APAGONES. Gente pobre, la más afectada por los apagones masivos

La histórica nevada en EE. UU. y el norte de México provocó una emergencia de electricidad ante el aumento en su demanda y del gas natural para calentar las casas, donde millones de personas estuvieron sin agua caliente, con mucho frío y en condiciones insalubres ante la falta de estos recursos indispensables en plena pandemia.

Sumado a la crisis económica, las familias más pobres del país son las que más padecen de condiciones precarias para soportar los fuertes fríos al norte, donde los estados más afectados son Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Sonora, aunque hay otros donde se registraron también los apagones.

Además del ámbito doméstico, las plantas productivas y los servicios médicos fueron afectados por los apagones rotativos programados, de 15 a 30 minutos en el día y desde las 21:00 a 04:00 hrs. para la noche, con duración de varios días hasta el fin de semana pasado, según el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía). Esto pudo afectar la salud de las personas conectadas a un respirador de suministro de oxígeno, contagiadas en esta crisis sanitaria por el Covid-19.

Desde principios de febrero, los estragos en el sector energético paralizaron las operaciones de las principales refinerías de la Costa del Golfo y se incrementó el precio del gas en México hasta en un 600 %. Cabe destacar que México importa el 90 % del gas natural de EE. UU., principalmente de Texas, donde el gobernador Greg Abbott prohibió la venta de gas natural fuera de sus fronteras hasta el 21 de febrero, para que la industria venda a los generadores de energía estatales.

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Y es que nuestro país depende en la generación de energía de las centrales de ciclo combinado, que requieren de gas para producir energía eléctrica. Al congelarse los ductos que suministraba el gas natural, se sobrevino una demanda excesiva de energético para calefacciones; lo que llevó, en primer lugar, a que se dejara de enviar este elemento indispensable en los hogares de la zona norte y noreste del país, principalmente, pero también en su incremento inaccesible por el costo excesivo para las familias mexicanas, de tres a seiscientos pesos. Esto refleja la cara más dura de la privatización energética producto de la política neoliberal que atenta contra la población más pobre y vulnerable del país.

Las autoridades en México han pedido a la población que se reduzca el uso de la electricidad y sólo se use para lo “indispensable” deslindándose, de este modo, de su propia responsabilidad. Piden que apaguemos la luz que no se usa y desconectemos los dispositivos electrónicos que no se requieran, pero para las familias mexicanas, sobre todo las más humildes, es indispensable contar con aparatos suficientes para calentarse ante el frío intenso, que funcionan con energía eléctrica o gas natural; quienes deben recurrir, muchas veces, a alternativas como prender las hornillas de sus estufas o aparatos de cocina para medio solventar los estragos del frío. Por lo que estas medidas afectan a la población.

AMLO, por otra parte, ordenó activar plantas de carbón y combustóleo, así como poner en marcha termoeléctricas e hidroeléctricas para combatir apagones, así como anunció la compra de tres barcos de gas licuado para normalizar el servicio eléctrico en el país; aunque, también comparte la visión de organizar apagones periódicos de 30 minutos.

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Para alcanzar una independencia energética efectiva, la propuesta de reforma de AMLO a la Ley de la Industria Eléctrica, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados, que busca reforzar el papel de la paraestatal, se queda a la mitad del camino, porque mientras deja en pie la generación privada de energía (lo que hace de esta necesidad un negocio), se privilegian las energías fósiles, peligrosas para la vida en el planeta, sin que haya un programa integral para una transición hacia el uso de energías limpias, que no generen residuos y que utilicen fuentes renovables.

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Ante esto, consideramos que una soberanía energética real y adecuada a las necesidades ecológicas de nuestro tiempo, tendría que pasar por la renacionalización de toda la industria energética que ha sido privatizada, bajo el control democrático de sus trabajadores y comités populares de usuarios, junto a un plan que permita la transición a energías limpias, lo que implica que se expropie a las empresas privadas que las producen actualmente en México.