El pasado 17 de enero, el ingeniero Fernando Flores Madrid, representante de la Asamblea Popular Comunitaria, denunció el bloqueo reiterado en su búsqueda de justicia, en relación a una demanda interpuesta por el despojo del agua a Ejidatarios de Sacramento para su posterior venta ilegal a la Coca-Cola.
Martes 21 de enero de 2020
En palabras del representante de la Asamblea Popular Comunitaria, el bloqueo de la denuncia pone en evidencia la influencia del poder Ejecutivo sobre abogados y ministerios públicos, en favor de Antonio Zazueta Santiesteban, conocido colaborador del panismo desde la administración de Francisco Barrio Terrazas y Javier Mario Benavides González, Fiscal Especializado en Seguridad Pública y Prevención del Delito del Gobierno de Javier Corral, quienes mantienen su caso congelado dentro de las paredes del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
En una reciente audiencia del miércoles 16, Fernando Flores denunció que una vez más se mostró la parcialidad que existe en su caso, en donde la juez de control, María Alejandra Ramos Durán, no aceptó los recursos y pruebas presentados, por lo que dictaminó el ejercicio de “la no acción judicial” en contra de los imputados.
Flores Madrid, reconocido activista de Chihuahua, sostiene que resulta evidente como la administración de Javier Corral está permitiendo el despojo de los derechos del agua en el ejido Sacramento, a fin de entregar el escaso recurso a una empresa transnacional, a través de su filial en Chihuahua, (Bebidas Mundiales S. de R.L. de C.V.), esto, toda vez que el actual Fiscal Especializado en Seguridad Pública y Prevención del Delito del Gobierno del Estado, Javier Mario Benavides González, se encuentra implicado en este atraco a los ejidatarios.
Cabe mencionar que la denuncia presentada se dió dentro de un contexto de múltiples críticas por corrupción a la administración actual, entre otras, los manejos en el poder judicial por parte de la colaboradora de Javier Corral, la abogada Lucha Castro, ahora ex consejera de la Judicatura Estatal.
La Asamblea Popular Comunitaria (APC), en la capital de Chihuahua, tomó popularidad a principios del año 2017, durante las protestas y movilizaciones en contra de los gobiernos federales y estatal respectivamente, cuando Peña Nieto incrementó el precio de las gasolinas a nivel nacional. En ese marco fue el intento del gobernador Javier Corral de capitalizar ese descontento popular.
La Asamblea Popular Comunitaria (APC), en la capital de Chihuahua, tomó popularidad a principios del año 2017, durante las protestas y movilizaciones en contra de los gobiernos federales y estatal respectivamente, cuando Peña Nieto incrementó el precio de las gasolinas a nivel nacional. En ese marco fue el intento del gobernador Javier Corral de capitalizar ese descontento popular.
De igual manera, el trabajo político de la Asamblea Popular Comunitaria, destacó en el 99 Aniversario del asesinato de Emiliano Zapata , el pasado 10 de abril del 2018, cuando sumó fuerza en la lucha en contra de las anticonstitucionales Casetas de Cobro , liberando un camino vecinal paralelo a la Caseta de Cobro Sacramento, al norte de la capital de Chihuahua, para con ello, poder sortear el pago ilegal por peaje. Fueron varios los intentos del Gobernador por obstruir el camino vecinal abierto. hasta que en la última represión fueron varios los detenidos y un tractor del activista Flores Madrid le fue secuestrado por la autoridad.
