Con una declaración pública, el Frente por la Democracia y la Defensa de los Trabajadores de las Universidades Estatales de Chile rechazó el proyecto que ingresará el gobierno la próxima semana. Los funcionarios alegan su exclusión de las decisiones de los planteles y la precarización de sus trabajos.
Viernes 26 de mayo de 2017
En medio del llamado a paro nacional de la Confech y otros actores sociales, y a días de la última cuenta pública del gobierno, los funcionarios de las universidades estatales se manifestaron en contra del proyecto que pretende regular a los planteles.
Entre los motivos del rechazo, los trabajadores destacan que se trataría de un proyecto antidemocrático: "al concentrar la toma de decisiones en un grupo reducido de académicos y al excluir a funcionarios, estudiantes y profesores por horas de clases de la elección de autoridades unipersonales" .
También se menciona que el proyecto: "Flexibiliza las relaciones laborales y perpetúa la inestabilidad en los cargos, toda vez que termina con la exigencia de las proporciones planta - contrata que establece el estatuto administrativo".
Antes del 1 de junio se dio plazo el Mineduc para ingresar el proyecto de ley que regulará a los planteles estatales. Este proyecto en conjunto con el de educación superior además del proyecto que pone fin al CAE, son las iniciativas con las que el ejecutivo pretende cerrar sus reformas a la educación superior.
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A continuación puedes revisar la declaración completa:
Declaración Pública
Estamos viviendo un momento histórico y altamente peligroso. El Gobierno ha anunciado un proyecto de ley para las Universidades Estatales que atenta contra los derechos laborales de los funcionarios y que amenaza las posibilidades de democratizar nuestra Universidad.
Las organizaciones nacionales de funcionarios de las Universidades del Estado de Chile rechazamos esta propuesta de ley porque:
1. Atenta contra la soberanía universitaria, al establecer que el órgano colegiado superior estará conformado mayoritariamente por representantes del medio externo.
2. Mantiene el modelo clientelar y segregador, al concentrar la toma de decisiones en un grupo reducido de académicos y al excluir a funcionarios, estudiantes y profesores por horas de clases de la elección de autoridades unipersonales.
3. Permite a la elite académica que gobierna nuestras Universidades ejercer el poder con menos controles, al liberar ciertos actos administrativos (compras y contrataciones) de la toma de razón de la Contraloría General de la República.
4. Elimina la protección y cobertura de la calidad de Empleado Público, ya que deja exentos a los funcionarios de la protección de la Ley de Bases de la Administración Publica (LOCBGAE).
5. Flexibiliza las relaciones laborales y perpetúa la inestabilidad en los cargos, toda vez que termina con la exigencia de las proporciones planta - contrata que establece el estatuto administrativo y exime de las directrices del Ministerio de Hacienda que permiten no desvincular arbitrariamente al personal a contrata.
6. El Estatuto Administrativo pasa a ser supletorio de un reglamento propio de cada Universidad que bajo las condiciones de falta de democracia es muy probable que contribuya a aumentar el poder y discrecionalidad del ejercicio de los Rectores.
Frente por la Democracia y la Defensa de los Trabajadores
de las Universidades Estatales de Chile