La pregunta de cómo será la elección de las y los constituyentes que representen a los pueblos originarios para participar del proceso institucional, sigue sin respuesta. La propuesta del gobierno apunta directamente a reducir y coartar la participación y representación.
Sábado 24 de octubre de 2020
La Comisión de Constitución del Senado encargada de definir el mecanismo de partición de los pueblos originarios en una eventual convención constituyente, aún no define cuál sería el mecanismo para otorgar los escaños a los pueblos originarios.
La oposición al gobierno de Piñera, plantea que se debe respetar y considerar la población indígena presente en Chile, o sea que el 13% de población indígena que hay en Chile (según el último censo) en el momento del voto puedan reconocerse como indígenas y de esa forma puedan votar por esos candidatos. La propuesta no asegura escaños sino que lo deja a la libre decisión de quien se reconozca indígena.
Por su parte, el oficialismo (integrado por RN, UDI, EVÓPOLI, PRI) y el gobierno de Piñera buscan minimizar los escaños reservados para pueblos aborígenes. Su idea es crear un padrón electoral especial para los pueblos indígenas considerando solo a los pueblos inscritos en la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) o sea, Mapuche, Aymara, Rapa nui, Atacameña, Quechua, Colla, Diaguita, Alacalufe (o kawashkar), Yagán (o yámana). Esto reduciría el número de votantes y representantes indígenas, además de dejar fuera a pueblos como los Afrodescendientes y los Changos (etnia reconocida este año por Chile).
Los senadores Rodrigo Galilea (RN), Ena Von Baer (UDI), y Felipe Kast (Evópoli) agregaron una indicación que, según detalla un artículo del diario Interferencia “busca que se cree un Registro Electoral Indígena administrado por el Servel donde puedan inscribirse ciudadanos que “acrediten su condición de pertenecientes a algún pueblo indígena vigente emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena”, lo cual conformará un Padrón Especial Indígena”. A esta indicación se suma a la presentada por las y los senadores Luz Ebensperger (UDI), Julio Durana (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Kenneth Pugh (independiente) “el padrón electoral especial indígena estará conformado por los electores que al 25 de octubre de 2020 detenten la calidad de indígena de conformidad ante el Servel acompañando además el certificado que acredite la calidad de indígena vigente a la fecha de presentación, emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi)”
Según el artículo del diario Interferencia, el sustrato ideológico que sostiene la postura del oficialismo y del gobierno de Piñera viene del apoyo de abogados de la institución “Libertad y Desarrollo”, ente de carácter conservador, fundado por Cristian Larroulet (asesor principal de Piñera) y hoy es dirigido por la ex ministra de educación Marcela Cubillos (UDI).
A lo menos dos abogados han estado presentes en la comisión constitucional, Luciano Simonetti, abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo y Natalia González directora de Asuntos Jurídicos de Libertad y Desarrollo. Simonetti planteó que “un régimen de autoidentificación cuenta con numerosos problemas que atentan contra el fundamento de los escaños reservados - garantizar la representación de los miembros de los pueblos originarios, y que este sistema genera incerteza electoral y permite una potencial doble representación tácita”. Por su parte, la intervención de Gonzalez “van en línea con evitar la autoidentificación de los electores y crear un padrón indígena especial, debido a que los escaños reservados serían una excepción a nivel de derecho constitucional comparado, y que van en contra de las democracias representativas”
¡Por la libre participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente!
Va quedando en evidencia que el proceso constituyente pactado por el gobierno y la mal llamada oposición, limitará la participación de muchos sectores de nuestra sociedad y el caso de los pueblos originarios deja en evidencia este hecho.
Desde el Comando por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana creemos que ni la convención mixta ni constitucional son instancia que permitan participar a organizaciones políticas, sociales, territoriales, vecinales, feministas, disidentes, socioambientales, sindicales, de pueblos originarios y la juventud mayor de 14 años, por eso denunciamos lo tramposo del proceso actual.
Para el caso de la participación de los pueblos originarios creemos que todas las comunidades originarias, reconocidas o no, deben estar presentes en la discusión de una futura nueva constitución política, por lo que es vital que que cada una de esas comunidades tengan asegurado lugar para sus representantes.
