Polémica fue la ordenanza de la actual edil de Antofagasta, la independiente de derecha Karen Rojo, que hoy ve su ordenanza paralizada por tribunales. Medida que con la que busca multar a las personas en situación de calle, vendedores ambulantes y trabajadores de las calles.
Martes 14 de noviembre de 2017
El mes de noviembre entró en vigencia la ordenanza municipal que multaría a las personas que hicieran "uso de espacios públicos de forma inadecuada", con una cifra que va desde 40 mil a 240 mil pesos. Esta medida, fue promovida por la alcaldesa bajo la excusa de "recuperar espacios públicos", la cual incluiría sanciones a diversas actividades a las que recurre la gente para obtener recursos de subsistencia, tales como limpia parabrisas, malabaristas o vendedores ambulantes.
Sin embargo, lo que más llamó al malestar de las personas en la ciudad, que se pronunciaron con marchas y campañas virtuales, fue la sanción a quienes se encuentran en situación de calle, de indigencia. Con respecto a esto, la alcaldesa señaló que "se ocupará criterio" para aquellos que no registran domicilio y que se encuentran en situación pobreza. No obstante, no habría claridad respecto a dichos criterios y quedarían a juicio de quienes realicen la sanción.
Debido al gran revuelo que involucró el rechazo de organismos estatales, Derechos Humanos, organizaciones sociales y numerosas entidades, junto a movilizaciones e incluso acciones judiciales en su contra, es que esta ordenanza se encuentra suspendida por el momento por los tribunales.
Frente a este debate, entrevistamos a Galia Aguilera candidata a diputada por la región de Antofagasta por el Partido de Trabajadores Revolucionarios (con la letra D-52), quien rechazó la ordenanza.
¿Qué te parece la medida adoptada por Karen Rojo?
Esta medida que intentó impulsar Karen Rojo en conjunto con algunos concejales principalmente del sector de derecha, de Chile Vamos, no hace más que criminalizar no sólo a quienes utilizan los espacios públicos como lugares de trabajo, sino que también a todos aquellos que viven situación de calle. De esta manera, criminaliza la pobreza, puesto que son personas que viven en condiciones muy precarias de vida. La medida es indignante, denigrante y escandalosa.
Se intenta tapar los verdaderos problemas sociales que vive la ciudad y que afectan al pueblo trabajador, como el desempleo, que ya alcanza 9% en la región, o los problemas de salud, vivienda y educación, pues todos los recursos están en manos de un puñado de grandes empresarios que se llevan las ganancias en millones de dólares. En vez de tocar a ellos y sus ganancias, Karen Rojo sirve a estos intereses empresariales, y quiere “limpiar” la ciudad de gente pobre y precaria criminalizándola.
¿Qué opinas de los criterios para aplicar la sanción?
La normativa está escrita de forma tan amplia que faculta a los inspectores municipales a fiscalizar y citar ante el juzgado de policía local, a todos quienes realicen cualquier actividad en lugares públicos que ellos consideren inadecuada. Es decir, estamos hablando de prácticamente cualquier manifestación o intervención.
Creo que esta es una forma de controlar lo que sucede en las calles de la ciudad, sin ningún otro fin más que "limpiar” y silenciar lo que a ellos parece estorbarles, en este caso la pobreza. Son gente en su mayoría de esfuerzo y trabajo, que no encuentra empleo ante las dificultades que hay. Más aún si consideramos que la mayoría del trabajo creado es “a cuenta propia”, en su gran mayoría trabajadores que no tienen otra opción que vender en la calle productos de todo tipo.
Si lo piensas bien, te preguntas ¿es esta una medida que soluciona el problema de fondo?, lo que hace es tapar la precariedad que existe en la ciudad, multando a gente que evidentemente no tiene para pagar un lugar donde dormir o comer. Es una medida brutal que castiga a los pobres.
¿Cuáles deberían ser las medidas a tomar frente a la situación de calle en Antofagasta?
Una multa no va a desaparecer el problema de fondo. Tenemos que hacernos cargo de estas personas, abrir casas de acogida y albergues, centros de rehabilitación para quienes estén en situación. Debieran afectar a los bancos y las grandes inmobiliarias que hacen jugosos negocios con el problema de la vivienda. En el caso de los trabajadores ambulantes, debemos resolver los problemas de desempleo que son graves en la región, mientras los bancos, isapres, y grandes empresarios del cobre y el litio se enriquecen como nunca.
Los intereses de la alcaldesa claramente no están dirigidos a mejorar la calidad de vida de los sectores más precarizados. ¿Por qué no afectar las ganancias de las grandes multinacionales como BHP o los Luksic que saquean toda la riqueza que hay en la región? Con esos recursos podríamos satisfacer las necesidades de la gran mayoría de la población, y tener trabajo para todas y todos.
