Derecho al aborto. Ginna Torres, una diputada que evidencia la hipocresía de la lucha contra la violencia de género

Ginna Torres es una diputada tarijeña por el partido UNIR, creado por el ex alcalde de la ciudad, Oscar Montes, que se jacta de ser una “activista por la violencia de género”. De hecho, fue directora de género del municipio de Cercado, en el año 2012, por lo que a primera vista parece sorpresiva su asociación al principal representante de la movida anti-derechos de Bolivia y miembro del partido falangista en Bolivia, Horacio Poppe.

Esta alianza derechista, que también incluye al diputado Luis Felipe Dorado de UD (Unión Demócrata), plantea presentar dos proyectos de ley: el primero propone que se permita la adopción prenatal para que no exista ninguna posibilidad de que se legalice el aborto, y el segundo, que el Estado invierta y garantice la reproducción asistida para parejas que no pueden concebir hijos.

Esta política brutalmente anti derechos, enciende una alarma por la creciente ofensiva que grupos de derecha y conservadores están llevando a cabo en el continente, incluso bajo la consigna de la “preocupación” por la familia o por la misma violencia de género, como esta diputada lo demuestra. Según su declaración en redes, la diputada Nacional Ginna Torrez, con estas medidas propone "cerrar por completo la posibilidad de que se legalice el aborto en Bolivia", esto podría significar un retroceso brutal en las causales estipuladas hasta el momento. Es decir, al proponer que el tema del aborto se saque definitivamente de la mesa, estos grupos anti-derechos demuestran que no tienen ningún reparo en obligar a una niña, por ejemplo, a gestar y parir un bebé ya que estaría previamente “reservado” por una pareja. Recordemos el caso que recientemente se dio en Argentina, en la provincia de Tucumán, donde una niña de 11 años fue violada por un hombre de 65 años y luego obligada a gestar para posteriormente ser sometida a una cesárea, una verdadera tortura. O el caso de una niña de 10 años en Santa Cruz que fue violada por su padrastro y tuvo que parir a los 7 meses de embarazo porque corría riesgo su vida y la del bebé. También obligarían bajo el mismo argumento de adopción pre-natal a que mujeres víctimas de violación tengan que gestar y parir contra su voluntad.

La propuesta de esta alianza derechista es en última instancia relegar a la mujer a un rol incubadora y además utilizar a los niños por nacer como “objetos” que pueden ofrecerse a las parejas que el mismo sistema machista vea conveniente, pues sabemos muy bien que no califican para una adopción las parejas homosexuales o lesbianas, y que incluso es muy difícil que una mujer sola, sin pareja, pueda considerarse “óptima” para adoptar un niño.

Si Ginna Torres alguna vez fue directora de género en Tarija, es obvio que nunca le interesó hacer la asociación entre la violencia machista y la violencia que un Estado ejerce sobre las mujeres al no permitirles decidir sobre su propio cuerpo, nunca incluyó los cientos de muertes por aborto clandestino como un factor importante en su agenda, en fin, nunca le interesaron la vida de las mujeres y niñas. Más allá de participar en algunas actividades del estilo “Fexpomujer” y mencionar la ley 348 en sus discursos, la gestión de la actual diputada Torres no ha tenido acciones concretas en cuanto a políticas de igualdad de género, siendo sus actividades más destacadas las elecciones de las nuevas autoridades infantiles del Gobierno Municipal de Tarija y la provincia Cercado y el reconocimiento a 23 parejas que cumplían 50 años de casados, como una “actividad programada para revalorizar a la familia”.

Ahora, dentro de su nueva posición como diputada, y en alianza con uno de los más radicales misóginos y transfóbicos, principal impulsor de la derogación de la ley de identidad de género, busca hacer aún más radical su posición abiertamente reaccionaria y en contra de los derechos de las mujeres y de la comunidad sexo diversa y de los niños nacidos. Existen además varios factores contradictorios en estas propuestas: hay muchísimos niños actualmente en adopción en orfanatos precarios, que deberían ser la prioridad del Estado. Si las parejas elegirían desde el vientre a un niño, solo empeorará la situación para los miles de niños que buscan hogar, y que mientras más van creciendo, menos oportunidades tienen de conseguir una familia.

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Además, no es posible pedir al Estado que invierta recursos en reproducción asistida para parejas mientras existan índices tan altos de abandono infantil, nuevamente se evidencia con esta propuesta lo poco que realmente interesa a estas personas la vida de los niños. Desde su denominación “Pro-vida”, vemos un discurso hipócrita que solo busca encubrir lo que verdaderamente buscan: negarles derechos básicos fundamentales a las mujeres, torturar a niñas y mujeres a llevar adelante embarazos no deseados y seguir ejerciendo control sobre nuestros cuerpos relegándonos a un rol de “incubadoras”, y si es necesario hacerlo a través de los niños, no tienen reparos en hacerlo.

Esta propuesta desnuda abiertamente el carácter ultra reaccionario de los representantes de las distintas variantes burguesas que hoy participan en la administración del Estado. Su denominaron común es que están a favor del aborto clandestino. La expresión más retrógrada la encabezan ahora Poppe y su aliada Ginna Torres cuya propuesta seguirá condenando a cientos de miles de mujeres a muerte por someterse a abortos clandestinos donde son las mujeres trabajadoras y las mujeres de los sectores más oprimidos y pobres que exponen más sus vidas por las condiciones precarias en las que se los lleva a cabo.

Diputadas como Ginna Torres son el ejemplo perfecto de la desvalorización de la palabra género y la lucha contra la violencia machista en los contextos de poder o instituciones actuales, pues, ¿de qué otra manera puede una persona llegar a ejercer un cargo de dirección en género, siendo acérrima detractora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?