La Sociedad Interamericana de Periodistas (SIP) condenó las acciones del gobierno hondureño tras dar cuenta de varios casos de periodistas reprimidos por el régimen y obligados a abandonar el país. Declaró que el gobierno “obstaculizarla labor periodística y el libre flujo informativo”.

Óscar Fernández @OscarFdz94
Sábado 9 de diciembre de 2017

La crisis política desatada en Honduras tras las elecciones que han sido acusadas de haber sido fraudulentas ha llevado a que el gobierno hondureño reprima duramente las protestas de gran parte de la población y sectores tanto afines al candidato de la coalición Alianza de Oposición a la Dictadura, Salvador Nasralla, así como opositores en general al régimen hondureño que es heredero del golpe de estado de 2009 cuando se depuso al presidente Manuel Zelaya y tuvo que ir al exilio.
En los últimos días, han sido arrestados no solamente diversas personas opositoras al presidente y supuesto ganador de los comicios, Juan Orlando Hernández, sino también periodistas y camarógrafos de distintos países centroamericanos así como corresponsales extranjeros de The Guardian, la BBC y otros canales de televisión. Ha habido retenciones de periodistas en los aeropuertos y golpizas en las coberturas de las movilizaciones, lo que motivó que ayer miembros de la SIP en Perú y México condenaran la violencia con que se maneja la situación, así como la falta de libertades tras la imposición del estado de excepción que restringe las garantías individuales.
"Lo que está sucediendo en Honduras es un asunto de interés nacional e internacional y obstaculizar la labor periodística y el libre flujo informativo es contrario a lo que debe regir en una sociedad democrática", declaró el presidente de la SID y director del peruano La República, Gustavo Mohme. De igual forma se expresó el director de La Silla Rota y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIL, el mexicano Roberto Rock, quien afirmó: "restringir el derecho a saber y estar bien informado es una afrenta a la libertad de información que establecen todos los tratados internacionales adoptados por Honduras".
El régimen hondureño ha militarizado el país con la imposición de su estado de excepción, el cual incluye un toque de queda ampliamente repudiado que apenas se levantó este viernes 8 de diciembre y que ha provocado varios muertos en lo que va de la crisis. Por otra parte, el presidente Trump, que ve favorablemente al régimen, ha declarado que éste ha dado “un buen desempeño” en la protección de derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
El cinismo con que se expresa esta declaración es grande si se toma en cuenta no sólo el historial que tiene EE.UU. en la región con distintos golpes de estado en América Latina, sino que con ese mismo discurso avala a criminales como Henry Kissinger, quien incluso recibió el premio Nobel de la Paz. El estado hondureño es no sólo heredero de un golpe de estado que derrocó a un presidente electo, sino que además es responsable de la muerte de activistas como Berta Cáceres, quien estaba al frente de las movilizaciones contra el despojo y el actuar de compañías trasnacionales en la explotación de recursos y la subsecuente afectación ambiental, así como el asentamiento de bases militares estadounidenses.
Como señalamos acá, “toda apuesta que se proponga derrotar y barrer con el actual régimen hondureño, basado en la militarización y la profundización de los lazos con el imperialismo estadounidense, debe plantearse impulsar la movilización en las calles y una verdadera huelga general, con la incorporación a la lucha de los sindicatos, agrupamientos y centrales obreras. El objetivo debe ser imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.”

Óscar Fernández
Politólogo - Universidad Iberoamericana