Durante los compromisos protocolarios de la toma de posesión, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo para potenciar la relación entre México y el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). ¿Será una verdadera salida a la cuestión migratoria o continuidad del pasado sexenio?
Martes 4 de diciembre de 2018
México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, suscribieron el sábado, tras la investidura de Andrés Manuel López Obrador como presidente, un Plan de Desarrollo Integral para atender el fenómeno migratorio.
“México, El Salvador, Guatemala y Honduras acordaron sentar las bases de entendimiento para construir un Plan de Desarrollo Integral que impulsará el desarrollo y las oportunidades de la región, contribuyendo a la prevención del fenómeno migratorio y atacando sus causas estructurales”, informó el Gobierno de México en un boletín.
Dentro de la toma de posesión del principal líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el documento fue firmado por el mandatario mexicano y también por el gobernante de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, así como por el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz; gobiernos cuya gestión ha estado caracterizada por mantener un amplio repudio social y ajustes antipopulares, además de profundizar una política represiva contra los sectores disidentes y de ataque contra los movimientos y luchadores sociales.
Según indica el documento “el vínculo y las similitudes entre el sur de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, acentúan la necesidad de atender el fenómeno migratorio como una problemática compleja que exige la gobernanza adecuada”. Dicho plan, del que López Obrador no había hablado con detalles, buscará dar “una perspectiva regional integral y contemplar la atención prioritaria a todo el ciclo de la migración”.
Lo que esto supone forma parte de la estrategia de López Obrador para no entregar recursos directamente a las entidades y los municipios, alegando que “no fomentarán su mal uso y en cambio supervisar su aplicación mediante delegados estatales”, quienes vigilarán en que planes y programas se aplican. De esta manera, y como parte de las acciones acordadas, se trabajará en “la creación de un fondo, con el objetivo fundamental de implementar el Plan de Desarrollo Integral que incluya programas, proyectos y acciones específicas”.
Con base en esto, los mandatarios instruyeron a sus respectivas cancillerías a trabajar con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) para que en el primer trimestre del 2019 se hayan identificado y unificado las áreas de oportunidad existentes.
Con esta iniciativa, el gobierno de López Obrador plantea incentivar la región del Triángulo Norte afín de “fortalecer el desarrollo social y combatir de manera integral las causas del fenómeno migratorio”. Sin embargo, la iniciativa es parte de la continuidad que el nuevo gobierno dará en tema de política exterior ajustada a los planes dictados desde la Casa Blanca.
Muestra de ello son los acuerdos que México estableció como parte de la Segunda Conferencia sobre la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica en Washington el pasado mes de octubre, donde se acentúan pactos como el de Alianza para la Prosperidadgracias al cual Estados Unidos ha obtenido importantes concesiones que apuntan a profundizar los lazos que atan al conjunto de la región a todo un plan de despojo y entrega de recursos, además de comprometer a los gobiernos de la región a frenar el flujo migratorio hacia el país del norte.
Y es que actualmente y según datos de autoridades mexicanas, unos nueve mil centroamericanos se encuentran en México desde el 19 de octubre con el ingreso de la Caravana migrante, de los cuales más de siete mil arribaron a Mexicali y Tijuana, en el estado de Baja California para pedir asilo en Estados Unidos, además de que unos dos mil migrantes más se ubican en otras regiones del país.
