines particulares, y en ningún momento una supuesta preocupación por la naturaleza.
Por estos hechos, el Secretario Giménez, afirmó que las autoridades del Ministerio de la Producción, estaban al tanto de la venta de la madera extraída del Parque Provincial. Hasta el momento no hubo declaraciones de las autoridades de dicho Ministerio; tampoco de la Ministra Zigarán al respecto.
Según datos recabados y testimonios brindados por vecinos y personas ligadas al aserradero, este modus operandi data del mes de marzo aproximadamente. Un tiempo más que importante para que pasara desapercibido ante la mirada de las máximas autoridades del Ministerio de Ambiente.
Sin dar a conocer datos del propietario del aserradero que habría recibido la madera, desde el mismo Ministerio de Ambiente afirmaron que se trata de una suma en madera equivalente a los 150 mil pesos. Valores que hasta el momento no se ha dado a conocer en base a qué cálculos surgen.
En el marco del escándalo de corrupción de los funcionarios radicales desde el Ministerio Ambiente se dispusieron a recibir las renuncias del Secretario de Biodiversidad, Lucio Giménez; el director de Áreas Protegidas, Alfredo Lozano, y de la directora de Recursos Genéticos y Biodiversidad, Claudia Ancasi. De esta manera dieron por cerrado el episodio y elevaron los informes a la Fiscalía de Estado y ante la Oficina Anticorrupción.
Vale destacar que este es el primer hecho público de corrupción que involucra directamente a funcionarios del Poder Ejecutivo del Gobierno de Gerardo Morales; y se trata además de reconocidos miembros del centenario partido radical. Un accionar que es propio de la casta de políticos patronales que viven con sueldos de miles de pesos y utilizan la función pública para enriquecerse y hacer sus propios negocios. Aunque Cambiemos quiera mostrarse diferente, ellos también tienen sus propios “José López” –el funcionario de las valijas en el Monasterio-, por más que nos hablen de Cambio.
