La marca española, una de las líderes en el mercado de la alimentación, fabricante de sopas de sobre y el famoso Avecrem, pretende deslocalizar la planta que tiene en Sant Joan Despí, con más que probables intenciones especulativas.
Joe Molina Trabajador despedido de Panrico, Barcelona | @joemolina57
Miércoles 19 de diciembre de 2018
Gallina Blanca es propiedad de la familia Carulla y una de sus principales marcas. Está integrada dentro del grupo GBFoods, anteriormente Agrolimen, holding alimentario regentado por tres hermanos y tres hermanas Carulla. Actualmente el grupo factura alrededor de 1.000 millones de euros y emplea a 2.400 personas.
La planta de Sant Joan Despí afectada por la amenaza de cierre produce principalmente sopas deshidratadas y caldos que desde la segunda mitad del siglo pasado constituyeron la base y el inicio del auge alimentario en el Estado. Las famosas sopas de sobre, denostadas, aunque necesarias para el ritmo de trabajo diario.
Comenzó a fabricar los concentrados de caldo en plena Guerra Civil. Su fábrica de Avecrem de Sant Joan Despí llegó a conocerse como ’la cocina de España’. En los 60 lanzó los pañales Dodot y creó alianzas para comercializar en España conocidas marcas como Purina o Ausonia. En la década de los 70 amplió sus redes internacionalmente. En los últimos años, el grupo ha sido investigado por Hacienda. Sus bienes patrimoniales se organizan en una compleja red de sociedades creada para la elusión fiscal, con ramificaciones en Costa Rica, EEUU (Delaware), Holanda y Suiza.
Los dueños de Grupo Agrolimen mueven más de 37 millones de euros en los últimos meses en operaciones internas de un entramado empresarial muy opaco. Pactaron pagar una multa de 6,4 millones de euros a Hacienda y otra sanción de tres millones en 2014 para evitar ir a juicio por fraude fiscal. Lluís Carulla admitió ser responsable de defraudar al fisco mediante el IRPF en 2006 y asumió una pena de 20 meses de cárcel por cinco delitos contra la Hacienda pública.
Reconoció, además, ser el inductor de los otros cuatro delitos que afectaban a sus hermanos Artur, Maria, Aurèlia y Montserrat. Ellos quedaron exculpados.
El conflicto laboral surge por el cierre de las instalaciones que la marca tiene en Sant Joan Despí y su posterior traslado a Ballovar en la provincia de Huesca.
Ante las pretensiones de la empresa los trabajadores han convocado una concentración el pasado martes 17 de diciembre desde las 8:40 en las puertas de la fábrica, convocada por CCOO, sindicato al que están afiliados la mayoría de los trabajadores.
El sindicato ha rechazado de forma contundente el cierre de la planta argumentando que se trata de una operación especulativa inmobiliaria que pretende la recalificación y venta de terrenos industriales para poder dedicarlos a la construcción de viviendas, sin tener en cuenta la destrucción de puestos de trabajo y la estabilidad familiar de más de 70 personas entre empleados directos y subcontratados.
A pesar de que de momento estas acciones tienen como objetivo que Gallina Blanca reconsidere sus intenciones, el siguiente paso sería interpelar al ayuntamiento de Sant Joan Despí y su alcalde Antonio Poveda, PSC, que posee 11 regidores de un total de 21 y que sería en última instancia quien tendría que tomar la decisión de la recalificación o no de los terrenos, en pleno municipal.
Desde aquí, toda nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras. Otro caso más de destrucción de empleo en pos de beneficios para grandes inversores a los que no les tiembla el pulso a la hora de firmar acuerdos con quien haga falta, con tal de obtener su parte del pastel. Los trabajadores y trabajadoras que vayan cayendo en el camino no importan. No importa si llevas trabajando en la empresa 30 o 40 años, no importa si tienes hijos que dependen de tu trabajo, no importa si a partir de ahora caes en una espiral de trabajos eventuales y precarios que cada uno que consigas será peor que el anterior y dependiendo de la edad que tengas, olvídate.
Las centrales sindicales mayoritarias han de decir ¡basta! Basta ya de atropellos a la clase trabajadora, basta de deslocalizaciones, externalizaciones, de subcontratas que tienen como único objetivo la precarización y eventualidad de los puestos de trabajo y por supuesto entonar un “mea culpa” en la situación del mercado laboral hoy en día. Dejarse de una vez de buenos propósitos a corto y medio plazo y canalizar y defender verdaderamente los intereses de la clase trabajadora, movilizando sectores enteros, en lugar de hacer declaraciones públicas con un sinfín de intenciones para el año próximo, como las realizadas hace pocos días por Pepe Álvarez, secretario general de UGT Catalunya, no solo prometiendo y prometiendo, sino incluso tirándose flores. “Mientras UGT sea fuerte y esté en pie, ningún trabajador verá mermados sus derechos”. Hipocresía al poder.
