La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que la geolocalización en tiempo real no constituye una violación al derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones, por lo que consideró que no requiere una orden judicial.
Sergio Abraham Méndez Moissen México @SergioMoissens
Viernes 6 de mayo de 2016
En días recientes la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos la nueva reforma al Código de Justicia Militar que establece el cateo a domicilios y recintos de los tres poderes; ejecutivo, legislativo y judicial, así como a organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) o en instancias como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuestión señalada por algunos medios como un camino para establecer un sistema dictatorial castrense.
Pero no sólo hay una política encaminada para violar derechos constitucionales, por medio de cateos y allanamientos a domicilios particulares, ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avala la modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que permitiría sin orden judicial la intervención directa a teléfonos móviles.
Precisan también que el acceso de las instancias de “procuración de justicia” se justificará “cuando se presuma un peligro a la vida o integridad de las personas, como valores supremos cuya protección y tutela corren a cargo del Estado Mexicano”.
La SCJN ha indicado que dicha ley no viola ni transgrede los derechos humanos a la intimidad o inviolabilidad de las comunicaciones privadas, puesto que aplicaría en caso de “secuestro y para protección de la vida”. Sin embargo poco podemos decir de la efectividad de estas instituciones y del mecanismo y funcionamiento de quienes pretenden aplicarla.
Y es que actualmente es de todos conocido el hecho de las autoridades ejecutoras de dichas reformas o modificaciones de ley; la policía junto con el Ejército mexicano, (además de los distintos mandos al interior del gobierno) actúan en colusión o complicidad con sectores del narcotráfico o delincuencia organizada. Es decir, no se puede dejar de lado todas aquellas lecciones que por acción u omisión el Estado mexicano ha estado implicado;Ayotzinapa da cuenta de ello y para pruebas están las declaraciones brindadas por los cinco miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La premura en avalar y aprobar modificaciones de leyes, que como ahora permiten la geolocalización y el “resguardo de información o datos personales”, resulta ser más un peligro para la población, cuando vienen acompañados de las recientes modificaciones a otras leyes, como la del Código de Justicia Militar o de diferentes propuestas en la Cámara de Diputados que suponen el control y regulación de la protesta social, cuyo expresión represiva tiene lugar en el artículo 362 del Código Penal.
No es un iniciativa asilada. Hay todo un arsenal de ataques a la población que vienen proponiendo y legislado los partidos al servicio de los empresarios, al resguardo de jugosos negocios.
Desde la fórmula #5 que encabezada por Sergio Moissen y Sulem Estrada, Anticapitalistas a la Constituyente rechazamos esta modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por atentar contra las libertades democráticas, así como las propuestas sobre el control de multitudes. Estamos por la derogación del artículo 362 que en la ciudad ha violentado nuestro derecho a la protesta y libre manifestación social. Exigimos también justicia y la aparición con vida de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, así como fortalecer la movilización para echar abajo la militarización y represión en la Ciudad de México y el resto del país.
