Claudio Adrián Sánchez recibió un disparo letal por parte de un policía federal de civil. En su primera declaración, el agente habló de un enfrentamiento que no existió y justificó su accionar diciendo que lo confundió con un ladrón.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Domingo 18 de noviembre de 2018 00:00
Luego de nueve días en terapia intensiva, Claudio Adrián Sánchez murió tras haber recibido un impacto de bala salida del arma reglamentaria de Víctor Hugo Cuezzo, un agente federal que se encontraba de civil. El joven de 28 años trabajaba como técnico en una empresa de cable, estaba casado y era padre de dos niños. Desde el 6 de noviembre permanecía internado en el hospital Padilla tras un disparo en el lateral izquierdo del cuello.
Según la versión policial, difundida por la prensa, el agente Cuezzo salió corriendo de una verdulería cuando alguien gritó que le robaban la moto, en la esquina de Francisco Aguirre y Juan B. Justo, cerca de las 22.30. De civil y armado con su calibre 9mm, Cuezzo persiguió a Sánchez y le ordenó detenerse, por lo que según el policía el joven sacó un arma, obligado a Cuezzo a disparar.
Desde la familia del joven desmintieron la versión policial. "Salió de su casa para llevarla a la empleada a la parada del colectivo, a dos cuadras. Al volver, se le paró la moto, intentó arrancarla y se le encendió la alarma, pero la siguió empujando hasta su casa, porque estaba cerca", relató Omar Sánchez, padre de la víctima.
Luego tomaron estado público las imágenes de una cámara de seguridad que contradicen la declaración de Cuezzo. Allí se ve como el rodado comienza a tener problemas y suena su alarma. Cuezzo, de civil, aparece corriendo para atrapar a Sánchez. El joven se levanta la ropa y luego Cuezzo lo lleva hasta la vereda y le pega un tiro, sin que haya resistencia ni agresión por parte del joven. Con Sánchez en el piso, el agente federal comienza hacer unos llamados. Finalmente, la Policía aparece en el lugar y secuestró el arma reglamentaria de Cuezzo y una que llevaba supuestamente el joven.
Según el abogado de la familia, Javier Lobo Aragón, en otro video al que la familia accedió se ve como un policía muestra un arma puesta al costado de Sánchez, malherido sobre la vereda. Para el letrado se trata de un arma plantada ya que en las imágenes no se que ve Sánchez saque un arma. Por lo que familia acusará a Cuezzo por homicidio agravado por su condición de policía y pedirá la prisión preventiva.
Nuevamente, la doctrina Chocobar sostenida por un gobierno peronista
En diciembre de 2017, el policía Luis Chocobar disparó por la espalda a Pablo Kukoc y lo continuó con los disparos cuando el joven estaba en el piso. Las imágenes fueron utilizadas por el gobierno nacional, con la ministra Patricia Bullrich a la cabeza, para buscar impunidad en el accionario de las fuerzas represivas, incluyendo un aval a la ejecución sumaria como política de Estado. En Tucumán, la aplicación de la “doctrina Chocobar” corre por cuenta del gobierno peronista de Juan Manzur.
Ocurrió en el caso de Facundo Ferreira, cuando se intentó hacer pasar por un “enfrentamiento con ladrones” al fusilamiento de un niño de 11 años. Ahora, en el caso de Claudio Sánchez el modus operandi fue similar y bajo el pretexto de que al joven “se lo confundió con un ladrón”, la causa solo está caratulada como abuso de armas. Cuezzo permaneció detenido durante dos días ya que fue beneficiado por el juez subrogante Facundo Maggio. El magistrado del juzgado III consideró que no había riesgo procesal porque Cuezzo se había quedado junto a Sánchez hasta que llegó la Policía. Maggio contaba con diez días para definir la situación del agente pero decidió atenerse a su versión y dejarlo en libertad al segundo día.
La figura de Maggio sirve para ilustrar el blindaje que da el régimen político y judicial al gatillo fácil. Como juez viene de haberse negado a dictar la prisión preventiva sobre los policías involucrados en el asesinato de Facundo Ferreira, a pesar de las reiteradas amenazas a los familiares y de las imágenes que contradicen las declaraciones de los policías. Ahora benefició a Cuezzo mientras mantenía la prisión preventiva sobre el joven baleado que finalmente murió. Este accionar de Maggio ya era previsible si se tienen en cuenta sus antecedentes como defensor de genocidas, cuando también era abogado del Arzobispado. A pesar de las denuncias, Manzur sostuvo su nominación como juez y el PJ usó su mayoría en la Legislatura para nombrar juez penal.
Si a nivel nacional se puede hablar de la doctrina Chocobar impulsada por Bullrich, el régimen político tucumano también busca incrementar el accionar represivo. Para derechizar la agenda, Ricardo Bussi machaca con su propuesta de volcar el Ejército a las calles. Idea replicada por la diputada nacional Teresita Villavicencio, aliada de Martín Losteau, junto al legislador radical Fernando Valdez. A tono con esos discursos manoduristas, el peronismo avanza con hechos en esa dirección. Manzur ha puesto el acento este año en incrementar la cantidad de policías -a los más de 8600 efectivos, se vienen incorporando unos 100 efectivos cada mes-, mientras sus funcionarios hacen una defensa férrea de la fuerza, como pasó en el caso de Facundo Ferreira. Mientras en el poder judicial, los jueces como Maggio solo son garantía de impunidad.
La policía tucumana es tributaria de la “educación” recibida en la dictadura, con casos resonantes de brutalidad y gatillo fácil, junto a una participación en el delito organizado. Frente a un peronismo que da rienda suelta a la doctrina Chocobar se hace más que necesaria la organización y movilización independiente para frenar los ataques al pueblo trabajador y a las libertades democráticas.
