Quilmes. Gatillo fácil e impunidades: hace 19 años la Policía Bonaerense baleaba a Carla Lacorte

Este 1º de junio se cumplen 19 años de los hechos en los que el exoficial de la policía bonaerense José Salmo baleó y dejó en una silla de ruedas de por vida a Carla Lacorte.

Su lucha de años por justicia y contra la violencia policial en coordinación con familiares de víctimas, organismos de derechos humanos, organizaciones obreras, estudiantiles y políticas se encuentra reflejada en el libro La disciplina de las balas. Análisis en primera persona del gatillo fácil y la represión de la protesta en Argentina (Ediciones IPS), en el que se entrelaza con un análisis del gatillo fácil y de otras formas de violencia estatal, particularmente, la represión a la protesta.

En momentos en que se vuelve a hablar de gatillo fácil y brutalidad policial tanto a nivel mundial (a partir del caso de George Floyd), como en la Argentina tras los crímenes en manos de la policía de Luis Espinoza y Alan Maidana, reproducimos extractos del Capítulo 1 de La disciplina de las balas.

¿Qué es el gatillo fácil?

“El gatillo fácil es tal vez el único delito policial cometido sin fines de lucro” (La Bonaerense, Ricardo Ragendorfer)

“He visto policías bajándose a tipos, así como así, sin motivo, he visto policías golpeando tipos que se encontraban en el bar, sin ninguna razón. Y así son las cosas (…) no hay grandes diferencias entre que el policía sea blanco o negro, es lo mismo”. (Joven negro neoyorkino en Los condenados de la ciudad, Löiq Wacquant)

“Tenía una pistola. En México eso es un pretexto mas que suficiente para que un policía nervioso lo llenara de plomo. Lo mismo podría haber sucedido aquí: mas de un policía ha matado porque el sospechoso no abrió la puerta con suficiente rapidez” (El Largo Adios, Raymond Chandler)

“Una policía provincial que según vimos el Primero de Mayo trata a manifestantes como si fueran ladrones, es posible que trate a los ladrones como si fueran condenados a pena de muerte” (“La Secta del Gatillo Alegre”, Rodolfo Walsh)

Una contextualización histórica del gatillo fácil

El término “gatillo fácil” define, en general, una práctica policial extendida en Argentina y en gran parte del mundo que consiste en la utilización de armas de fuego (reglamentarias o no) por parte de las fuerzas de seguridad sobre personas indefensas y/o en enfrentamientos supuestos o fraguados, que implica una pena de muerte de hecho. La generalización de estos casos aparece como una forma específica de disciplinamiento social contra sectores potencialmente “peligrosos” o disfuncionales para el orden social burgués que se ha desarrollado fundamentalmente al calor de las políticas económicas neoliberales y sus consecuencias en el pueblo trabajador.

Prueba de la extensión mundial del gatillo fácil y de los fenómenos de protesta que ha generado en distintos países, son los reiterados fusilamientos de jóvenes árabes en las banliueus francesas, o los que sufren las muchachas y muchachos negros en Estados Unidos en manos de la policía, con características comunes en las edades de las víctimas y en el escenario de verdaderos guetos urbanos.

Si bien hay una larga historia de abusos policiales, el marco más general de este tipo de accionar de las fuerzas represivas se da a partir de la crisis del “Estado de Bienestar” y, como decíamos más arriba, el consiguiente desarrollo de las políticas neoliberales a partir de la segunda mitad de los años 80 y más profundamente en los 90. Según el sociólogo francés Loïq Wacquant “el repliegue del Estado no significa que el Estado se retira in toto o que desaparece de los barrios relegados norteamericanos. A los efectos de reprimir ‘desórdenes’ públicos asociados con la marginalidad aguda causada por la reducción, o terminación, de sus políticas (federales) económicas, de vivienda y de bienestar social, el Estado (local) debe incrementar la vigilancia y la presencia represiva en el gueto”. Es decir, al contrario de lo que muchas veces se supone el debilitamiento relativo del rol del Estado en lo económico ha redundado en un profundo fortalecimiento de su rol represivo en las zonas urbanas más golpeadas a nivel social.

Es en este contexto que la práctica criminal del gatillo fácil, y su denuncia, van adquiriendo visibilidad. Inclusive casos de este tipo han sido catalizadores de crisis sociales mucho más amplias como es el caso del asesinato en manos de la policía del joven Alexis Grigorópulos en Grecia a fines de 2008, que desató una rebelión juvenil que posteriormente se extendió al movimiento obrero y que fue una de las primeras manifestaciones contra las medidas de ajuste del gobierno de Costas Karamanlís del partido derechista Nueva Democracia. Algo similar ocurrió en Argentina, en 1997, con el crimen mafioso del fotógrafo José Luis Cabezas en la ciudad balnearia de Pinamar por parte de una banda integrada por policías y delincuentes comunes. Si bien no se trató de un caso de gatillo fácil, la participación policial en el hecho potenció la denuncia de esta práctica cada vez más generalizada y abonó el desarrollo de un movimiento en defensa de las libertades democráticas que marcó el principio del fin del menemismo; combinándose, como veremos más adelante, con levantamientos, cortes de ruta y puebladas protagonizadas por trabajadores que venían de perder el empleo.

Particularmente en la Argentina de las últimas décadas, el gatillo fácil aparece como una forma de control social y terror que se aplica fundamentalmente en barrios obreros y villas de emergencia particularmente contra los más jóvenes, el sector etáreo que más sufre las sucesivas crisis y menos se beneficia de los momentos de bonanza económica. De esta manera, la misma juventud que ya padece la condena de la marginalidad del Estado también se convierte en su víctima porque es reprimida y baleada, ya sea por su involucramiento en el pequeño delito, ya sea por lo que comúnmente se denomina “portación de rostro”.

Estas características le dan al gatillo fácil un carácter específico y diferenciado respecto a otras formas de represión más abiertamente políticas o, mejor dicho, dirigidas contra sectores obreros y populares organizados.
Sin embargo, más allá de este carácter diferenciado, el gatillo fácil tiene un origen y una definición complejos en Argentina, entrelazados- a veces en forma directa, a veces en forma indirecta- con el devenir histórico de la lucha entre clases sociales y del conjunto de instituciones que componen el Estado argentino. Por eso vale la pena rastrear tanto el origen de la expresión como el de la práctica propiamente dicha.
(…)

El fin de la dictadura

Desde el año 1983, una vez finalizada la dictadura cívico militar, las fuerzas armadas quedaron profundamente desprestigiadas por el genocidio que llevaron adelante. Las policías provinciales, la Federal y la gendarmería tomaron entonces en sus manos la mayor parte de las tareas represivas de orden interno. Las dos primeras, ligadas a la lucha contra el delito. La gendarmería, la represión al conflicto social, particularmente a partir de los años 90. En este marco va a darse un proceso de crecimiento tanto en el número de efectivos como en sus atribuciones de hecho, que se va a dar en paralelo con el crecimiento de la pauperización social.

Según datos del Centro de Producción, Empleo y Desarrollo de la UBA, en octubre de 1982 (último año de la dictadura cívico militar) la pobreza en el Gran Buenos Aires llegaba al 21,6% de los hogares y bajó al 14,2 % en 1985, segundo año de gobierno de Raúl Alfonsín. En mayo de 1989 volvió a crecer al 19,6 % y pegó un saltó al 38,3% en octubre de ese mismo año luego de la hiperinflación que puso un fin abrupto al primer gobierno constitucional desde el proceso.

Podemos decir que es a partir de ese momento que va a desarrollarse el gatillo fácil y las torturas en las comisarías tal cual lo conocemos hoy, es decir, como una forma brutal de control social preventivo para las barriadas obreras y populares, que se ha ido generalizando al compás de las sucesivas crisis y sus consecuencias en la sociedad. En este marco, los sucesivos gobiernos “constitucionales” van a aumentar enormemente la presencia en las calles de las diferentes policías provinciales.

Aquí vamos a adelantar datos de la actualidad para poder mensurar el problema. La policía bonaerense que hacia 2010 tenía 54.000 miembros (9.026 de los cuales provenían de la época de la dictadura, es decir, de una época en que todas las comisarías eran o centros clandestinos de detención o auxiliares de los centros) llegaba en 2018, según datos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a los 93.861 uniformados. Esto significa, tomando en cuenta que la principal provincia argentina tiene 17 millones de habitantes, que hay un policía cada 181 personas, lo que sin contar las otras fuerzas desplegadas en territorio, da un panorama claro de la saturación que sufren las calles bonaerenses; una clara ilustración de lo que ha sido la política represiva entre los últimos años del kirchnerismo y los primeros de Cambiemos. Le siguen la policía de la Ciudad de Buenos Aires con 25.036 efectivos, seguida por Córdoba con 21.000 y Santa Fe con 22.300.

Vale aclarar que en este relativo cambio de rol de la policía en los años 80 hay más continuidades que rupturas. La institución “aprovecha” su “rol subordinado” -de obediencia debida, digamos- en la represión de los años 70 para seguir en la calle e incrementar sus fuerzas, ahora con la excusa del “combate al delito”-el famoso “al servicio de la comunidad”-. Pero para esto va a tomar mucho del aprendizaje represivo de la dictadura, aplicándolo al control social (las ya nombradas torturas, aparte de los fusilamientos).

Esta situación va a ir generando un monstruo cada vez más difícil de controlar.

“La Bonaerense es un nido de víboras imposible de gobernar. Los tipos que se formaron con Camps no conocen otra vida. Están cebados. Y si los enfrentás, te pudren todo. No hay que olvidarse que ellos pueden llevar la delincuencia a niveles insoportables. Los militares ya no tienen margen para aventuras golpistas en esta sociedad, pero la POLICIA le va a plantear más de un desafío a los políticos”.

Este “sincericidio” de un comisario ilustra no sólo el poder con el que se encontró la policía en la década del 80, sino que “avisa” acerca del profundo grado de descomposición de la fuerza y su íntima relación con el delito organizado.
Por otra parte la especialización “social” de la policía no va a negar la represión más política en el marco de la lucha de lucha de clases como veremos a fines de 1980 en los levantamientos del hambre que jalonaron el final del gobierno de Alfonsín y en cada conflicto agudo. A partir de los años 90, como adelantamos, las tareas de represión a la lucha de clases pasaron a ser compartidas con la gendarmería
(…)

Un esquema de poder que se mantiene hasta la actualidad

De esta manera la policía, en particular la Bonaerense, pasó a ocuparse de la dimensión “violenta” del control social, mientras que los intendentes, los llamados “barones” del conurbano con los que “compartían negocios”, se encargaban de la dimensión asistencial del mismo. La otra pata del esquema de control del régimen político en el conurbano, y en otras zonas del país, lo ejercía, y en gran medida lo ejerce, la burocracia sindical sobre el movimiento obrero.

Este esquema, que desde el Partido de los Trabajadores Socialistas denominamos “las tres B” se ha mantenido y profundizado luego de la crisis del 2001, inclusive a pesar de las reformas y “purgas” que, forzados por las movilizaciones de denuncia a la policía y los escándalos en que se vio involucrada la institución, tuvieron que llevar adelante los sucesivos gobiernos.

Según un informe elaborado por el propio Ministerio de Seguridad bonaerense, para 2011 el 25% de los efectivos de la Policía Bonaerense había sido sumariado por delitos de diverso orden. Sí, leyó bien: 13.619 policías de los 54.000 que componían en ese entonces la Bonaerense tenían sumarios por actos de corrupción, apremios ilegales, acusaciones de homicidio y un sin fin de delitos. Como detalle anexo, el Programa de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia sostiene que más del 35% de los casos denunciados comprenden a policías o miembros de las fuerzas de seguridad, responsables de ejercer violencia doméstica . Números concluyentes que demuestran que esta banda de delincuentes con licencia para matar es la principal fuente de inseguridad que amenaza a los sectores.

Estos datos, donde se combinan casos de delincuencia común con prácticas de abuso de autoridad entre los que se encuentran el gatillo fácil y la tortura, han forzado como decíamos más arriba a los sucesivos gobiernos provinciales a realizar “purgas” que persiguen fundamentalmente lavar la cara de una institución totalmente impresentable e irreformable. Es así que entre 2015 y 2018 fueron desafectados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 9236 efectivos, cifra que utiliza el gobierno de María Eugenia Vidal para mostrar una imagen de transparencia frente a las mafias que constantemente es cuestionada en la realidad.

Marcelo Saín, creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se refería de esta manera al vínculo entre policía y dos ex mandatarios provinciales de reconocido perfil autoritario:

“…para el entonces gobernador Duhalde y su sucesor Ruckauf, otorgarle mayor poder a la “mejor policía del mundo”, no inmiscuirse en sus negocios y relajar los controles sobre ella era sinónimo de eficiencia en el desempeño preventivo e investigativo de la Policía Bonaerense. Fue constante la reivindicación oficial de la violencia policial como mecanismo necesario para alcanzar elevados índices de seguridad pública…”.

Indagando en las razones de la relación entre policía y poder político, Saín explica de esta manera la oposición de varios jefes comunales a las reformas sufridas por la Bonaerense en los años 90:

“Entre esos intendentes y estos policías se había estructurado un extendido sistema de prebendas en el que los primeros les garantizaban protección política a los segundos, a cambio de que estos contribuyeran con el financiamiento de la actividad política territorial a través del aporte de fondos derivados del juego clandestino, la prostitución y hasta el tráfico de estupefacientes, el robo de automotores y otros delitos graves”.

La correcta y gráfica descripción de Saín remite al plano estrictamente económico del vínculo entre barones del conurbano y policía, eludiendo el vínculo en tanto instituciones de dominación de clase. No es casual, teniendo en cuenta que el autor es el ideólogo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y uno de los principales impulsores del control civil de la fuerza, o “seguridad democrática”, como utópica (y burguesa) solución para sus males, un posicionamiento con el que debatiremos más adelante.

Habría que agregar un importante elemento al cuadro conformado en la década de los 90: los medios masivos de comunicación. La “espectacularización” del pequeño delito, que cubre al grande, al delito ejecutado por mafias con participación policial, y que culmina siendo legitimación ideológica del reforzamiento represivo para el control social a través de la creación de la figura del “joven pobre” como chivo expiatorio de “la inseguridad”.

Esta legitimación eventualmente también será utilizada para justificar las represiones contra los levantamientos provinciales de trabajadores estatales y desocupados que atravesaron el país en la segunda mitad de los 90, aunque con el límite de que estas verdaderas puebladas gozaban de un fuerte consenso social dado el enorme incremento del desempleo, apareciendo como única respuesta posible a la pauperización y la descomposición social.

Es en este marco que debemos analizar la sucesión de casos por los que se volvió a hablar de gatillo fácil en Argentina: un momento histórico de retroceso de las luchas obreras y populares en el que la desocupación, la miseria y el hambre llegaron a límites extremos, en los que instituciones represivas totalmente descompuestas tuvieron -y tienen- carta franca para matar jóvenes en las barriadas obreras y populares.

Löiq Wacquant se refiere en estos términos a la situación planteada:

“…la policía tiene a su cargo no sólo mantener el orden público sino también -en un sentido muy concreto que la remite a su misión histórica de origen- afirmar el nuevo orden social compuesto por vertiginosas desigualdades y enfrentar las turbulencias nacidas de la explosiva conjunción de una miseria aterradora y de una riqueza insolente engendrada por el capitalismo neoliberal en las ciudades de los países avanzados y en los hipócritamente llamados en vías de desarrollo”.