Violación de derechos humanos. Gatillo fácil y muerte a manos del Estado: con Kicillof no cambió nada

El organismo, presidido por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, presentó el informe anual en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, dando cuenta de la sistematicidad de la política criminal como herramienta de control de las poblaciones más vulnerables por parte de los distintos gobiernos bonaerenses durante los últimos 20 años.

El texto señala: “Durante el año 2022, la continuidad de la política criminal se expresó una vez más en el crecimiento de la población encarcelada y las tasas de prisionización, la persistencia de la práctica sistemática de la tortura en los lugares de encierro, el despliegue policial en los territorios y la continuidad de graves vulneraciones de derechos de niños y niñas”.

La CPM sintetiza los principales indicadores de violencia policial que se desprenden del monitoreo territorial que realiza el organismo. En el informe, que consta de cerca de 700 páginas, se da cuenta de “graves casos de torturas y hostigamiento, rutinas cotidianas de aprehensión policial, y falta de cumplimiento de salvaguardias para prevenir la tortura, la conjunción de la violencia policial con la convalidación judicial a través de las causas armadas o fraguadas, casos de uso letal de la fuerza policial y la grave crisis humanitaria que viven las personas privadas de libertad en dependencias policiales”.

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Cárceles bonaerenses: sobrepoblación, hacinamiento y tortura

Durante el año 2022 el gobierno del Frente de Todos consolidó las políticas punitivistas si vemos las cifras que muestran el crecimiento sostenido de la población detenida en cárceles, alcaidías, comisarías y monitoreo electrónico.

La cantidad de personas detenidas en el sistema penal bonaerense, el más grande y que aloja a más de la mitad de la población detenida del país, aumentó de 54.107 en 2021 a 55.621 en 2022 llevando la tasa de encarcelamiento de 306 a 311 detenidos cada 100.000 habitantes, lo que duplica la tasa mundial de “prisionización” (152 personas cada 100.000 habitantes). En cárceles y alcaidías pasó de 46.456 a 48.046, en monitoreo electrónico de 3.206 a 3.627 y en comisarías bajó de 4.445 a 3.948.

Un dato relevante es el número de mujeres y del colectivo trans travesti bajo custodia: “La mayoría es encarcelada por infracciones a la ley de estupefacientes (43% de las mujeres y 45 % de personas trans y travestis, contra el 13% de varones), demostrando que la política criminal que proclama la lucha contra el narcotráfico se limita a perseguir sólo al eslabón más débil del mercado ilegal”.

Al finalizar el 2022, había 2.655 mujeres y 106 personas trans y travestis detenidas en el Servicio Penitenciario Bonaerense, el 5% del total de la población detenida; un 10% más respecto del año anterior. En cuanto a la población LGTBI persiste un subregistro en los datos oficiales remitidos ya que su identidad de género autopercibida no se respeta. En los últimos años la población pasó de 101 en 2019 a 112 en 2021 y 106 en 2022.

A pesar de los grandilocuentes anuncios realizados por el gobernador y su ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak sobre los avances del plan de infraestructura penitenciaria, para el cual se destinaron millones del presupuesto bonaerense, las condiciones inhumanas de los lugares de encierro se siguen sosteniendo.

“Las distintas gestiones de gobierno provincial desde el 1999 han asumido la política criminal vigente como la única posible. La provincia de Buenos Aires repite estrategias, errores y fracasos para resolver la sobrepoblación y hacinamiento en cárceles y comisarías. En los últimos 18 años tres ministros de Justicia abordaron el problema desde la misma óptica”.

La CPM, en su calidad de Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura, realizó más de 800 inspecciones en cárceles, comisarías, centros de detención, hogares de niñez, hospitales de salud mental y comunidades terapéuticas. De las 38.571 entrevistas o comunicaciones con personas detenidas, familiares, allegados u otros organismos estatales u organizaciones de la sociedad civil, se registraron un total de 45.004 hechos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, malos tratos, negación de acceso a la justicia y otras restricciones.

Como consecuencia de estas denuncias, se realizaron 26.183 presentaciones judiciales individuales y 122 acciones colectivas. De los hechos relevados el 71% corresponden a hechos de torturas y malos tratos: aislamiento, requisas violentas, malas condiciones materiales de alojamiento, agresiones físicas, traslados compulsivos, falta o deficiente asistencia médica.

En síntesis, del hambre, la falta de atención médica, las torturas y un sin fin de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el gobierno de Axel Kicillof es responsable, más allá del relato.

Gobernar el territorio, morir en el calabozo

Un dato que certifica la continuidad de la política criminal para disciplinar a los sectores pobres de la población es la saturación policial y el respectivo control de los territorios: “Durante 2022 la policía aprehendió 222.145 personas de las cuales apenas 38.179 (17%) fueron privadas de su libertad por imputación judicial de un delito y de éstas sólo 18.920 (8%) ingresaron al Servicio Penitenciario Bonaerense con prisión preventiva o fueron condenadas por acreditarse en términos judiciales esa imputación. Estos porcentajes bajos dan cuenta que las detenciones no tienen por finalidad reprimir el delito sino gobernar ciertos territorios, para controlar los territorios más pobres habitados por los jóvenes morochos, que representan el estigma del delincuente construido como imaginario social”.

Si de sobrepoblación hablamos, durante el 2022 casi 4.000 personas fueron alojadas en 1.265 camastros en comisarías, lo representa un 212% de sobrepoblación. En mayo de 2023 este número asciende a 238%. Así mismo, el informe señala que el 40% de los detenidos está en comisarías clausuradas por orden judicial y/o administrativa y en casi todas hay sobrepoblación-hacinamiento e inhumanas condiciones de detención.

“Durante 2022 murieron al menos 25 personas en comisarías bonaerenses, dos menos que en 2021, lo que representa una tasa de 5,8 muertes cada 1.000 personas detenidas. Las muertes informadas como presuntos ahorcamientos fueron 13, contra 8 de 2021. En la figura del suicidio muchas veces pretenden ocultar la responsabilidad policial en dicha muerte”. Un caso emblemático es el de Daiana Soledad Abregú, la joven asesinada en la comisaría de Laprida, cuya muerte buscó ser encubierta desde las altas esferas del poder securitario a manos de Sergio Berni.

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Si bien la CPM denuncia que desde el gobierno bonaerense se continúa incumpliendo con las órdenes judiciales de clausurar comisarías, incluso con una resolución del propio Tribunal de Casación provincial y también con lo dispuesto por la Comisión Interamericana, lo cierto es que el gobernador ni el Ministro de Justicia no han hecho más que continuar con la política punitivista y represiva.

La prisión preventiva y el juicio abreviado son las principales herramientas en el sostenimiento de las prácticas de encierro: más de la mitad de la población detenida no cuenta con sentencia firme y 8 de cada 10 condenados aceptaron el juicio abreviado.

Lo que desde el organismo han llamado “cadena punitiva”: Policía- Poder judicial- Servicio Penitenciario, convalida que las prácticas de tortura perduren.

Los casos de violencia policial no letal, es decir torturas, tratos vejatorios, simulacro de fusilamiento entre otros métodos perversos, fueron analizados por la CPM, quien reporta que en 2022 intervino a nivel provincial en 428 casos que involucraron a 590 víctimas individuales y en 74 hechos con víctimas colectivas.

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Con respecto al lugar en que ocurrieron los hechos, el 42% fue en la vía pública, el 36% en comisarías, el 18% en el domicilio y el restante 4% en vehículos policiales y otras instituciones públicas.

Niñez encerrada y vulnerada

En el segundo semestre de 2022 la pobreza infantil subió a 54,2%, abarcando a 6 millones de menores de 15 años. La respuesta estatal no existe o llega tarde o termina en represión y encierro. En cuanto al sistema de responsabilidad penal juvenil, desde 2006 la CPM denuncia la carcelización de un sistema que reproduce patrones propios de la penalidad más dura de adultos.

La privación de libertad en instituciones de régimen cerrado es la medida judicial que se ordena para el 83% de los ingresos. En diciembre de 2022 había alojados 589 jóvenes privados de la libertad: 490 en regímenes cerrados y 99 con la libertad restringida en regímenes de semilibertad. Además ingresaron 109 niños/as no punibles, 13% del total de ingresos. Por otra parte, 41 jóvenes fueron derivados durante el año al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y 40 a instituciones de salud mental. Estas derivaciones son la forma de resolución de los conflictos que se producen por reclamos de derechos de parte de los pibes. Frente a las protestas, el traslado.

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El aislamiento y la restricción de derechos son hechos de tortura graves que no deben aplicarse en ninguna circunstancia. Sin embargo, la principal medida de sanción en los centros penales juveniles es el aislamiento de entre uno y quince días, la misma modalidad que se utiliza en cárceles de adultos. Fue detectada este tipo de práctica cotidiana en 9 de los centros inspeccionados. La asistencia de la salud mental es inexistente. En ambos sistemas (SPPD y SRPJ) observamos que los NNyJ presentan cuadros de gran angustia que muchas veces se manifiestan en autolesiones, intentos de suicidio y, en el caso más extremo, suicidios consumados.

Gatillo fácil

Hemos dado cuenta más arriba de los casos de muerte en cárceles y comisarías, respecto de los cuales la CPM considera que “el alojamiento irregular de personas en dependencias policiales de la Provincia en condiciones inhumanas y degradantes constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos que acontecen en forma sistemática y al alcance de la vista de todos los poderes del Estado. Ese estado de situación se mantuvo casi inalterado durante 2022”. Recordemos que los datos refieren siempre a la Provincia de Buenos Aires cuyos responsables políticos son en primer lugar el gobernador Axel Kicillof y su ministro Sergio Berni, poco afecto a la defensa de las libertades democráticas.

“Las muertes ocasionadas por la intervención policial son la consecuencia más grave de las rutinas o prácticas policiales, y producto de acciones u omisiones de los tres poderes del Estado provincial”, señala el Informe anual de la CPM sobre la forma más extrema de violencia policial, el “gatillo fácil” o como también lo denominan, el “uso letal de la fuerza”. Según sus registros, “durante 2022 disminuyeron los casos registrados de uso letal de la fuerza, que pasaron de 130 en 2021 a 90 en 2022, 40 casos menos que implicaron una baja del 31%”.

“No es factible determinar si la disminución registrada corresponde a una reducción aleatoria o está dando cuenta de una transformación más estructural, lo que podrá ponderarse si se sostiene la baja, ya que ninguno de los ministerios de Seguridad publica información consolidada ni elabora informes analíticos o programas que aborden la cuestión”, indicaron desde la CPM.

El análisis de las 90 muertes ocurridas en territorio provincial concluye que 53 fueron realizadas por agentes de policía bonaerense; 11 a manos de policías federales y 19 provocadas por agentes de la Policía de CABA.

De los 90 asesinatos, 52 se produjeron “en conflictos asociados a la sustracción de bienes personales”. Con lo cual “todas esas muertes se generaron para la preservación de bienes materiales”. Como ya sabemos, para la policía, la vida de jóvenes pobres no vale nada. En 6 de cada 10 casos se produjeron con policías en actividad pero fuera de servicio, y 3 de cada 10 con policías en actividad y en servicio.

La mayoría de las muertes (61) fueron provocadas por el arma de fuego reglamentaria, estadísticamente sigue el arma no reglamentaria como mecanismo utilizado para matar.
Además se registraron 7 casos con arma de fuego no reglamentaria, 4 con patrullero, 10 con otro mecanismo y 2 por el uso de la fuerza física (6 casos sin dato).

En ese sentido, el informe remarca que “si bien en 2022 el segundo mecanismo utilizado fue el arma no reglamentaria (7 casos), el patrullero se constituye como otro importante medio de producción de la muerte” y considera que “el móvil está siendo utilizado por fuera de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y mínima lesividad, máxime considerando que no es un elemento diseñado para producir letalidad”.

Las muertes se distribuyeron en 30 municipios, la mayoría en 21 de los 24 municipios del conurbano: La Matanza, Merlo, Almirante Brown y Lomas de Zamora continúan reuniendo la mayor cantidad de muertes. Berazategui destaca por su descenso, pasando de 8 muertes en 2021 a ninguna registrada en 2022. Por primera vez desde la construcción del registro que lleva adelante la CPM (2016) ocurrieron hechos de “uso letal de la fuerza” en cinco municipios: Luján, Mercedes, Pergamino, Ramallo y San Vicente.

Política criminal que no distingue grietas

Los distintos gobiernos provinciales desde el 1999 “han asumido la política criminal vigente como la única posible”. Ninguno de ellos estuvo o “está dispuesto a generar ningún debate sobre la irracionalidad de la política criminal ni a cambiarla (...). La provincia de Buenos Aires repite estrategias, errores y fracasos para resolver la sobrepoblación y hacinamiento en cárceles y comisarías. En los últimos 18 años tres ministros de Justicia abordaron el problema desde la misma óptica”: la construcción de más cárceles o lugares de encierro como única política, que demuestra cada año su fracaso.

“A cada ampliación del sistema le siguió un incremento de personas encarceladas: entre 2001 y 2022 se crearon 12.769 plazas y la población detenida aumentó en 31.056 personas. Está demostrado que construir cárceles no mejora las condiciones de detención sino que, por el contrario, eleva el piso de encarcelamiento. La ocupación siempre supera la capacidad”, indican desde la CPM. Lo que lleva a concluir que el punitivismo y el encierro son la única política frente a la marginalidad y sus consecuencias en el marco del un aumento brutal de la pobreza y la indigencia que sacude a la mitad de la población producto de las políticas de ajuste del gobierno nacional, que en territorio bonaerense se aplican a rajatabla para cumplir con las durísimas exigencias del FMI.

Los datos aquí analizados, en los que el estado bonaerense, a manos de Kicillof y Berni, viola sistemáticamente los derechos humanos y elementales libertades democráticas, nos llevan una vez a concluir que se trata de una política sistemática e intrínseca a las fuerzas de seguridad, cuya razón de ser es el control social, la represión y el encierro, con los métodos brutales del gatillo fácil, la tortura y la desaparición de personas.

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