(PRO)VOCACIONES UNIFORMADAS. Violencia policial contra periodistas, botones de muestra de la “emergencia en seguridad”

Los casos de Carlos Catrileo, Luciano Barrera y Alejo Otaño bien podrían tomarse como hechos aislados y sin ninguna relación entre sí. Incluso si sus denuncias no hubieran circulado por las redes sociales quizás esta nota nunca hubiera sido escrita.

Pero hay algunos elementos que los unen inexorablemente y que plantean un tema que, obviamente, hoy ni siquiera existe como “noticia” en los grandes medios de comunicación.

Catrileo, Barrera y Otaño son periodistas. Obviamente no son gerentes de ningún canal de TV ni editorialistas de ningún diario, pero trabajan todos los días recolectando, procesando y produciendo información.

Pero además de coincidir en la profesión, los tres en los últimos días sufrieron las consecuencias de la llamada “emergencia en seguridad”, esa que Macri y su ministra Patricia Bullrich decretaron apenas asumieron el gobierno en diciembre.

“No tenés pinta de periodista”

Ayer este diario informó sobre el amedrentamiento que sufrió el miércoles de la semana pasada Carlos Catrileo, periodista y comunicador mapuche que trabaja en la agencia de noticias estatal Télam. Un hecho que resulta doblemente grave ya que el “apriete” del uniformado, en una estación de subte, fue por la condición de “morocho” de Catrileo.

“Vos no tenés pinta de periodista”, escuchó el redactor de Télam de boca del agente de la Metropolitana, que no portaba chapa identificatoria alguna. El uniformado justificó su prepotencia en “las nuevas directivas” recibida por el personal de la fuerza. El hecho no pasó a mayores porque Catrileo se avivó de prender la cámara de su celular, grabar un cachito de la secuencia, y luego llamar a su jefa de Télam para que interceda y obligue al oficial a dejarlo tomar el subte.

El caso llegó hasta el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, donde probablemente se radique una denuncia para defender los derechos democráticos elementales del comunicador mapuche.

Golpeado y sin memoria

Luciano Barrera no toma subte. Es más, ni siquiera vive en Buenos Aires. Trabaja como fotógrafo en el diario El Esquiú de Catamarca y el sábado, mientras hacía su trabajo, fue violentamente agredido por personal de la policía provincial. Su relato, que en esta edición amplía mediante una entrevista realizada por el compañero Carlos Asseph, no deja lugar a dudas sobre lo sucedido.

El domingo el hecho fue reflejado en la página de Facebook de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), a la que pertenece Barrera. Allí se informó que el joven fotoperiodista “cubría el vuelco de un automóvil y tras tomar imágenes, un oficial de apellido Rivas le agarró la cámara y cuando el fotógrafo intentó aferrarse a su elemento de trabajo, fue tirado al piso por Rivas, quien le rodeó el cuello con el brazo y comenzó a asfixiarlo. Tras darle dos rodillazos terminó apropiándose de la tarjeta de memoria de la cámara, y luego lo esposaron y lo llevaron hasta la comisaría”.

Semejante prepotencia podría haber tenido consecuencias mucho más graves de no haber sido por Maria Schaefer, una colega de Barrera que registró la secuencia. Ella “también fue tratada con prepotencia por intentar documentar lo que estaba ocurriendo, pese a que se identificó con credenciales”, denuncia ARGRA.

Sin haber cometido delito alguno, Barrera estuvo más de cinco horas detenido. Finalmente recuperó su libertad, pero no la tarjeta de memoria de su cámara de fotos, que quedó en poder de los represores a sueldo.

“Atenete a las consecuencias”

Al joven reportero de FM La Tribu Alejo Otaño lo agarró la Policía Local de Vicente López, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Era la tarde del lunes 8. Él iba en bicicleta cuando dos policías sin mayor identificación que sus uniformes negros, a bordo de un patrullero sin número, lo frenaron y lo obligaron a identificarse.

“Iba en contramano”, sería la cínica justificación del agente que en todo momento esgrimió gestos prepotentes y reaccionarios.

Acá también fue la audaz actitud del joven periodista la que lo salvó de violencias mayores, ya que en todo momento mantuvo su celular filmando la situación, hecho que él mismo le hacía saber constantemente a los agentes a modo de advertencia para que dejaran de amedrentarlo.

“Me quisieron sacar la cámara, me quisieron esposar, me patearon las piernas buscando intimidarme y que dejara de filmar”, contó luego Otaño por Radio Nacional, agregando que no lo detuvieron “por una infracción de tránsito, directamente asumen que yo estaba cometiendo una ilegalidad”, pero sin decir nunca qué tipo de delito se estaba cometiendo.

Además de la situación rayana con los apremios ilegales, el joven de FM La Tribu tuvo que escuchar una amenaza propia de represores acostumbrados a decidir sobre la vida (y la muerte) de la población. En un momento determinado, cuando el agente tenía en una mano las esposas y en la otra la propia nuca de Otaño, el joven dice en voz alta “conozco mis derechos y por eso sé que lo puedo filmar”. A lo que recibió como toda respuesta del oficial “después atenete a las consecuencias”.

El hecho finalizó con Otaño liberado de las garras policiales gracias a la presencia de varios transeúntes en el lugar, algunos cuestionando duramente a la policía, pero sobre todo a su propia actitud de rechazo al procedimiento.

“Emergencia”

La inseguridad reina en las calles. Cada vez más. Es que cada vez hay más patrulleros y uniformados entre la población y cada vez más la población es víctima de los amedrentamientos, las persecusiones y el control por parte de las fuerzas represivas del Estado.

Si Catrileo, Barrera y Otaño pueden contar los hechos y mostrar sus registros audiovisuales y fotográficos, es necesario recordar que hay miles de "morochos", jóvenes y trabajadores que están muy lejos de poder reaccionar como ellos ante las constantes patoteadas de policías, gendarmes y prefectos.

Hace pocas semanas, mientras resonaba el escándalo por la represión de Gendarmería a la murga Los reyes del ritmo del Bajo Flores, otro estremecedor video circuló por las redes sociales. La secuencia mostraba un cacheo, de los cada vez más habituales, realizado en un vereda del barrio de Flores por efectivos de la Policía Federal a un grupo de jóvenes obreros que salían de trabajar.

Como en los otros casos, acá los policías tampoco tenían identificación personal en sus uniformes, un hecho grave que se naturaliza cada vez más y que imposibilita tener un dato básico para poder radicar una denuncia. Y como en los hechos antes descriptos, acá también los federales se ponen locos cuando aparece una camarita y registra sus acciones.

Y allí también hay un intercambio temeroso entre uno de los policías y el joven que filmaba. Tras una discusión poco amable, el espontáneo cronista dijo en voz alta “éstos son los que quedan de aquella época”, haciendo referencia a la dictadura. “De la mejor... grabalo eso”, respondió el “rati” más grandote y bocón.

Estado represor, población reprimida

Los hechos se suceden con tanta frecuencia que uno nuevo tapa y hasta hace olvidar a los anteriores. Pero en el conteo de casos particulares se termina distinguiendo una política general, enmarcada en la, a esta altura, ya nefasta "emergencia en seguridad".

Las policías de todo el país, junto a la Gendarmería y la Prefectura, saben que hoy pueden “mandarse cualquiera” que contarán con la complicidad y hasta el aval del poder político en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal.

No es que antes no lo supieran. Mal que les pese a muchos nostálgicos, la última década hubo verdaderos récords de muertes en cárceles y comisarías por torturas y apremios de los más variados. De hecho la Provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Daniel Scioli (el excandidato presidencial del kirchnerismo), contó con índices tan alarmantes de violencia institucional que mereció la condena de la mismísima Comisión Provincial por la Memoria.

Pero con Macri, Bullrich, Vidal, Ritondo y tantos otros amantes de la "mano dura", la cosa se puso más “tentadora” para los perros guardianes del gran capital.

Aunque sean filmados y esos registros inunden las redes sociales, posiblemente no reciban sanción alguna y mucho menos algún tipo de procesamiento judicial, aún cometiendo delitos contra las libertades democráticas elementales. A no ser, claro, que salga a la luz algo más grave, como torturas en una comisaría o directamente una muerte a manos del gatillo fácil o de que un patrullero se meta en contramano a toda velocidad llevándose consigo a algún peatón que cruzaba la calle.

Lo concreto es que en todas las fuerzas reina un “clima de impunidad” total que alienta a los torturadores y asesinos a sueldo a meterse en las entrañas sociales y jugar a la ruleta rusa con los “morochos”, los jóvenes, los pobres, las mujeres y los laburantes.