Después de la resolución sobre las tarifas de gas, la Corte solicitó ayer a la Procuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó que dictamine sobre la validez del aumento en las tarifas eléctricas
Sábado 20 de agosto de 2016
Fotografía: wikimedia
La causa en la cual el Gobierno nacional apeló la suspensión dispuesta por la justicia Federal de La Plata del incremento tarifario del servicio eléctrico impuesto a partir del 1 de febrero, recaerá sobre la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que deberá dictaminar sobre el curso de las tarifas energéticas.
Mientras la noticia se conocía ayer a pocas horas del la resolución sobre el gas, el gobierno de Macri dejaba entrever que entre el lunes y el martes oficializará el llamado a una audiencia pública para tratar el incremento de las tarifas por el suministro de electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires, a cargo de las distribuidoras Edenor y Edesur. No hay mención al hecho de que las audiencias no serían vinculantes, lo cual permite contar todavía para el gobierno con una carta para definir el monto final de las tarifas.
Fuentes del Ministerio de Energía y Minería consultadas indicaron que tal audiencia se realizará en la segunda o tercera semana de setiembre y ratificaron la audiencia pública anunciada para octubre para la Revisión Tarifaria Integral (RTI).
El 7 de julio, la Sala II de Cámara platense hizo lugar a una medida cautelar que suspendió por tres meses la instrumentación de los aumentos en la tarifa de luz en las áreas operadas por las empresas Edenor y Edesur.
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Así concedió el amparo solicitado en una presentación efectuada por los diputados del Frente para la Victoria, Walter Abarca y Evangelina Ramírez, y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
La causa llegó a la Cámara luego que la medida cautelar presentada por los diputados del Frente para la Victoria fue rechazada por el juez de primeras instancia, Adolfo Ziulu.
En la presentación los legisladores habían pedido que se suspenda el aumento en la tarifa eléctrica debido a que no se realizó una audiencia pública para definir el cuadro tarifario.
Tal como ocurrió ayer en la causa vinculada al incremento tarifario del gas, Gils Carbó se deberá pronunciar sobre la viabilidad o no del incremento en el servicio eléctrico.
Pero el caso que llega a manos de la Corte, no es de alcance nacional respecto a la nulidad del incremento, como sí ocurre con el reciente fallo de la jueza federal de San Martín, Martina Forns.
La jueza dispuso el 3 de agosto la nulidad a nivel nacional de las resoluciones del Ministerio de Energía que dispusieron los aumentos del cuadro tarifario del servicio de luz y ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que se abstenga de aplicar los incrementos hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública.
El pronunciamiento de Forns se dio en el marco del pedido de amparo de ciudadanos del partido de Tres de Febrero y por dos organizaciones no gubernamentales -Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y Consumidores Argentinos-, que solicitaron la nulidad de las Resoluciones 6/2016 y 7 /2016 del Ministerio de Energía y la Resolución 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre).
