Editorial. Gendarmes al acecho, narcopolicías y represión al pueblo trabajador

Entre la demagogia punitiva y el oportunismo electoral, resalta nuevamente la criminalización de la pobreza. Mientras la regulación del delito se fortalece como forma de gobierno.

Desde que Aníbal Fernández asumió la cartera de Seguridad nacional, tomó los temas relacionados con la llamada inseguridad -narcotráfico entre otros- para mostrarse proactivo. En sus redes sociales muestra que repite el modelo Bullrich-Berni: incautaciones y “desbaratamiento” de bandas supuestamente delictivas y supuestamente perseguidas por las fuerzas represivas. Tanto es así que incluso se “autocriticó” por haber dicho que la “inseguridad es una sensación”. Esta afirmación -realizada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner-, le valieron miles de críticas, en particular de la oposición patronal de derecha. Referentes de Cambiemos, como Elisa Carrió, directamente lo acusaban que en verdad él hacía estas afirmaciones porque era responsable de la penetración de bandas narcotraficantes en el país.

Si bien su involucramiento personal nunca se comprobó judicialmente hasta ahora, es inocultable que su paso por diversos cargos de gobierno se dieron en escenarios donde tuvo mucha impronta la relación entre bandas narco, policías y funcionarios políticos y judiciales.

En estos días los casos de “inseguridad” -el tema favorito del periodismo de las grandes empresas de comunicación- volvió a estar en primera plana. Medios oficialistas y opositores compiten a ver quién muestra más sangre, más entraderas y salideras, tiros en las calles y demás hechos de violencia. En ambos lados de la grieta, intentan instalar una campaña sobre que la cantidad de policías no alcanza para enfrentar la “inseguridad en las calles”.

Un modo de cambiar el humor social, y que los problemas estructurales, como la falta de trabajo y de vivienda o salarios por debajo de la canasta básica, ocupen un segundo plano. En tanto es una gran oportunidad para los gobiernos nacional y provinciales para desplegar más fuerzas policiales en los barrios populares.

Los narcopolicías, algo más que “Monos”

Las balaceras que están ocurriendo en la ciudad de Rosario muestran que, así como no es una sensación, tampoco los protagonistas son delincuentes comunes. El poder de fuego de bandas como la de Los Monos -uno de sus líderes lleva detenido 8 años y acaba de recibir una nueva condena-, no sería posible sin la participación de funcionarios del Estado: tanto uniformados como civiles.

Guille Cantero siguió liderando la banda desde la cárcel. El 20 de junio de 2013 se entregó, y desde entonces se enfrentó a varios juicios. Este jueves fue condenado a una pena de 22 años de prisión por haber ordenado siete ataques contra jueces.
Las condenas se unificaron en 28 años y ocho meses al sumarse una sentencia previa, de 2016.

Desde la cárcel, exacerbó todo los métodos violentos. Pasó de penal en penal y con cada traslado se demostró que la complicidad del sistema penitenciario con esas bandas es estructural.

Actualmente se encuentra en Marcos Paz, allí a Cantero le fueron secuestrados en su poder varios teléfonos. Esto sería imposible si el líder de la banda de Los Monos no contara con la protección policial y del servicio penitenciario.

Entrevistado por El Círculo Rojo, el periodista Germán de los Santos sostuvo: “La génesis de la banda de Los Monos es narco-policial”. Allí señaló que "los Monos de hoy no son los mismos de hace 8 años cuando Guille Cantero se entregó a la Policía. También cambió el negocio, ya no es el narcomenudeo sino que está versificado en varios frentes como las extorsiones de empresarios". Asimismo subrayó que en la actualidad “es una organización criminal que básicamente opera desde las cárceles, extorsiones, negocios vinculados al sicariato, todo se gestiona desde la cárcel. A Guille Cantero ya lo movieron en 7 unidades penales y en todas se notó que siguió operando".

En la ciudad de Rosario hay alrededor de 7.000 policías de la provincia, unos 3.000 gendarmes que no están abocados solo a Rosario y alrededor de 600 policías federales. Es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de efectivos por habitante.

Este martes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, resolvió enviar 575 gendarmes que llegarán entre los próximos 15 y 20 días. Además, planteó la creación de una unidad móvil para reforzar la seguridad en la provincia de Santa Fe, con mil efectivos más. Vale recordar que, sacando a un par de jerarcas desplazados por Sabina Frederic, la Gendarmería se mantiene intacta desde el macrismo. Es más, una de las primeras cosas que hizo Aníbal al asumir como ministro fue ratificar a la cúpula de ésa y las demás fuerzas federales -de ahí para abajo, se ratifica a toda la tropa-. Es decir, se trata de la misma Gendarmería que arrasó en agosto de 2017 a la Pu Lof de Cushamen (Chubut), represión que dejó desaparecido a Santiago Maldonado durante 78 días hasta que su cuerpo fue hallado en el río. Un crimen de Estado que sigue impune.

Para darle carácter nacional, los anuncios fueron realizados en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde participaron junto al gobernador Omar Perotti y Aníbal Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el titular de la cartera de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Tras estos anuncios el dirigente del PTS-FIT en Santa Fe, Octavio Crivaro sostuvo: “Esto es una medida con tinte electoral que estigmatiza a los sectores populares, recordemos que vienen de perder con Cambiemos en la provincia. Hay un gran circuito legal de dinero ilegal que no se discute relacionado con el juego clandestino y el narcotráfico”.

“Está demostrado que la Policía, los fiscales y miembros del peronismo y del Frente Progresista están involucrados en estas cuestiones, esto es lo que no se discute. Son los mismos partidos que ahora definen militarizar la provincia”, agregó Crivaro en Alerta Spoiler.

Octavio Crivaro: “No se discute el circuito legal de dinero ilegal con protección estatal”

El flamante ministro recurre a una receta que demostró ser un fracaso. Cada vez que enviaron fuerzas nacionales, los índices de violencia no bajaron, y por el contrario, estos mismos uniformados fueron parte del entramado del negocio ilegal.

Lo mismo se ve desde hace años en el Conurbano bonaerense, donde Gendarmería y Prefectura comparten la escena con la Bonaerense, cada vez con más efectivos y más armas, pero ni el narco ni el gran delito parecen siquiera bajar en intensidad.

Que Rosario se haya convertido en una ciudad con fuertes y visibles negocios ilegales, se debe en gran parte a la cantidad de dinero que circula en la provincia sojera. Además, la privatización del Banco de la Provincia de Santa Fe y los puertos de Rosario, son esencialmente parte del problema.

Tiempo atrás salió a la luz que este banco lavaba dinero, y que en los puertos de Rosario se "exportaban" sustancias ilegales. Algo que no fue una sorpresa para los que siguen el tema de cerca.

Conociendo que este es el entramado delictivo, los anuncios recientes no toman medidas para derrumbar el poder de las bandas criminales. Como desarrollamos en esta nota en profundidad, es necesario tomar medidas que ataque los intereses de los grandes empresarios asociados a estas bandas. Estatizar los puertos y atacar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales de los empresarios y políticos asociados a estas bandas, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias, son algunas de las medidas que podría tomar el gobierno si tiene interés de desbaratar este negocio sangriento.

El control social de los sectores más vulnerados

Las campañas del miedo, impulsadas desde las empresas periodísticas, que demonizan a los extranjeros y a los sectores más pobres, es tomada por los funcionarios y políticos de los partidos patronales para criminalizar la pobreza y mantener a raya a todos quienes quieran enfrentar la desigualdad social. Así fue como a pocas horas de asumir, Aníbal Fernández dio la orden de desalojar los trabajadores ferroviarios -la Policía tiró un obrero del terraplén-, despedidos durante el gobierno de Macri y ninguneados por el gobierno de Alberto Fernández.

Este jueves familias de la toma de la Villa 31 fueron reprimidas brutalmente por la Policía de la Ciudad. De forma sorpresiva y con un megaoperativo, sin ninguna solución habitacional, destruyeron sus casas. Son unas 80 mujeres con 175 niñas y niños los que ocupaban un terreno baldío en el barrio 31. Las mujeres llamaron a la toma "Fuerza de Mujer". Hubo detenidos.

Desde el Frente de Todos fueron ínfimas las voces que salieron a repudiar el operativo de Rodríguez Larreta. Y quienes lo hicieron fue con un discurso cínico, se olvidaron de las topadoras de Guernica, enviadas por Axel Kicillof.

En octubre del año pasado, en la localidad bonaerense de Guernica, cientos de familias fueron reprimidas por la Policía Bonaerense. Al frente del operativo se encontraba Sergio Berni. Le pasaron con las topadoras sobre sus precarias viviendas destruyendo todas sus pertenencias.

Pesaba sobre los ocupantes de Guernica una orden judicial, para que abandonaran el predio. Esta criminalización de la pobreza es posible porque el Estado capitalista sanciona leyes contra “los usurpadores” en pos de cuidar la propiedad privada de los verdaderos expropiadores. Aun cuando las tomas de tierras no son usurpaciones, el Poder Judicial y sus funcionarios con las fuerzas policiales están ahí para desalojar a los sin techos.

Kicillof miente: el Gobierno provincial puede negarse a desalojar en Guernica

Mientras los negocios inmobiliarios proliferan -torres de lujo de un lado y countries del otro-, las familias populares sufren el mismo problema habitacional.
Gobierne el Frente de Todos o Juntos por el Cambio, la respuesta para estos sectores es represión para arrojarlos a la intemperie.

Kar Marx sostuvo que el nacimiento del capitalismo es un robo que se llevó a cabo a través de la violencia y el asesinato, de la usurpación de tierras comunales y de la expulsión del campesinado que vivía de aquellas. Sancionó la legislación penal para garantizar la inmunidad de los usurpadores, desconociendo así la legitimidad legal que suponían los derechos tradicionales de las clases oprimidas.

La vigencia de lo que analizó Marx hace doscientos años, muestran que estos problemas estructurales de hambre y miseria que sufren las grandes mayorías, son responsabilidad de un sistema irracional donde la clase capitalista se beneficia a costa del hambre y el sufrimiento de las mayorías.

La economista Mónica Arancibia en su artículo “El Gobierno premia a las patronales mientras la pobreza duele” explica que a la par que benefician a los grandes patronales crece la pobreza pasando del “4,6 % en 1970” a “superar el 40 %” en la actualidad, lo que muestra “la decadencia en la que nos hundieron los gobiernos patronales y la clase capitalista que no pueden dar una salida de fondo a la pobreza o a la desocupación. Hay que dar vuelta todo”.

El Gobierno premia a las patronales mientras la pobreza duele