Aunque fue condenado en 2017, Jorge Lazarte tenía la costumbre de almorzar en restaurantes porteños. Se olvidó la tarjeta de crédito y una moza lo denunció.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Lunes 9 de marzo de 2020 11:20
Lazarte en el bar porteño que frecuentaba. (Créditos: www.fiscales.gob.ar)
A la hora del almuerzo, nadie se imaginaba que ese señor que frecuentaba, a veces acompañado por una mujer y un perro, un restaurante en el barrio porteño de Coghlan era un genocida suelto. Jorge Omar Lazarte fue condenado en tres oportunidades por su participación en el genocidio de la última dictadura, iniciado por el Operativo Independencia, como supervisor militar del Servicio de Informaciones D2.
Fue juzgado y condenado en Tucumán por las megacausas "Arsenales II", "Villa Urquiza" y "Operativo Independencia". Cumplía, por así decirlo, su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Aunque, como se señaló desde el Ministerio Público Fiscal, “por lo menos desde hace dos años, [Lazarte] sale de su domicilio, violando los términos de la prisión domiciliaria otorgada”.
Jueves al sol
Lazarte fue denunciado ante la Procuraduría de crímenes contra la humanidad luego de que en “en circunstancias de un posible reconocimiento, salió rápidamente dejando olvidadas su tarjeta de crédito y su DNI”. Luego de buscar en internet y encontrar referencias a sus condenas, una moza guardó los documentos y tickets de consumo, esperando el regreso de Lazarte, y radicó la denuncia.
En la fecha de ese almuerzo, Lazarte tenía una autorización para ir al médico. De acuerdo al legajo, estas autorizaciones fueron otorgadas desde abril de 2018 para los días jueves. Sin embargo, en el expediente no consta ningún diagnóstico ni tratamiento, como tampoco certeza de que haya asistido. Lazarte además tiene otro presunto tratamiento durante los martes, donde también faltan certezas y crecen las dudas.
El 18 de febrero se notificó que Lazarte salió de su domicilio a las 9.43 y regresó a las 14.18, sin que haya constancia de una autorización. En tanto que desde la obra social de las Fuerzas Armadas, a la que se le requirió un informe de las prestaciones autorizadas desde enero 2017, informaron que Lazarte sólo tenía previsto un tratamiento de fisioterapia para abril.
A raíz de esta denuncia, el viernes el juez Gabriel Casas dispuso la modificación de la modalidad de arresto y Lazarte fue trasladado a la Unidad Penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal en Campo de Mayo.
Lazarte no es el primer genocida en violar el arresto domiciliario, fraguando dolencias médicas para acogerse a ese beneficio y no cumplir sus condenas en cárceles comunes como demandó históricamente el movimiento de derechos humanos. Esta situación se agrava si toma en cuenta que, según el fiscal Pablo Camuña, de alrededor de 80 represores condenados en Tucumán, solo 1 tenía el cumplimiento efectivo (con Lazarte serán dos). La gran mayoría goza prisión domiciliaria.
La impunidad de los genocidas encuentra asidero en la baja tasa de condenados respecto al número de involucrados en el genocidio, como así también la impunidad del poder político, clerical y los empresarios que participaron del golpe y la dictadura. La negativa a abrir los archivos, compartido por todos los Gobiernos desde 1983, apuntala la impunidad, como lo hacen los discursos negacionistas que enarboló el macrismo y los que hablan de “pasar de página”, como planteó el presidente Fernández.
En las vísperas de un nuevo aniversario del 24 de Marzo, se impone la necesidad de continuar peleando por el juicio y castigo a todos los genocidas, con cárcel común, perpetua y efectiva.
