La reciente denuncia de La Nación desnuda un escandaloso acuerdo corrupto entre el Ministerio de Industria a cargo de Débora Giorgi, el decano de la Facultad de Ciencias. Económicas José Luis Giusti y el dirigente de la UCR Capital, Emiliano Yacobitti, que involucra pagos de subsidios a empresas de funcionarios y auditorias “intencionadas” con docentes de esa casa de estudios.
Martes 14 de octubre de 2014
Una nota de investigación del diario La Nación destapó una olla a presión al denunciar la semana pasada un caso de corrupción con subsidios que otorga el Ministerio de Industria a un conglomerado de empresas cuyos directorios están integrados por máximas autoridades de la UBA. Esta red de “retornos de favores” estaría formada por profesores provenientes de la Facultad de Ciencias Económicas, quienes prestan sus conocimientos y servicios para realizar las auditorias que definen a qué empresas se harán los reintegros que realiza el organismo a cargo de la ministra kirchnerista, Débora Giorgi.
En la misma se explica cómo un mecanismo de “reintegros a la producción”, en este caso bienes de capital, puede convertirse en un negocio tentador para muchos funcionarios y autoridades de la UBA. El estado paga desde el año 2001 un retorno equivalente al 14% de las ventas en relación a lo producido, en compensación por la quita de los aranceles a la importación y buscando incentivar al sector.
Pero ser beneplácito de este bono implica un trámite, y aquí las posibilidades que muchos vieron para quedarse a través de una cadena de relaciones corruptas con la adjudicación de los mismos.
Cómo funcionan las auditorias de la corrupción
Primero se inicia un expediente en la Secretaría de Industria, cumpliendo con requisitos específicos como mantener el personal y no tener deudas con la AFIP. Una vez aprobado este primer paso, se llega a la parte de las auditorías “entre amigos” donde se desarrolla el negocio. Aquí es donde entran a jugar un rol importantísimo funcionarios y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas que, haciendo uso de su prestigio como catedráticos, no dudan en brindar sus servicios para hacerse de dinero del estado. Son ellos los encargados de realizar las auditorías donde se designa quienes serán las empresas en condiciones de recibir estos bonos.
Marcos Ricardo Coy, contador, está a cargo del sector que aprueba a qué empresas entregarles el pago de subsidios. Tiene asesores con cargos en la UBA de docentes, como los hermanos Sergio Gastón Ricardo y Dante Fabián Ricardo, y Alejandro Luis Favaratto. Sergio Gaston Ricardo es el director del Centro de Asistencia Técnica y Pasantías de la Facultad de Ciencias Económicas y profesor adjunto de Teoría y Técnica Impositiva II.
Otro involucrado es Juan Cruz Arce, profesor adjunto de Sistemas Administrativos de la Facultad de Ciencias Económicas, quien ocupa el cargo de director de Compras y Contrataciones de Ministerio de Industria, es consultor de Recursos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, y tiene muy buena relación con Emiliano Yacobitti, presidente de la UCR Capital y dirigente de la Franja Morada (hoy Nuevo Espacio).
Estos “colaboradores” integran, al mismo tiempo, directorios de empresas que reciben los subsidios.
Indecar Maquinarias SA, una fabricante de equipos agropecuarios, cuyo directorio preside Ricardo, recibió en los últimos tres años pagos de por lo menos 5,4 millones de pesos como reintegro de bonos de bienes de capital, según consta en los expedientes del Ministerio de Industria. Estos cobros figuran a través de Intertec SA (empresa del mismo grupo). La investigación de La Nación muestra estos vínculos acá.
A su vez, Sergio Gastón Ricardo tiene el 65% de la inmobiliaria Inmu-Ideas, (con mismo domicilio que Intedecar SA), y su socio, con el 35% de las acciones, es Emiliano Yacobitti. Por su parte, José Luis Giusti decano de la Facultad de Ciencias Económica de la UBA, integró durante tres años el directorio de esta empresa.
Lo que el shubberofismo nos legó
José Luis Giusti, ex candidato por el PRO, el hombre que Alberto Barbieri (actual rector de la UBA) eligió como su reemplazante al frente de la Facultad de Ciencias Económicas, tiene un prontuario basto en sus años de carrera política donde ha sido mano derecha del mismísimo Shuberoff, denunciado por haber implicado a la UBA en varios escándalos de corrupción.
Para dar una idea, Shuberoff fue rector de la UBA durante 16 años ininterrumpidos, desde 1986 a 2002. En 2001 fue denunciado por la Oficina Anticorrupción por presuntas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales relacionadas con nueve viviendas no declaradas en las ciudades estadounidenses de Washington y Virginia, valuadas en más de 1.5 millón de dólares. El ex rector adujo en varias oportunidades que "esas propiedades fueron adquiridas antes de que llegara a la función pública". En 2007, cuando iba a ser sometido a juicio por "omisión maliciosa", fue sobreseído.
La Franja Morada, con Yacobitti a la cabeza, respaldó a capa y espada toda su gestión. Miembros de su agrupación fueron denunciados por cobrar planes de empleo oficiales que repartía el gobierno porteño entre 1999 y 2000. Frente a estas acusaciones, Yacobitti respondía: "Si la investigación determina que estas personas usaron los planes en beneficio personal, sin cumplir los requisitos para hacerlo, van a ser expulsados de la agrupación".
La ligazón explícita entre sectores del radicalismo, el kirchnerismo y el PRO no hace más que profundizar la crisis del régimen universitario, luego de que saliera a luz la denuncia de agrupaciones estudiantiles de izquierda sobre el pasado oscuro del actual vicedecano de UBA, Darío Richiarte, como ex funcionario de los servicios de inteligencia en la SIDE durante el gobierno de De la Rúa. El actual rector de la institución y anterior decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Alberto Barbieri, también había sido fuertemente cuestionado por sospechosos entramados con empresarios del sector privado.
Este es sólo un capítulo de la alianza entre el radicalismo y el kirchnerismo para gobernar la UBA, haciendo sus negociados en beneficio de las empresas.
