Nada más alejado de las declaraciones en defensa de los derechos humanos que la Universidad reproduce cada 24 de Marzo. La UNS viola la autonomía universitaria y se pone al servicio de la impunidad.
Jueves 24 de mayo de 2018
Este Martes se realizó una conferencia de prensa en la Sede del Rectorado en la que se anunció la apertura de la carrera de Licenciatura en Seguridad Pública. “Lo más importante es que el período de inscripción es del 1 al 30 de Junio” dijo Pamela Tolosa la directora decana del departamento de Derecho.
En la mesa de presentación resulta impactante ver a dos uniformados sobre las esquinas, una imagen que anuncia la entrada a la universidad de integrantes de las fuerzas represivas, atentando en primer lugar contra la autonomía universitaria, que establece que no pueden ingresar agentes de fuerzas de seguridad a las instalaciones de la universidad como lo indica la LES en su artículo 31:"La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida".
Como bien lo aclara el plan “podrán inscribirse como alumnos de la carrera los aspirantes que acrediten título en Técnico en Seguridad, Técnico Superior en Seguridad o equivalente, otorgado por instituciones educativas públicas o privadas, de nivel terciario no universitario, institutos de formación de las fuerzas policiales , de seguridad o del servicio penitenciarios o universitario”.
La rapidez con que fue votada y presentada en sociedad muestra la importancia que tiene para las autoridades de la universidad. La decisión de crear esta carrera fue acompañada por el voto unánime del consejo superior: las corrientes estudiantiles de Generación UNS; UNIDAD y Nueva Universidad por el claustro estudiantil, Lista Blanca, Línea PHI y Lista Universidad por el claustro docente. La velocidad con la que se crea contrasta con la suerte que corren Trabajo Social y Sociología, cerradas en la última dictadura militar y cuyas reaperturas son exigidas por docentes y estudiantes.
Los propios fundamentos para la creación de la carrera plantean abiertamente la vinculación entre la universidad y las fuerzas represivas. Queda claro en el texto oficial que la UNS “cuenta con experiencia en cooperación institucional con diversos organismos del Estado para brindar capacitación a agentes de las fuerzas de seguridad en los ciclos de formación previos a la Licenciatura”. Así, mediante los citados antecedentes, colabora con el ministerio de Seguridad a través de distintos convenios firmados en los años 2004, 2005, 2007 y 2014, todos bajo el kirchnerismo, para la formación de personal policial y técnico de las fuerzas represivas en sus distintos niveles: “En todas estas experiencias el Departamento de Derecho ha tomado a su cargo la mayoría de los cursos y talleres que se dictaron”.
Las “incumbencias” del modelo “LES”
Hace apenas unos días se hizo conocida una publicación del Boletín Oficial del Ministerio de Educación, que mediante la resolución 1254/2018, reduce la cantidad de actividades para el ejercicio de la profesión de 37 carreras universitarias.
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Es importante destacar que el ataque cuenta con el aval del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), del cual son parte los rectorados de las universidades nacionales; la UBA, la UNLP y también la UNS, junto a otras instituciones. Este es otro claro ejemplo de como los rectores administran y dejan pasar el ajuste en la educación superior, en vez de defenderla como dicen.
El cuarto saqueo histórico que planea el gobierno con la intervención del FMI no solamente necesita de la reducción del tan nombrado déficit fiscal, que va a impactar aún más en la educación pública, con recortes y presupuestos de asfixia, sino también necesita relegitimar el accionar represivo de la policía, la gendarmería y la prefectura para hacer pasar el ajuste. Los medios de comunicación impulsan una campaña fasistizante con personajes como Feinman a la cabeza, planteando que las FFAA tienen que volver a colaborar con la lucha contra el narcotráfico, lo mismo que hicieron al tratar a los trabajadores del SUBTE como criminales y mafiosos que merecían ser reprimidos y penados por la ley. Parece ser que la universidad también cumple su parte.
La impunidad continua, la lucha también
No hay que olvidar que en el 2016 el Senado aprobó un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Seguridad que crea dos nuevas figuras mediante las que legaliza la infiltración policial: el “agente revelador” y el “agente encubierto”. El “agente encubierto” permite que la policía envíe a sus agentes, con identidad oculta, a que se infiltren en las organizaciones consideradas criminales a fin de “identificar, detener o impedir un delito”.
¿Habrán olvidado Sabattini y las demás autoridades universitarias el rol nefasto que estas fuerzas represivas desarrollaron antes, durante y después de la última dictadura militar?. Todo parece indicar que no, ya que otro objetivo textual de la carrera es “rejerarquizar la función de los miembros de las fuerzas de seguridad”. El rechazo a que esta carrera comience a dictarse en las instalaciones de la UNS también tiene que ver con reconocidos antecedentes. Más allá del repetido énfasis en el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho, en ningún momento se nombra siquiera la última dictadura militar.
La decisión de las autoridades de la UNS y del departamento de derecho de mantener en funciones hasta último momento al ex Juez Montezanti -quien aparecía vinculado en las declaraciones de testigos en operativos de secuestros y torturas- es una muestra más de la complicidad que supieron mantener, garantizando la impunidad del golpe militar. ¿Habrán olvidado las autoridades universitarias que en el 2015 el mismo Montezanti había logrado infiltrar a un policía para hacer espionaje sobre los estudiantes que se organizaron bajo la campaña "Fuera fachos de la UNS", mediante una medida judicial ?.
Plata la educación, no para la represión
Fue corto el relato del kircherismo sobre la Gendarmería como una nueva fuerza, que en principio no iba a ser utilizada para la represión social y que estaba despojada de todos los vicios de la corrupción que inundan a la Bonaerense. La sistemática represión a los trabajadores de Lear sobre la Panametricana a cargo de Berni fue muestra de eso, ni hablar de los casos de narcotráfico y delito organizado de la que también son parte. Los asesinatos de Santiago Maldonado y el de Rafael Nahuel, este último con balas de la Prefectura, muestran que tampoco es verídica la teoría de la “manzana podrida”: no hay buenas y malas “fuerzas de seguridad”.
Que las fuerzas represivas “caen en el delito” por una cuestión de “mala formación” es una falsa contradicción, y al mismo tiempo es una operación que borra la responsabilidad política de los intendentes, gobernadores y presidentes sobre el accionar de las mismas. Es importante destacar que el mismo intendente Hector Gay mantuvo reuniones junto a la decana de derecho, Pamela Tolosa, con el secretario de Seguridad de la comuna, Emiliano Álvarez Porte, y Tobías Schleider, asesor de la iniciativa, abogado y especialista en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Mar del Plata. [1]
La preparación que reciben estas fuerzas se ponen en juego en las represiones que descargan sobre la organización de las mujeres y personas LGTTBI como en los últimos Encuentros Nacionales de Mujeres, sobre los jóvenes cuando ingresaron en las universidades de Jujuy, CABA y Rosario y sobre los trabajadores, reprimiéndolos cuando se organizan contra los planes de hambre que votan y diseñan el gobierno y la oposición peronista, ahora bajo la mirada del FMI. Es novedoso ver que el nuevo programa para la carrera de Licenciatura en Seguridad Pública tiene un contenido de género que ningún profesorado tiene en toda la UNS, ahora ¿Para qué servirá el conocimiento que pueda brindar la ESI a los agentes si lo que ellos aplican es el Protocolo Represivo LGTBI?
Si la policía, la gendarmería y prefectura espían y se infiltran en las movilizaciones como lo vemos en Bahía, si dirigen desalojos como los de Villa Delfina o reprimen a los trabajadores como lo hicieron con los pescadores de Ing. White en 2009 en defensa de las empresas del puerto, si persiguen y amedrentan a la juventud y abusan de su poder en cada mini razzia que hacen sobre los colectivos, si torturan y asesinan jóvenes producto del gatillo fácil y la brutalidad policial como lo hicieron con Giuliano Gallo y Sebastián Bustos y si son parte del crimen organizado como el narcotráfico y la trata de personas, no es porque les falte educación.
Son parte de una institución que cumple el rol de ser el brazo armado del Estado capitalista y sus gobiernos de turno. La policía, la gendarmería, prefectura y ejército no son un mal que pueda reformarse.
En primer lugar es necesario trazar una línea clara de independencia política de las autoridades y las fuerzas represivas para poder desarrollar una gran campaña junto a todos los organismos de derechos humanos de la ciudad en repudio a la decisión política del gobierno local y las autoridades de la universidad. Mientras dejan pasar el ajuste, plantean la incorporación de esta carrerca como un gran avance democrático cuando en realidad refuerza la impunidad de las fuerzas armadas desde la última dictadura militar. Una campaña que también los haga responsables ante cualquier posible “error” que los agentes encubiertos pudieran cometer sobre el activismo universitario, incluso aunque esta carrera no se ponga en funcionamiento, los antecedentes sobran y es sabido que las patotas de la triple A se manejaban en camionetas del rectorado cuando asesinaron a Watu.
Los centros de estudiantes tienen que convocar a asambleas y reuniones para poner al tanto al movimiento estudiantil de los ataques y sumarse a las asambleas interclaustro y interesudiantiles que se vienen realizando -la próxima el día 7 en la Escuela de Danza- para poder discutir cómo nos seguimos organizando y con qué programa derrotamos el ajuste y detenemos la incorporación de las fuerzas represivas a la universidad. No queremos policías, ni gendarmes, ni militares estudiando en la UNS, ningún sistema o base de datos compartidos entre la UNS y las fuerzas represivas, no queremos más cámaras de vigilancia. Le decimos fuera al FMI, no al pago de la deuda externa, que la plata se use para la educación, no para fortalecer la represión, fuera la LES y la CONEAU de la educación pública, ¡Abajo el recorte en las incumbencias!.
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[1] 1 Hasta diciembre de 2015 fue el director general del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED) de Mar del Plata, y actualmente se encuentra abocado en sus investigaciones al análisis delictual, a las políticas de seguridad democrática y a la gestión local de la seguridad y la justicia. Asimismo trabaja y ha trabajado como consultor internacional y asesor de instituciones públicas y privadas y organismos multilaterales en materia de políticas de seguridad democrática y análisis delictual, entre ellas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, el Fondo Europeo de la Unión Europea, la Friedrich Ebert Stiftung, el Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina, entre otros.
