Este jueves 24 de mayo, estudiantes de la UPEA, en el marco de sus movilizaciones por mayor presupuesto universitario, bloquearon puntos claves de la ciudad de El Alto del Departamento de La Paz. Ante la negativa del Gobierno frente a esta demanda, la policía realizó una brutal represión que se llevó la vida de un joven estudiante de 20 años, Jonathan Quispe. Gran indignación y rechazo de amplios sectores de la población. Hoy estudiantes de la UMSA convocan a mitin a las 12:00h en el Atrio, en la UPEA realizarán asamblea docente-estudiantil de emergencia. El XIII Congreso Nacional de Universidades convocó a una marcha de protesta nacional para este lunes 28 de mayo.
Viernes 25 de mayo de 2018
La noticia de la muerte de Jhonatan causó un gran rechazo e indignación por parte de toda la población universitaria, de organizaciones de izquierda y de amplios sectores de la sociedad civil como juntas de vecinos de los 14 distritos municipales de la ciudad de El Alto, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB y APDHLP) y desde la ciudad de Potosí -dónde se realizaba el XIII Congreso de Universidades- emitieron un rotundo comunicado expresando un fuerte rechazo frente a lo sucedido y llamando a una marcha de protesta el día de hoy y convocando, para este próximo lunes 28 de mayo, a todas las universidades del país a una marcha de protesta a nivel nacional.
El punto común de todos los comunicados y expresiones de repudio por la muerte de Jhonatan y de solidaridad con su familia, fue responsabilizar al Gobierno por el uso que hace de sus aparatos represores. En la ciudad de El Alto, hasta la noche de ayer, se mantuvo la movilización y vigilia en espera de los resultados de la autopsia del joven universitario hasta que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en conferencia de prensa señaló que lo que habría provocado la muerte de Jhonatan fue una “canica de vidrio” introducida en los petardos que dispararon los movilizados. Frente a este intento de deslindarse responsabilidad y ante la gran duda de la población de que fue esta canica la causa de muerte, lo cierto es, -y como afirmamos desde la Liga Obrera Revolucionaria-, que el Gobierno es responsable político de lo sucedido ya que si hubiera atendido las demandas de presupuesto educativo en lugar de financiar a sus aparatos represivos y a la inteligencia no se habría producido ni la movilización ni la violencia del día de ayer.
La manipulación por parte del Gobierno de todos los resortes de la justicia hace dudar, a cualquiera que tenga un pensamiento crítico, de la veracidad de lo afirmado por el ministro Romero. Son muchos los antecedentes; lo vimos en el caso "Gabriela Zapata", el caso de corrupción con el FONDIOC (Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas), la sentencia STC 84/2017 que habilitó de la manera más irregular y arbitraria la nueva re-reelección a la presidencia de Evo Morales, la persecución policial contra los mineros de Huanuni y trabajadores de la UNSXX el año 2013 que impulsaban una herramienta política, la brutal persecución política contra decenas de dirigentes vecinales en Achacachi que denunciaban la corrupción de su alcalde (del MAS), todos estos y otros, son motivos suficientes para no creer la versión “oficial” de los hechos.
El Gobierno responde con represión al problema de fondo: crisis de la educación y la salud públicas
La Universidad Pública de El Alto (UPEA) ya a fines del año 2017 planteó al Gobierno su demanda de mayor presupuesto universitario. En ese entonces, trabajadores administrativos, docentes y estudiantes tomaron las calles de la ciudad de La Paz pidiendo el incremento de recursos y arguyendo una situación de crisis económica para enfrentar sus gastos de funcionamiento. Desde aquél momento el Gobierno, a través del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, ya había rechazado esta demanda enfatizando que, por el contrario, esta universidad no administraba bien sus recursos. Este conflicto vuelve a tomar cuerpo a medidos de este mes. Estudiantes, administrativos y docentes retomaron sus medidas frente a una situación que como señaló su director administrativo, Edwin Cuba, es crítica, advirtiendo que de no recibir un aumento para la ejecución de sus gastos, a partir del mes de julio, la universidad podría dejar de funcionar porque ya no tendría para cubrir gastos.
En este marco, se dio la reciente movilización (ayer) desde tempranas horas de la mañana. Los estudiantes empezaron los bloqueos en puntos clave de la ciudad de El Alto lo que fue respondido por parte del Gobierno con una brutal represión policial. La muerte de Jonathan Quispe es el resultado de esta represión.
Foto: APG. Gasificación a estudiantes movilizados de la UPEA en la jornada de ayer.
Por otra parte, la situación del sistema de salud, luego de los todavía recientes conflictos que tuvieron lugar hace unos meses y que derivó en la derogación del Código de Sistema Penal propuesto por el MAS, sigue siendo crítica. El Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz está en una situación de crisis también por presupuesto, su situación es tal que están en riesgo de no poder ya cubrir más contrataciones de personal a partir de este mes de junio. En la jornada de ayer también se dio un bloqueo por parte de pacientes de cáncer exigiendo que se reestableza la atención de radioterapia. También ayer, se conoció la noticia de que en la ciudad de Santa Cruz, al parecer un paciente con cáncer, que no podía resistir de dolor, se lanzó del quinto piso del Hospital Obrero. Se vive una situación de crisis de profesionales de la salud, de equipamiento, de infraestructura, es decir, una crisis profunda e integral. Frente a esto parece burla y es indignante conocer declaraciones como la del tan “venerado” ex ministro Luis Arce Catacora quien manifestó -en una reciente entrevista publicada por el Diario Página Siete el domingo 20 de mayo-, haber superado una cáncer de riñón, para lo que fue atendido en Cuba y Brasil, y señaló “si hubiésemos tenido médicos más perspicaces (en Bolivia, NdR) lo hubiésemos detectado antes”, como si de ser perspicaces se tratara. La situación de la gran mayoría del pueblo pobre y trabajador está a merced de este precario sistema de salud nacional.
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Lo paradójico es que mientras el Gobierno se jacta de su modelo económico, indicando que “mostró fortalezas con precios buenos y precios malos”, la salud y la educación no son parte de las “mejoras” alcanzadas. El MAS ha contado con ingresos excepcionales durante sus ya casi 12 años de gobierno gracias al boom de precios de las materias primas. Esto le ha permitido calmar las tensiones sociales y contar con un colchón financiero que le facilitó implementar algunas medidas de modernización capitalista, reflejadas principalmente en infraestructura caminera, transporte por un lado, y en sostener bonos. Sin embargo, las tareas estructurales más importantes que debieran garantizar el acceso de los más básicos derechos como salud y educación siguen al margen. El Gobierno en cambio prioriza asignaciones presupuestarias para sostener sus aparatos represores o para negociar con las trasnacionales buscando abrir el paso a técnicas de extracción de recursos naturales como fue el intento del fracking en Tarija.
Lo que se vive hoy es un escenario de creciente conflictividad social; no son sólo los ya cientos de despidos a trabajadores del sector fabril e industrial que hemos venido denunciando, tampoco es es sólo el atropello a los pueblos indígenas usurpando sus recursos y dejándolos al margen de cualquier decisión en una muestra de absoluta vulneración a sus derechos, hoy también se expresa con dureza la represión en las universidades. Hay que señalar que esto no es sólo patrimonio del MAS, bajo sus propios métodos, es sólo una continuidad de gobiernos neoliberales anteriores. Es por ello que creemos que la única forma de hacer frente a esta situación es que las y los trabajadores, la juventud, los pueblos indígenas, las mujeres, las diversidades sexuales, y los campesinos pobres nos organicemos con independencia absoluta del MAS y de las variantes patronales.
¡Organicémonos contra la represión policial! ,¡por el derecho a la protesta!, ¡fuera la policía de la universidad!, ¡justicia para Jhonatan y su familia!.
