Política. Gabinete de Gabriel Boric: ¿desde la Concertación hasta las “organizaciones sociales”?

El Partido Socialista ya estaría dentro del Gobierno. Según El Mostrador, la propuesta que más apoyo genera es la de trabajar con un “sistema de anillos” que permita a los partidos acceder a distintas cuotas de poder. El Partido Socialista sería el partido privilegiado de la ex Concertación. El nuevo presidente electo ya se juntó con su directiva. Esto generó el “desaire” de partidos como el PPD que exigieron juntarse personalmente con Gabriel Boric. El presidente electo accedió y adelantó su regreso a Santiago para hoy 31 de enero, a modo de gesto político. La Democracia Cristiana, por su parte, se debate en si debe llamarse oposición al gobierno y hacer alianza “desde el laguismo hasta Evópoli”, como propone Ignacio Walker, o ser un “colaborador” al gobierno.

En la Cámara de Diputados todos los partidos de la ex Concertación se unieron para negociar en bloque con Apruebo Dignidad. A cambio de votar a Karol Cariola como la presidenta de la Cámara, exigen que se les otorgue 3 años de presidencia a ellos. En la derecha también hay reorganizaciones (y recriminaciones). La pregunta que se hacen los dueños de Chile es cómo se deberá gobernar el país luego de los diversos resultados electorales, y por eso se intensifican las negociaciones, las repartijas de cargos y la exigencias de “señales de moderación” por parte de Gabriel Boric.

En esa tónica, el presidente se reunió con Ricardo Yáñez, Director General de Carabineros, hablando de necesidad de “reformas”; no “reestructuración” ni mucho menos “refundación”. Inmediatamente después, Giorgio Jackson negó que el nuevo Gobierno busque quitarle privilegios a Carabineros y Fuerzas Armadas.

¿Las dirigencias sociales se sumarán al “pacto de gobernabilidad”?

Pero no sólo Apruebo Dignidad y la ex Concertación. También se habla de integrar a dirigentes de organizaciones como Ukamau, Colegio de Profesores, No+AFP, Modatima, entre otras. Jorge Sharp, insistió en este punto, al plantear que el “campo de los independientes, de los movimientos sociales, de los pueblos originarios, de los territorios, de la organizaciones comunitarias que se movilizaron electoralmente en masa por el Presidente electo”, deben colaborar y deben ser incluidos en el esquema de Gobierno.

Sharp dijo que no se podía “mandar a la gente a la casa” como hizo Aylwin el ’89. Pero justamente lo que hizo la Concertación fue un “pacto de gobernabilidad” con organizaciones como la CUT, integrándolas al proyecto de la transición y cooptándolas al Estado, a cambio de asegurar la “paz social” con movilizaciones controladas y de presión. Se trata de un libreto que Gabriel Boric parece dispuesto a repetir. Todas las señales apuntan a que para gobernar apostará por “moderar las expectativas”, pasivizando y conteniendo las movilizaciones. Para eso ya cuenta con la colaboración de las dirigencias y burocracias sindicales.

Sin embargo, la derecha avanzó en la cámara de diputados y buscará limitar cualquier tipo de reformas. Para eso está abierta a discutir un “pacto tributario” como planteó Chahuán, presidente de Renovación Nacional, o negociar con el Gobierno como planteó Mario Desbordes. Están dispuestos a definir un “pacto tributario”, a cambio de que sea limitado y gradual y extender los pactos de invariabilidad tributaria con las grandes mineras. A su vez, los grandes empresarios siguen presionando por mayores restricciones fiscales, a lo que Gabriel Boric ya se comprometió.

Hipotecar la independencia política del movimiento sindical y las organizaciones sociales significa debilitar la lucha contra quienes quieren enterrar las demandas de la rebelión de octubre. Para enfrentar a los grandes empresarios y conquistar demandas urgentes como la rebaja de la jornada laboral, subir el sueldo mínimo, el aborto libre, legal, seguro y gratuito, necesariamente habrá que organizarse y luchar de manera independiente.

Eso significa prepararse y organizarse desde ya para luchar por demandas como la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre empleados y cesantes, un sueldo mínimo de $ 600.000 y que se reajuste según la inflación, el aborto legal, seguro y gratuito, por fin las AFP, salud y educación públicas y gratuitas, partiendo por la liberación efectiva de las y los presos de la revuelta y desmilitarización del Wallmapu. Y avanzar a la nacionalización de los recursos bajo gestión de trabajadores y comunidades para terminar con el saqueo y la destrucción del medio ambiente, en la lucha contra los grandes capitalistas y por un gobierno de las y los trabajadores.

Diversas organizaciones han presentado sus demandas a la Convención Constitucional a través de las “iniciativas populares de norma”, como el proyecto de “nacionalización de la gran minería del cobre, del litio y del oro”, el de “vida libre de violencia para mujeres, niñas y disidencias sexo genéricas”, la propuesta de los encuentros del Eje Sindical Constituyente o de la Coordinadora No+AFP, entre otras.

La campaña de firma puede ser un buen punto de apoyo para impulsar reuniones, coordinadoras y comandos en lugares de trabajo, estudio y territorios, abiertas a todas y todos los activistas y organizaciones. La acción de los principales sindicatos y organizaciones sociales no se puede reducir a que los dirigentes presenten propuestas a la Convención o al propio gobierno llamando a las bases a esperar lo que hagan quienes hoy tienen el poder. Impulsar una fuerte campaña de firmas para potenciar el proyecto de nacionalización de las empresas mineras, el de aborto legal, seguro y gratuito, y proponer a las organizaciones de DD.HH un proyecto para que la Convención en su articulado transitorio decrete la libertad de los presos políticos; aprovechando estas campañas para impulsar la coordinación y organización, es una de las principales tareas del momento, y pondremos todos nuestros medios a disposición de esta pelea.