CRISIS ECONOMICA. Gerardo Morales arrancó su 2019 con cantos al tarifazo y a las retenciones

En una semana donde continúa la interna de Cambiemos con el intenso “fuego amigo” de Elisa Carrió sobre el presidente Mauricio Macri, desde Jujuy, el gobernador Gerardo Morales, aportó algunas cañitas voladoras y cohetes de artificio en lo que sería el inicio de su reelección.

Primero salió al cruce sobre la Sociedad Rural exigiendo una suba de las retenciones fijas en pesos que el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne propuso en $ 4 como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la meta del “déficit cero”.

Este esquema recordemos es parte de un ajuste brutal de casi 400.000 millones en el gasto nacional para transferir la mitad de estos recursos al pago de de intereses a los especuladores de la deuda pública en 2019.

Como parte de la agenda de recortes en el presupuesto 2019 que negocia Cambiemos junto con los gobernadores oficialistas y del PJ, Morales sugiere duplicar a $ 8 pesos la retención por qué asegura que desde ahí debería financiarse la asistencia social a los más necesitados.

En un año hay 50.000 nuevos pobres y 20.000 nuevos indigentes en Jujuy, una provincia que se encuentra entre las cuatro con mayor cantidad de pobres del país.

En uno u otro caso, la medida de retenciones a los dueños del agronegocio son cosquillas para su rentabilidad que con la devaluación del peso de este año del 120 % ha tenido un repunte formidable. Solo con la retención de $ 4 si el dólar se devalúa a $ 50 como se espera para fines de 2019 (REM-BCRA) ya estaría licuado este impuesto.

Se dobla pero no se rompe

Si bien las afirmaciones de Morales respecto al campo valieron una pronta respuesta de la Sociedad Rural, dentro de la provincia su gobierno fiel a la tradición oligárquica responde a las órdenes de los hombres y mujeres que históricamente se apropiaron de las tierras de los pueblos originarios.

Son cinco familias las que concentran más del 40 % del valor fiscal de las tierras de la provincia, Blaquier-Ingenio Ledesma (157.556 has), La Esperanza (64.219 has), Ingenio Río Grande (26.563 has), Familia Bracamonte (24.544 has), Forestal Norte (24.500 has). Si bien no es público el pago de impuesto inmobiliario de este sector de los terratenientes, históricamente ha sido más que módico.

Con ellos Morales, como también los dirigentes históricos del PJ jujeño, guardan una íntima relación de negocios y de lobby para sostener todo tipo de ayudas del Estado. La caja millonaria, siempre cuestión de disputa, es el Fondo Especial del Tabaco que este año sería de $ 2.391 millones, casi la mitad del presupuesto de salud.

Rentas sagradas

Otra renta que no se cuestiona es la que obtienen las multinacionales mineras protegidas por la legislación menemista sobre la actividad, e incorporando mayores flexibilizaciones con el “Pacto Minero”.

Este sector mayoritariamente en manos de empresas extranjeras según el presupuesto 2018 aportaría solo el 2,2 % de los ingresos tributarios de origen provincial. Migajas quedan para el Estado, mientras hacen un negocio formidable, como es el caso del litio con precios internacionales de 10.000 dólares la tonelada y costos entre 1.600 y 3.000 dólares según el diario La Nación.

Hace unos años agregaron un nuevo negocio con las “energías renovables”. El precio del bioetanol de caña de azúcar tuvo una suba del 40 % determinada por la secretaria de Energía entre marzo y octubre, superando la inflación promedio de 34 % durante este período. En Jujuy se benefician los ingenios Ledesma y Río Grande.

Gas: siga y siga el tarifazo

Luego de la sugerencia de retenciones Morales se sumó al llamado de la UCR a desactivar la resolución 20/2018. Con la misma el secretario de Energía, Javier Iguacel, instrumentaba una transferencia millonaria de más de 20.000 millones de pesos en 24 cuotas desde los bolsillos del pueblo trabajador a las empresas privatizadas del gas. Había que garantizar las ganancias en dólares que rigen desde los contratos de privatizaciones de las empresas del Estado en 1992.

El retroceso en esta resolución en el día de ayer, implicaría la transferencia al Estado de la compensación a la ganancia de las privatizadas. Este esquema de saqueo, al igual, que la vigencia del nuevo tarifazo (35 %) en el gas que rige desde el 1 de octubre es tema cerrado y no se discute para los radicales ni el Gobernador de Jujuy.

En materia de negocios energéticos Gerardo Morales tiene importantes intereses en sostener el esquema de las privatizaciones menemistas, puesto que en el Parque Solar Cauchari, que impulsa vía endeudamiento del Estado provincial, rigen tarifas en dólares por las cuales la energía generada será vendida a la distribuidora mayorista CAMMESA.

Lejos de los cantos a la hinchada en la previa al año electoral como le gusta al gobernador Morales, sin afectar los intereses de fondo de los dueños de la provincia no hay solución a los problemas estructurales de las grandes mayorías.

La nacionalización de los servicios públicos bajo control de trabajadores y usuarios, como la expropiación de los terratenientes, son medidas fundamentales para hacer frente al ajuste actual y comenzar a revertir años de pobreza, explotación y opresión sobre los trabajadores y los pueblos originarios.