Habitantes del poblado maya El Estor al noreste de Guatemala, pelean desde hace años contra la minera local suiza “Fénix” que explota minerales del territorio, contamina y destruye al medio ambiente. Ahora, el gobierno respondió con la declaración del estado de sitio en el municipio.
Emilia Macías @EmiliaMacas1
Martes 26 de octubre de 2021
En 2020 lograron detener las operaciones mineras, pues no se había hecho una consulta entre los habitantes locales antes de conceder la licencia de operación. Pero el gobierno consideró inválida la sentencia, por lo que sigue en pie su operación.
Los miembros de las comunidades indígenas vecinas hicieron un campamento improvisado a las orillas de la carretera para protestar contra el funcionamiento de la mina. El sábado 23 -después de mantener 21 días el campamento, a pesar del acoso y represión de las fuerzas de seguridad- fueron disueltos por la policía, hiriendo a hombres, mujeres y niñes. Aún no se sabe el número específico de lesionados.
En este mismo acontecimiento, cuatro agentes resultaron heridos y el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, declaró el estado de sitio por 30 días en El Estor.
Para entender… ¿Qué es un “estado de sitio”?
Es un régimen declarado por el gobierno cuando hay una situación “extraordinaria de extrema gravedad”. El poder ejecutivo puede realizar medidas “excepcionales”, pero su principal característica es el papel protagónico de las fuerzas armadas para “restablecer” la normalidad. Además, implica la posibilidad de suspender ciertos derechos fundamentales.
El Estor es el principal municipio afectado por esta medida, donde se limitará el derecho a manifestación y permitirá a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden de juez, dispersar cualquier reunión masiva, imponer un toque de queda de 12 horas, entre otras restricciones constitucionales.
Es decir que, una minera (que, según Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala, funciona ilegalmente) que contamina sus aguas y aires, destruye el ecosistema del lugar, acaba con los minerales, no es considerada como una situación de extrema gravedad, pero rechazar y defenderse de la represión estatal al servicio de intereses privados es un atentado. Aún falta que el Congreso ratifique el estado de sitio para que no pierda vigencia, aún así, hay más de 850 uniformados desplegados en la zona.
Esta respuesta demuestra que lo que realmente le interesa al gobierno es continuar con el acuerdo comercial con Suiza sin importar las consecuencias socio-ambientales que produce tal minera. Y no es el único caso.
Así como en Guatemala, en la mayoría los países de América Latina se construyen mineras y distintos tipos de megaproyectos que enriquecen a empresas trasnacionales a costa de la destrucción ambiental y la represión a las comunidades indígenas que luchan en defensa de su territorio.
El gobierno sólo protege sus intereses y utiliza a la fuerza armada para atemorizar a la población que se opone a la empresa minera.
Basta de represión, persecución y criminalización contra los dirigentes de las organizaciones comunitarias que defienden sus tierras y el medio ambiente.
Organicémonos contra las empresas y sus megaproyectos. Por un mundo donde exista la armonía entre la naturaleza y la humanidad, y no sea sólo un producto más que se convierta en ganancia para unos cuantos.
