NEUQUÉN. Ginóbili vs. mapuches: una comunidad a juicio por proteger tierras en Villa La Angostura

En uno de los rincones más bellos de la tierra, pueblos originarios y millonarios “emprendedores” disputan mucho más que un asunto de propiedades. Los primeros se plantaron para resguardar el bosque nativo, fueron atacados por una patota el año pasado luego de haber impedido el paso de maquinaria forestal, y ahora serán llevados a juicio por “usurpación” de la casilla del cuidador del predio, donde se habían refugiado sus agresores.

El predio en cuestión lo adquirió nada menos que el basquetbolista Emanuel Ginóbili.

Los abogados del astro deportivo dicen que son “violentos”, niegan la existencia misma de la comunidad Paichil Antriao y los acusarán formalmente en el juicio que comienza el próximo 29 de junio.

“Las víctimas mapuches están en el banquillo de los acusados y quienes acusan son los victimarios, un disparate total”, se indigna el abogado Luis Virgilio Sánchez en diálogo con La Izquierda Diario. Y explica que impugnó el juicio porque le negaron la posibilidad de citar a Ginóbili como testigo. “La fiscalía dejó afuera mi denuncia por lesiones, tenemos la filmación del 13 de junio de 2018 cuando atacaron con armas y garrotes a un grupo en el que había mujeres con bebés”, agrega al referirse a su causa, que tiene a dos personas imputadas con domicilio en Buenos Aires.

Originarios

Los baqueanos de las familias Paichil y Antriao fueron quienes marcaron los límites de la cordillera y, en pago a tal servicio, en 1902 Julio Argentino Roca les otorgó las tierras del lote 9, es decir toda Villa La Angostura, según consta en la documentación de la causa a la que accedió este diario.

Sin embargo esa comunidad no reclama la posesión de la ciudad y sus paradisíacos alrededores. Solo quiere que la dejen cuidar la flora milenaria de la región, protegida por la Ley de Bosques.

En medio de esta trama también aparecen los intereses del arquitecto Alberto Rossi, esposo de la hermana mayor de la primera dama, Juliana Awada y dueño del fideicomiso Lago Correntoso. Manu Ginóbili es su vecino y titular del fideicomiso Terrazas del Correntoso. Rossi quiere hacer una urbanización, mientras que el astro se inclina por los hoteles.

¿Tiene precio el bosque nativo?

“Emanuel no se quiere meter en esta discusión. Lamentablemente le toca estar desde que compró en 2005, no había ningún antecedente ni problema con estos temas, no tiene cómo desprenderse del asunto. Pero eso que usted pide sería imposible”, responde el abogado José Mena a “eso”, la solicitud de esta periodista para hablar con el astro argentino de la NBA.

Desde que se anunció la elevación a juicio oral contra siete integrantes de la comunidad mapuche Paichil Antriao volvieron las acusaciones cruzadas y, según varios medios patagónicos, Ginóbili estaría dispuesto a retirarse de la zona del cerro Belvedere a cambio de una indemnización.

En Diario Andino otro de sus abogados, Jorge Mena, aventuró la cifra de U$S 20 millones e incluso mencionó la posibilidad de construir viviendas para los lugareños.

Enseguida el abogado de la comunidad salió al cruce al destacar que, si se diera ese caso, el basquetbolista habría comprado a precio vil, U$S 150 mil, cuando esa moneda cotizaba casi $ 3 y pretendería ser indemnizado a valor usura. Además, dice el propio Sánchez, le preguntaría a Ginóbili cuánto cree que cuesta el bosque nativo, porque todo comenzó con la tala de unos 131 árboles protegidos.

“Aclaraciones”

Curiosamente, Mena hijo desautorizó a Mena padre. “Quien hace esas declaraciones es Jorge Mena, que se ocupa de la parte penal, yo soy José Mena y me dedico a lo civil y laboral”, dice uno de los abogados de Ginóbili a La Izquierda Diario. Y aclara que “no fueron así las declaraciones, las sacaron de contexto como suele pasar, pusieron títulos equivocados”. De todos modos no se modifica la esencia del planteo.

“Siempre estuvimos dispuestos a conversar para buscar soluciones, vemos que el Estado no la aporta, sería muy fácil si el Estado nacional o provincial arman una mesa de negociación seria con todas las partes, pero no lo quieren hacer. Y la comunidad no asiste a esas reuniones. La estrategia que tienen es acudir a las vías de hecho, a la violencia y las amenazas y no al derecho”, dice Mena hijo.

En su razonamiento, si ese acuerdo fracasa el Estado debería indemnizarlos. “El Estado debería aportar la solución de fondo, si no lo hace la única posibilidad sería que se indemnice a los particulares, pero fue una opinión personal de mi papá, no es Ginóbili quien lo dijo. Sin embargo, estamos abiertos a conversar, pero no hemos hablado con él sobre recibir una determinada indemnización o construir viviendas sociales. Quiero dejar constancia de que el Estado debe mediar sentando a las partes para solucionarlo a corto plazo”, agregó.

El letrado también pidió, enfáticamente, dejar sentado que “existe ya un estudio de título hecho judicialmente que indica que no existe vicio alguno en el título de Ginobili. La pericia la hizo el perito Baltanaz en los autos donde tramita la acción declarativa de certeza promovida por Ginobili”.

Originarias disputas

Luis Virgilio Sánchez le respondió a los abogados de Ginóbili. “La comunidad mapuche nunca cuestionó el tracto de los títulos, existe una ilegitimidad de origen que se ve de la propia escritura inicial. No cuestionamos que se hayan hecho las transferencias de dominio, sino su vicio de origen: era propiedad comunitaria y por lo tanto intransferible, como si fuera poco, el mapuche que firmó era analfabeto y le hicieron apoyar su dígito pulgar”, dijo el letrado a este diario.

A su vez se hace una pregunta: “¿qué sentido tiene hacer un juicio para explicar que tus títulos son legítimos y que los mapuches son originarios, si nadie te demando cuestionando tus títulos? ¿Quién necesita iniciar un juicio para demostrar que sus escrituras son legítimas, si son actos solemnes que se acreditan con el solo registro?”.

Para el abogado neuquino la actitud de Ginóbili, luego de comprar las tierras, lo delata. “Sabía y sabe que son tierras comunitarias, territorio de la comunidad mapuche Paichil Antriao. Al ser personas vulnerables, que no tienen recursos, pensó que sacárselos de encima iba a ser un trámite. Pero desde hace años le estamos dando la batalla legal y esperamos ganarla”.

Luego del despojo perpetrado por José Salamida, exintendente durante la dictadura, la comunidad siguió ocupando las tierras y los herederos del funcionario se las vendieron al basquetbolista.

“Le explicaron que le vendían tierra con gente adentro, más allá de que en el contrato de compra-venta decía lo contrario, y a partir de ese momento el nuevo dueño empezó a hacer acciones judiciales”, afirma Sánchez. “Primero validó sus títulos, luego inició una acción de desalojo, pero la justicia le falló en contra a su vecino en mayo de 2018”, agrega. El vecino es Rossi, el concuñado de Mauricio Macri.

Las causas judiciales contra los mapuches son dos: “Ginobili Emanuel David s/ Acción Meramente Declarativa Exp 30607/2012”, que tramita en los juzgados civiles de Junín de los Andes, y “Ginobili Emanuel David c/ comunidad mapuche Paichil Antriao s/ Interdicto exp 7235/2015”, ante el juzgado de Villa la Angostura. Antes había hecho denuncias penales.

Estrago ambiental y patota

Apenas comenzaron las obras del fideicomiso Lago Correntoso, la comunidad acudió a realizar el “resguardo territorial” en la “servidumbre de paso”, es decir armaron un acampe donde habían detectado el estrago ambiental que produjo la tala de más de un centenar de árboles protegidos. El acceso a ese sitio sólo es posible pasando por las tierras de Ginóbili, por eso se ubicaron frente a la casa del cuidador Martínez.

“Llegaron policías, pero con un habeas corpus preventivo logramos sacarlos y se frenaron las obras”, apuntó Sánchez. El fiscal determinó que la comunidad no había cometido delito alguno y se llegó a un acuerdo de paz: no tocar el bosque y no avanzar en emprendimientos.

“La comunidad consolidó su sitio, pero al poco tiempo apareció una patota privada que los cagó a palos y luego se refugió en la casa del cuidador de las tierras de Ginóbili, Guillermo Martínez. Al día siguiente, los mapuches radicaron la denuncia por el ataque y le dijeron que se fuera. El fiscal Adrián De Lillo durmió ese expediente por el delito de ‘ataque en despoblado y en banda’ y receptó una nueva denuncia por la presunta usurpación de esa casa, donde Martínez querella asistido por los abogados de Ginóbili”, resume el abogado de la comunidad.

En uno de los videos presentados como evidencia, Martínez reconoce que “la gente que me paga a mí se metieron acá adentro, es cierto, pero yo no sabía que iban a hacer este desastre, hicieron todo el quilombo y se fueron a la mierda”. Y así ratificó que se trata de personas que no son del lugar quienes atacaron con garrotes y armas a la comunidad. Las imágenes evidencian que el acercamiento de los mapuches no fue violento.

“Si les preocupa la violencia y ellos no tienen nada que ver como dicen ¿qué hacían en la casa de su cuidador las personas encapuchadas que atacaron a la comunidad mapuche?”, se pregunta el letrado.

Uno de los sospechosos vive en Glew (Almirante Brown) y el otro en Temperley (Lomas de Zamora) y cuentan con la asistencia del defensor oficial Gonzalo Crespo. El ataque fue en la madrugada del 13 de junio en la zona del acceso al polémico loteo de Fideicomiso Lago Correntoso, donde la comunidad mantenía desde hacía varios meses un “resguardo” para evitar que el grupo empresario avanzara con el desmonte para abrir una calle.

Algunos con la cara tapada, otros con el rostro descubierto, intentaron desalojarlos por la fuerza. La comunidad denuncia que “el grupo de matones portaba garrotes y armas de fuego y lo comandaban dos personas totalmente desconocidas por la comunidad Paicil Antriao, los sacaron a la fuerza y destrozaron la totalidad de la ruka (casa) del resguardo (foto)”.

“Una de las hermanas alcanzó a dar aviso a la comunidad, que reaccionó en minutos y una vez en el lugar lograron rearmar el acampe de resguardo”, relataron quienes mantuvieron durante varios meses una ocupación pacífica del acceso al loteo de 87 hectáreas del Fideicomiso Lago Correntoso, sobre la servidumbre de paso en el lote de Emanuel Ginóbili.

La investigación judicial debería determinar la responsabilidad de los dos sujetos que fueron identificados mediante filmaciones. También si el grupo actuó contratado y por quién.

Rompiendo el pacto

Antes de que empezaran las obras de sendos fideicomisos la comunidad había llegado a un acuerdo en las causas que le había iniciado Ginóbili: ellos no innovaban y él no tocaba el bosque, no avanzando los emprendimientos productivos hasta que terminara el relevamiento territorial y el juicio contra la comunidad por sus títulos legítimos.

“Pero Ginóbili lo rompió, dice que no tiene nada que ver con el fideicomiso Lago Correntoso de Rossi. Pero Martínez se reconoce empleado de Rossi, ¿en qué quedamos? Abrieron el paso a las máquinas para el desmonte, porque solo por su territorio podían pasar, entonces los mapuches saben que hay una sociedad, aunque no sea formal, Ginóbili es dueño de Terrazas del Correntoso para hacer hoteles y facilita al Lago Correntoso todo, tratando de ocultar que lleva adelante su propio emprendimiento para que si pasa algo no lo toquen, pero violaron la ley de Bosques”, relata Sánchez.

“Vino el ministro de Ambiente de la provincia para desestimar el proyecto, había delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario, detuvieron el proyecto, pero ahora empezaron a hablar de repintar el bosque, es zona roja, van a transformar el rojo en verde. En la consulta en Villa La Angostura los sacaron a huevazos”.

Sánchez no cree que la Legislatura apruebe esa idea. “Es rojo porque ese bosque tiene pendientes de 45 grados, flora milenaria que no se puede tocar y a las propias comunidades aborígenes que la ley impide tocar porque son patrimonio cultural. Pero los criminalizan a pesar de que ellos hacen lo que no hace la autoridad de aplicación de la ley de Bosques, el Estado provincial debió impedir las obras desde el inicio”.

Tie ball patagónica

Los abogados del basquetbolista acusan a los mapuches de usar el nombre de Ginóbili “para tener prensa”. Pero ellos dicen que es al revés. “Juez y fiscal impiden que se lo cite, a pesar de que él es el denunciante, pero lo impiden porque eso generaría toda la atención sobre el conflicto de fondo, quieren evitar que el asunto tenga semejante visibilidad”, dice Sánchez.

“Primero los quisieron sacar por la fuerza con la Policía, la patota del Estado, pero por nuestro habeas corpus preventivo fracasó. Y cuando fue desestimada aquella denuncia por usurpación mandaron la patota privada a atacarlos, pero también fracasó porque volvieron a armar el resguardo. Ahora inventan que están usurpando esa casa. Es ridículo, la casa está en un terreno que la comunidad ya ocupa con resolución de fiscalía a su favor”, aclara el letrado.

El abogado dice que es necesario “interrogar a Ginóbili, porque es querellante contra la comunidad. Pero el juez se opone. No tenemos pruebas de que él está detrás de todo esto, pero evidentemente alguien lo protege al impedir que sea interrogado. En esa causa que va a juicio es testigo Martínez y un tal Flores, uno de los atacantes, lo cual es absolutamente irregular porque ellos son los imputados en nuestra denuncia por el ataque, una burla total”, se lamenta el abogado.

Juicio al indígena

A fines de junio serán enjuiciados Leonardo Hernández, Raquel del Carmen Bustos, Damián Olivero, Saúl Mellado, Lucas Cahuimpan y Daniel Paredes Malpu.

“Resulta inquietante que el juez de garantías Nazareno Eulogio decida que Ginóbili no tiene relación con los hechos investigados, siendo que él invoca la calidad de presunto damnificado y despojado y, a su vez, gran parte de la prueba ofrecida por el fiscal son los juicios civiles que Ginóbili posee contra los miembros de la comunidad mapuche, además de que ha confrontado públicamente a Paichil Antriao a través de sus representantes como presuntos usurpadores de su propiedad”, escribió Sánchez en el escrito de impugnación del juicio.

Los Mena, abogados del basquetbolista, claman por otra versión de los hechos. “Un cuidador que habitaba una casa dentro de la propiedad de Ginóbili dijo haber sido amenazado y amedrentado y tuvo que huir porque unas veinte personas de la comunidad tomaron el lugar. En 2015 ya habían usurpado, pero acordamos la restitución, mediando desistimiento de la acción penal y desde esa fecha tenía posesión Ginobili”, expresó José Mena.

“La usurpación la ejercieron con mucha violencia, y no solo respecto de Ginóbili sino de varias propiedades vecinas. Ellos argumentan que Ginóbili está llevando adelante un loteo con una empresa que se denominada Fideicomiso Lago Correntoso pero Ginóbili no tiene nada que ver con ellos. Solo le autorizó ingresar por su propiedad y respetó el acuerdo de no llevar adelante obras hasta que haya sentencia. Actualmente tienen usurpada la propiedad y la vivienda sin que quien la habitara pueda retirar pertenencias ni ningún mueble”, agregó.

Según Mena, “la comunidad Paichil Antriao es reconocida recientemente, en los relevamientos no hay antecedentes de que existieran con anterioridad. La Constitución reconoce a los grupos indígenas que tienen ocupación ancestral de la tierra, pero no es éste el caso”.

El abogado acusa a los mapuches de ser quienes “usurpan con el argumento de que Ginóbili supuestamente estaba violando la ley de Bosques en un supuesto emprendimiento, y les aclaré que no es él sino una propiedad vecina que no tiene relación societaria de ningún tipo, que es este fideicomiso. Él sólo autorizó el ingreso a través de su propiedad. Martínez es un empleado del fideicomiso no de Ginóbili, pero cuidaba el bien de Ginóbili con la autorización de Ginóbili”.

Según el letrado, “con el argumento de cuidar la tierra del emprendimiento vecino usurpan la propiedad de Ginóbili. No hay enfrentamiento con los mapuches, Ginóbili reconoce los derechos de todo el mundo, la reivindicación de esa comunidad es de todo el lote pastoril 9, y no es cierto lo que dice el doctor Virgilio de que se les otorgó. Hay un decreto que se les otorga a dos baqueanos, pero ellos reivindican toda Villa La Angostura, les pregunté por qué no reclaman a todo el pueblo, pero lo hacen con Ginóbili porque lleva prensa”.

Para el abogado no caben dudas de que Ginóbili es la víctima. “Tiene que defender su derecho a la propiedad ante una usurpación, y según la denuncia de Martínez esta gente amenazó con prender fuego a las familias, gente del lugar. Este grupo entiende que tiene derecho sobre toda Villa La Angostura, parientes de los baqueanos a quienes entregaron las tierras en propiedad particular, no en comunidad, son descendientes de ellos y están enojados con ellos”.

A su vez los acusa de no presentarse ante el Poder Judicial y “usar vías de hecho como las amenazas, muy agresivas. Hay argumentos, pero la historia de la reivindicación de este grupo va mucho más allá que Ginóbili. Es una locura, es como si un grupo pretende tener toda la ciudad de Neuquén, uno entiende, y también Ginóbili, que hay comunidades ilegítimamente despojadas de sus tierras, pero no es éste el caso”.

Y planteó que ellos tienen los papeles en regla. “Sería oportuno destacar que existe ya un estudio de título hecho judicialmente que indica que no existe vicio alguno en el título de Ginobili. La pericia la hizo el perito Baltanaz en los autos donde tramita la acción declarativa de certeza promovida por Ginobili”.

Las partes parecen hablar idiomas diferentes. En cualquier caso, para el Conicet sí existe esta comunidad y no reclama ser dueña de toda Villa La Angostura sino que los y las dejen proteger el cerro Belvedere.

En tanto, el Instituto de Ciencias Antropológicas de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA determinó la tala de 131 árboles, coihues y cipreses, en una zona que además es rica en diversas hierbas medicinales que la comunidad usa.

En el escrito con el que la comunidad se presentó el mes pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares de protección, el abogado Sánchez detalló que esa comunidad mapuche “ha sido reconocida por el Estado Nacional Argentino mediante su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas a través de la Resolución 220 del 05/06/2007, emitida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”.

Ante el organismo que depende de la OEA explicó que “se encuentra actualmente en una compleja situación de hostigamiento y violencia institucional, que irroga no sólo el mantenimiento de las Medidas Cautelares oportunamente concedidas por ese Organismo Internacional, sino que las mismas se amplíen hacia el resguardo territorial que la Comunidad Mapuche viene llevando adelante en defensa de su territorio ancestral, denominado ‘Pichunco’”.

Ese territorio ancestral, agrega, “se encuentra actualmente amenazado, tanto por el accionar de particulares como del propio Estado, que criminaliza a sus miembros” frente al “daño ambiental y cultural” que empresarios inescrupulosos realizan sobre el territorio, “en menoscabo de sus derechos comunitarios y en flagrante violación a la Ley de Bosques”, sin perjuicio del incumplimiento al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

El defensor de los miembros de Paichil Antriao también mencionó que “el juicio promovido por el Ministerio Público Fiscal a pedido de los abogados de Ginóbili viola al artículo 53 de la Constitución de la Provincia del Neuquén al imputar como criminales a miembros de la Comunidad Mapuche que sólo llevan adelante un ejercicio legítimo de derechos como pueblo originario a proteger el territorio frente a la alteración inconsulta del mismo”. Quien quiera oír que oiga.