Problematización sobre el femicidio y cómo combatir la violencia machista, mediante una entrevista a Galia Aguilera, candidata a diputada en Antofagasta.
Gaba La Izquierda Diario Antofagasta
Jueves 31 de agosto de 2017
Este año y hasta la fecha son 46 mujeres asesinadas por femicidio en Chile, una cifra que se hace cada vez más desgarradora, con una violencia brutal, como el ocurrido hace unos días en Santiago, donde una niña de tan sólo 15 años encuentra la muerte tras ser violada y drogada.
Ante esto no es menor que miles salgan a las calles no sólo de Chile, sino en distintas partes del mundo, para exigir ¡Ni una menos! Basta de femicidios, pues visibiliza lo ineficiente e hipócrita de las instituciones del Estado, de las fuerzas represivas del gobierno, de los partidos del régimen y la iglesia, en relación a prevenir y eliminar la violencia hacia las mujeres, dejando en evidencia que estamos frente a un problema social, político y estructural.
Ante esto le preguntamos a Galia Aguilera, militante de Pan y Rosas y del Partido de Trabajadores Revolucionarios, candidata a Diputada en Antofagasta:¿Cuál es su opinión con respecto a las medidas tomadas por el gobierno de Michelle Bachelet frente a la violencia hacia la mujer?
El gobierno de la Nueva Mayoría incurre en ambigüedades respecto a cuestiones claves de la agenda de las mujeres, por ejemplo, presupone estar contra los femicidios, último eslabón de la cadena de violencia hacia la mujer, pero promueve una ley de aborto terapéutico en 3 causales, que si bien es un avance, arroja a la posibilidad de morir a un 85% de las mujeres que abortan por otras razones, y no a cualquier mujer sino a las trabajadoras, las pobres y estudiantes precarizadas, que no tienen para costear el derecho a un aborto seguro en una clínica privada o en el extranjero, como si lo pueden hacer mujeres empresarias y adineradas.
Impulsa una ley de violencia “intrafamiliar” que no contempla los femicidios ocurridos en el pololeo o con hombres desconocidos, esto porque contradictoriamente entiende a los femicidios como un problema de pareja que acontece al interior de una familia, y no como un problema estructural, es decir, como un problema arraigado a las bases de esta sociedad, donde a la mujer se la concibe como un sujeto de segunda categoría. Ejemplo de esto, es que ganamos menos que un hombre por el mismo trabajo, mayoritariamente estamos subcontratadas (70% del total de subcontratados son mujeres), con bajísimas pensiones, encargadas del trabajo doméstico no remunerado ni reconocido, entre tantas otras discriminaciones avaladas y reproducidas por el mismo Estado. Pero en general ningún gobierno en Chile se ha hecho cargo de luchar de raíz contra esta violencia estructural, menos con los programas de prevención insuficentes y precarios impartidos por SERNAMEG.
Entonces, ¿Es posible entonces hablar de justicia?
Definitivamente no, recuerdo el caso de Nábila Riffo donde incluso a su agresor se le baja la condena por no existir intenciones claras de matarla, aún cuando fue mutilada de por vida. Ahora bien, es entendible que frente a un femicidio se busque la penalización de parte de la “justicia”, sin embargo, no podemos esperar nada de éstas instituciones que mantienen libres a empresarios y políticos corruptos, a criminales y violadores de derechos humanos en dictadura, que silencia que los carabineros y las fuerzas especiales agredan e incluso violenten sexualmente a las mujeres que se manifiestan contra la violencia machista en las calles.
¿Entonces, qué alternativa propones?
Desde la agrupación Pan y Rosas y el Partido de Trabajadores Revolucionarios estamos exigiendo con la organización de las trabajadoras, trabajadores, estudiantes y pobres, una ley de Emergencia contra la violencia machista, la cual mediante el impuesto a las grandes riquezas, costee nuevos centros de acogida para las mujeres, los cuales puedan ser organizados por sus propias usuarias. Una ley que otorgue la posibilidad de optar a una vivienda, la cual sea costeada mediante impuestos a las grandes empresas inmobiliarias. Que garantice licencias laborales con goce de sueldos y también para estudiantes. Donde además sea el Estado quien se haga cargo de crear planes de empleo para que las mujeres puedan trabajar y así independizarse económicamente de sus agresores.
Finalmente, lo anterior es una exigencia y medida mínima que debe garantizar el Estado, sin embargo, estas reformas y leyes tampoco son la solución a la violencia de género estructural. Por ello necesitamos organizarnos dentro de nuestros lugares de estudio impulsando secretarias de género, y comisiones de mujeres en nuestros lugares de trabajo, con el objetivo de impulsar un gran movimiento de mujeres, que luche en las calles junto a los trabajadores y estudiantes, contra la violencia de género y por cada una de nuestras demandas, y que tenga como perspectiva la transformación de la sociedad en su conjunto.
