La empresa de seguridad informática italiana, Hacker Team, sufrió una filtración de documentos, los cuales dieron cuenta de que países como Sudán, Marruecos, Chile y México han invertido millones en comprar software de espionaje. La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile gastó alrededor de $2 mil millones (2,8 millones de euros) y tuvo que dar explicaciones públicas sobre el caso.
Martes 7 de julio de 2015
Paradójicamente, la empresa informática italiana, Hacker Team, fue “hackeada” hace un par de días, por lo que 400 gigabytes de documentos de la empresa que se dedica a la venta de herramientas de espionaje gubernamental, fueron publicados. Países como Marruecos, Sudán, México y Chile son mencionados en las listas de gobiernos que han solicitado estas herramientas de espionaje en los últimos años.
Uno de los casos involucra a México, debido a que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), agencia mexicana de inteligencia, habría invertido $3.570.000 (205 mil euros), por concepto de “RCS Elementos 1-5”. Por su parte, el Gobierno de Querétaro (Estado mexicano), habría gastado $6.181.000 mil (355 mil euros), por servicios de “Renovación de Mantenimiento de Sistemas de Control Remoto”, “Exploits” (vulnerabilidades informáticas) y “Sistema de Control Remoto”.
Compra de servicios de espionaje y monitoreo en Chile
Según los documentos publicados, Chile estaría dentro de los gobiernos que han solicitado servicios de espionaje más costosos, por medio de la PDI, institución que gastó cerca de $2 mil millones (2,8 millones de euros).
Debido a esta revelación, la PDI le envió una declaración al medio de comunicación Emol, donde indica que “dicha herramienta fue adquirida en el marco de un proyecto de modernización del área tecnológica de la PDI, cuyo objetivo era incrementar sus capacidades operativas en la investigación de crimen organizado, terrorismo internacional y narcotráfico a gran escala, considerando que cada día la delincuencia organizada es más sofisticada y cuenta con importantes soportes logísticos y económicos”, agregando además que la compra del software fue bajo los marcos legales que entrega el Poder Judicial.
La PDI tuvo que dar explicaciones públicas ante este hecho, lo cual no es menor si se considera que la empresa Hacker Team ha sido criticada por grupos de periodistas y medios de comunicación, por entregar información privada de personas, organizaciones políticas y sociales, movimientos sociales, entre otros, a regímenes y gobiernos opresores y autoritarios. Un claro ejemplo es que Hacker Team es parte de la lista de “Enemigos de Internet” de Reporteros Sin Fronteras.
En concreto, la PDI le solicitó a Hacker Team la instalación y mantención del sistema de Phantom (12 de diciembre de 2014), el programa de monitoreo llamado “Galileo” (permite la obtención de registros de actividad de computadores, equipos móviles, incluso mediante WhatsApp), que tendría como fecha de vencimiento el año 2018. Además, fueron publicados documentos donde se establece que la empresa italiana realizó viajes a Chile (como también a otros países de América Latina) en julio y diciembre del año pasado, y enero del presente.
Lo grave de este hecho es que demuestra de manera concreta que los gobiernos y regímenes autoritarios del mundo gastan millonarios montos en servicios y herramientas de espionaje, que supuestamente serían para “combatir el terrorismo”; pero lo cierto es que son programas profesionales que pueden fácilmente ser utilizados para espiar correos electrónicos, teléfonos, celulares, redes sociales, entre otras herramientas comunes para la organización política, social, de trabajadores, pobladores, estudiantes, etc. Es decir, programas comunes que utilizan los gobiernos para espiar a los ciudadanos, lo que aumenta cuando se trata de países donde existe mayor cuestionamiento social y movilizaciones de sectores de la sociedad, como es el caso de Chile.
Debido al impacto que produjo la filtración de 400 gigabytes de documentos, tanto la PDI, como también el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), han salido a dar explicaciones al respecto. Según lo publicado en el medio Gizmodo en Español, el CNI habría declarado que “existe una relación contractual con Hacking Team”, agregando que es “regida por la Ley de contratación pública, por un lado, y la Ley 11/2002 por otro, que regula la actividad concreta del CNI”. “Si es preciso hacer una aclaración, se hará según prevé la ley y sus órganos”.
Hacker Team surgió en el año 2001, cuando dos programadores italianos llamados Alberto Ornaghi y Marco Valleri dieron a conocer una herramienta pública llamada open source y otra gratuita titulada como Ettercap. Los servicios eran capaces de robar contraseñas, realizar escuchas y manipular remotamente un ordenador infectado. Debido al impacto que generaron estas herramientas, ambos programadores fueron contactados por la policía de Milán, la que se convirtió en el primer “cliente” de la empresa de hackers que se estaba levantando. Desde ese momento, los gobiernos que han solicitado estos servicios han aumentado, e incluso Hacker Team ha realizado acuerdos con regímenes autoritarios y opresivos que diariamente atentan contra los derechos humanos, como es el caso de Sudán.
Seguimiento a quienes cuestionan y se movilizan
Hace unas semanas, Carabineros de Chile publicó una propuesta de “Plan anti barricadas”, donde la institución indica que desde su “departamento de inteligencia” aumentarían el seguimiento y monitoreo a las redes sociales y teléfonos, con la finalidad de “adelantarse” ante posibles cortes de calles, protestas y barricadas en la Región Metropolitana. La institución fue clara en manifestar que esto se debe a que la organización social y política ha aumentado, y en ese sentido, las redes sociales vienen cumpliendo un rol clave en la coordinación de diferentes convocatorias (marchas, jornadas de protestas, cacerolazos, cortes de calles, etc).
Por otra parte, hace algunos días Lía Plasencio Olate, asesora sindical del Sindicato de Estibadores de San Vicente, de la Unión Portuario del Bío Bío, denunció que fue secuestrada e interrogada por personal de Carabineros. Este hecho fue llevado a la Justicia con el apoyo de diversas organizaciones sindicales y sociales que han manifestado a través de un comunicado público que “nuestra compañera Lía fue secuestrada el día viernes camino a su trabajo, lugar donde fue abordada por desconocidos con clara apariencia de personal policial, quienes la forzaron a subir a un vehículo particular e interrogarla acerca de los sindicatos con los que trabaja”. Además, las personas que vienen apoyando a la trabajadora no han descartado que se pudiera haber tratado de una acción de Carabineros o de la PDI.
