Más de 500 académicos y trabajadores despedidos de Universidades Estatales entre la Universidad de Antofagasta, Universidad de la Frontera (UFRO) y la Universidad de Magallanes. Las recomendaciones de despidos fue realizada por parte de la Superintendencia de Educación y avalada por el Ministro de Educación Nicolás Cataldo del Partido Comunista.
Jueves 5 de diciembre de 2024
En la Universidad de Antofagasta son 223 académicos despedidos de Planta No Regular (PNR), en la UFRO 298 funcionarios y en la Universidad de Magallanes 36 funcionarios. Los estudiantes de la UA y UFRO se encuentran en toma actualmente en contra de esta arbitraria decisión de los Rectores, debido a las crisis financieras de las instituciones.
Una orden desde el Gobierno
A raíz de la crisis financiera de la UFRO, el Ministro Cataldo declaró que "La Superintendencia de Educación Superior se ha preocupado de estar acompañando, dimensionando e identificando también las causas de esta situación financiera que es crítica, que por cierto, se reconoce" En ese sentido, el ministro comentó que "lo que debe ocurrir, y está en proceso de que ocurra, es todo un proceso de ajustes. De hecho, ya medidas se han estado tomando, como por ejemplo reducción de personal, entre otros".
De conjunto, el Ministro del Gobierno de Boric, quien es además del Partido Comunista, avaló las medidas recomendadas por la Superintendencia en la ORD. N° 283 2024, las que apuntan al control de gastos, en particular en torno a las remuneraciones y programación académica.
El Gobierno está llevando adelante un ataque brutal que no se veía en años a la educación pública, no solo buscan a través de los despidos masivos reducir la planta docente, sino que aumentar la precarización laboral con contratos flexibles de 22 y 33 horas.
Se preparan para un ataque mayor: El alza de aranceles
La desvinculación de docentes y funcionarios es parte de un plan para “ahorrar” costos en las universidades públicas. Como consecuencia de décadas de abandono por parte del Estado, desde la derecha, la Ex Concertación y hoy el Frente Amplio y el Partido Comunista como gobierno a las universidades públicas, que ha empujado endeudamientos con los bancos.
Parte de este plan ya estaba corriendo en algunas universidades: pérdida de beneficios, cierres de carreras como en la Universidad de Tarapacá de Arica, venta de terrenos, etc. Buscan que la crisis de la educación pública recaiga cada vez más en los estudiantes y sus familias, y los trabajadores de universidad, así incluso lo señaló la Rectora Rosa Deves de la Universidad de Chile a raíz del Proyecto de ley de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas y nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES): "la apuesta y el recurso para financiar la educación superior se está colocando en los aranceles de pregrado”. Esto fue también denunciado por los funcionarios y estudiantes de la UFRO: “Se estaría considerando un aumento de aranceles para el estudiantado y de despido de funcionarios de la universidad. A esto se le agregaría el congelamiento de trabajos de mejora y remodelación de las dependencias de la casa de estudios”.
Todo esto mientras la educación sigue siendo un enorme negocio lucrativo para los privados. Ya lo vimos con el conocido caso de la derecha, quienes utilizan las universidades como cajas pagadoras, como Marcela Cubillos y sus 17 millones de sueldo en la Universidad San Sebastián.
Un Gobierno que se olvidó de dónde viene
Resulta paradójico que uno de los mayores ataques a la docencia en las universidades estatales venga del Gobierno de Gabriel Boric, quien viene del movimiento estudiantil y llegó a la presidencia con el discurso de defender la educación.
Sin embargo, hace ya un tiempo el Gobierno renunció a esta demanda. Queda claro que el financiamiento a través del sistema voucher, basado en subsidios a la demanda, es completamente insostenible. Sobre esto el Gobierno no ha propuesto ninguna medida, sino que por el contrario, la mano estará cargada en “solucionar” este problema profundo haciendo que recaiga en la comunidad educativa esta crisis. En la misma línea, las juventudes del Gobierno de Boric, las Juventudes Comunistas que dirigen la FECH, hoy buscan pelear por un “nuevo sistema de financiamiento”, sin nombrar la lucha por la educación gratuita y limitándose solamente al congelamiento de los ya millonarios aranceles que son imposibles de pagar.
Por si fuera poco, el gobierno de Boric, impulsa la disminución de 600 millones de dólares, al nuevo presupuesto fiscal nacional, de cara al 2025, medida aplaudida por los partidos tradicionales y empresariales. Los únicos desfavorecidos, somos los estudiantes, nuestras familias, los y las trabajadoras de instituciones educacionales y de salud, que somos parte del sector público y que vemos nuevamente el desprecio de este gobierno por lo que hacemos todos los días.
¡A retomar las demandas históricas del movimiento estudiantil en unidad con los y las trabajadoras de la educación!
Desde Vencer y la agrupación Nuestra Clase planteamos que es necesario retomar el programa histórico de lucha y movilización por educación gratuita, al mismo tiempo que propuestas concretas de emergencia para esta situación; como lo son; la reintegración ¡ya! de cada uno de los y las docentes despedidos de las universidades. ¡Que rectorías y planta directiva reduzcan sus sueldos, no más sueldos de gerentes que fortalezcan una educación de mercado.
Se hace urgente, la inyección de recursos de inmediato por el Mineduc en infraestructura e inversión de proyectos en la UFRO y la Universidad de Antofagasta. No al pago de la deuda por parte de las universidades, una deuda que es consecuencia del abandono del Estado.
La educación debe ser financiada 100% por el Estado mediante aportes basales directos que provengan de la nacionalización de los recursos naturales y de impuestos progresivos a las grandes fortunas, pues resolver el problema de la educación es fundamental para el desarrollo de la clase trabajadora y los sectores populares. Además, esta educación gratuita debe ser integral, es decir, que contemple una alimentación y transporte gratuitos, mientras que asegure personal psicológico para los problemas de salud mental para cada estudiante y trabajador que lo necesite, y residencia universitaria para estudiantes de región con problemas de vivienda.
Asimismo, hay que acabar con las autoridades que ganan como sueldos de gerente mientras profesores y funcionarios son precarizados y despedidos. Pelear por un cogobierno triestamental es fundamental, que sea la comunidad la que tome todas las decisiones en asambleas triestamentales por ejemplo o un claustro triestamental independiente de las autoridades, que permita a través de la organización y movilización poner fin al subcontrato y a los contratos a honorarios y acuerdos laborales a contrata, que son inestabilidad permanente, para que todo trabajador conquiste el paso a planta en la universidad cátedras nocturnas y cursos especiales para trabajadorxs, cursos de nivelación para quienes lo necesiten, financiados por la universidad y bajo gestión de la comunidad.
Retomar la organización unificada entre estudiantes y de trabajadores de la educación para enfrentar esta crisis y este verdadero escándalo debe ser un puntapié inicial para avanzar en la rearticulación nacional del movimiento estudiantil, que supo ser un actor nacional que marcó la agenda durante largos años desde el 2006 en adelante, alcanzando su punto cúlmine el año 2011, a través del cuestionamiento al mercado educativo y la exigencia de la educación gratuita.
